Política de drogas tendrá consejería: ministro de Justicia

El jefe de la cartera, Néstor Osuna reiteró el compromiso del Gobierno nacional con la regulación del cannabis de uso adulto

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El ministro Osuna también advirtió
El ministro Osuna también advirtió que la regulación que hoy existe no permite los beneficios en salud, por eso dijo que es importante que el Congreso apruebe el uso adulto de Cannabis. Foto: Colprensa.

Una de las principales banderas del Gobierno de Gustavo Petro es el cambio en la política antidrogas, incluso siendo uno de los temas que protagonizaron su discurso en la pasada Asamblea de las Naciones Unidas.

En sintonía con esto, el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna anunció, el sábado 19 de noviembre durante su participación en el evento Cannabis, la mata que muta, en Manizales, que el Gobierno nacional reagrupará la política de drogas en una consejería que permita tener un enfoque de comercio, agricultura y salud pública.

El ministro Osuna también reafirmó su apoyo al uso recreativo del cannabis expresando que “mientras eso ocurre, con los ministerios de Salud y de Agricultura tenemos la voluntad política de revisar los costos para impulsar una expedición de licencias más rápida, menos difícil y con menos trabas”.

También advirtió que la regulación que hoy existe no permite los beneficios en salud, por eso dijo que es importante que el Congreso apruebe el uso adulto de Cannabis.

“Que la Constitución abra la puerta para que se le mire como una actividad económica lícita y productiva, un gran negocio para productores, laboratorios farmacéuticos y el país en general, con una carga impositiva razonable. Puede ser un rubro interesante en nuestra economía, al que ojalá no lleguemos demasiado tarde”, aseguró Osuna.

El ministro, en sintonía con el discurso del presidente Petro, señaló que la guerra vivida en Colombia se debe a un prohibicionismo absurdo, y que en lo que concierne al cannabis, el problema es cultural y de ignorancia, por lo que es importante apostarle a la libertad individual.

“Hemos sido víctimas de una guerra fallida que se diseñó hace 50 años y que debido a un prohibicionismo absurdo nos ha traído mucha sangre, conflicto armado, mafias y delincuencia (..) Vivimos en un Estado que confía en la autonomía individual y que sabe que cada persona tiene la autonomía moral y el conocimiento para saber qué le conviene y qué no”, expresó el ministro.

Finalmente, el ministro de Justicia confirmó que la regulación debe estar acompañada por políticas sólidas y eficientes para la salud pública. Adicionalmente, Osuna reiteró compromiso del Gobierno con la aprobación del cannabis, advirtiendo que si el proyecto no pasa, lo presentarán varias veces hasta lograrlo.

Ministerio de Justicia advierte que el sistema penitenciario no será privatizado

El pasado 29 de septiembre
El pasado 29 de septiembre Cristina Pardo Schlesinger, presidenta de la Corte Constitucional de Colombia, señaló que los gobiernos no han puesto todo lo necesario para superar el Estado de Cosas Inconstitucional en materia de hacinamiento en las cárceles y URI. Foto: REUTERS.

En otras noticias, el ministro de la Justicia Néstor Osuna también confirmó que el Gobierno Nacional no tiene las intenciones de privatizar el sistema carcelario del país, ni tampoco su vigilancia “ya que es incompatible con la infraestructura carcelaria y, la custodia de las prisiones es del resorte del INPEC”.

“Existe un modelo de privatización al que no le apostamos, por el momento seguirá existiendo un servicio carcelario prestado por el Estado”, indicó Osuna.

Es importante recordar que el pasado 29 de septiembre Cristina Pardo Schlesinger, presidenta de la Corte Constitucional de Colombia, señaló que los gobiernos no han puesto todo lo necesario para superar el Estado de Cosas Inconstitucional en materia de hacinamiento en las cárceles y URI.

Por lo que Corte Constitucional citó, el próximo el 21 de noviembre, a varias entidades del Estado de nivel nacional y territorial a una sesión técnica con la finalidad de resolver el Estado de Cosas Inconstitucional y evaluar las distintas problemáticas administrativas, normativas o presupuestales que afectan los derechos de la población privada de la libertad.

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