En los últimos días, las comunidades del denominado núcleo de Tejada en el departamento de Caquetá se han visto obligadas a declararse en lo que denominan “cerco humanitario” para defender el sustento de sus familias.
De acuerdo con el medio regional Agencia Prensa Rural, que le hace seguimiento a las políticas agrarias de Colombia, el campesinado cultivador de coca reclama por esta vía sus derechos y rechaza la violencia y estigmatización de las que son víctimas.
Durante el ‘cerco humanitario’ el campesinado de Caquetá recordó que desde 2017 más de 22 mil familias firmaron los acuerdos para avanzar en la erradicación voluntaria, haciendo parte del proceso de sustitución pactado en el Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las extintas FARC.
Así mismo, según el medio regional, las organizaciones sociales del sur del país denunciaron que desde hace varias semanas se vienen ejecutando operativos violentos de erradicación que afectan a las comunidades campesinas de los municipios de Solano, Milán, La Montañita y El Pajuil en el Caquetá.
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Las organizaciones campesinas han expresado su voluntad de resolver la situación en el territorio por la vía del diálogo, planteando la conformación de una mesa territorial que logre salidas reales a la problemática en el territorio y permita solucionar este conflicto que enfrenta al campesinado con los militares que realizan estas operaciones.
El pasado 23 de agosto, el general Henry Armando Sanabria Cely, director de la Policía Nacional, aseguró que las operaciones de erradicación forzada de los cultivos de matas de coca se suspendieron, y únicamente habrá voluntaria, es decir, concertada con las comunidades.
“Lo que estamos aplicando es la erradicación voluntaria en ciertos sitios donde hemos tenido una reunión de campo de ciertos miembros de la institución y otras entidades del Estado para motivar la erradicación voluntaria y la sustitución”, expuso el oficial en diálogos para el diario El Tiempo.
En 2022, según el Área de Erradicación Cultivos Ilícitos de la Policía, la erradicación manual fue el método más utilizado, con un aumento significativo en 2019 (26.820), a comparación de la aspersión terrestre ese mismo año (21.074).
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Por otro lado, Gustavo Petro ha insistido en repetidas oportunidades que se continuará con otros mecanismos para erradicar los cultivos ilícitos. Eso sí, la idea anunciada por el jefe de Estado no atentaría contra los terrenos cultivados por campesinos y agricultores.
“Los cultivos industriales deben ser erradicados forzadamente. No hay con quién negociar una sustitución de esos cultivos. Lo que pasa es que no van a ser fumigados de manera aérea, lo cual vuelve más peligroso el problema para las personas que hacen la erradicación forzada y es un costo que debemos asumir. Pero la erradicación forzada continúa en los cultivos industriales que no son propiedad del campesinado”, afirmó Petro desde la Casa de Nariño el pasado 4 de octubre.
Cabe resaltar que, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (Ondcp, por sus siglas en inglés) publicó, el 14 de agosto, el resultado de las estimaciones sobre el cultivo de coca y la producción potencial de cocaína en Colombia, Perú y Bolivia.
Esa dependencia aseguró que la cantidad de hectáreas cultivadas de esta planta en Colombia pasó de 245 mil en 2020 a 234 mil en 2021, lo que representa una reducción de 11 mil hectáreas, es decir, 4,5 %.
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