Magistrada de la Corte Suprema recibe pensión por invalidez a pesar de estar en el cargo

Hacia el año 2018 el solado del Ejército Nacional, Cristina Eugenia Lombana Velásquez, se convirtió en el primer militar en llegar a ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia, una dignidad que buscó por muchos años y que por concurso, se ganó un puesto en la Sala Especial de Instrucción, la cual investiga a los altos funcionarios del Estado. No obstante, para ese entonces, ya le habían reconocido una disminución en su capacidad laboral, condición que fue empeorando, al punto de de ser dictaminada con una incapacidad del 100 %, por lo que pudo acceder a una pensión, ya que no podría continuar trabajando, no obstante, sigue en su cargo, con un sueldo, que con estos dos conceptos, suma unos 40 millones de pesos.

La investigación presentada por Noticias Uno, muestra un documento de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva, entidad que busca ayudar a aquellos miembros de las fuerzas armadas, que por alguna u otra razón quedaron en condición de discapacidad, permitiéndoles realizar procesos de formación y capacitación en ámbitos sociales, culturales y laborales. En el archivo se da cuenta del dictamen emitido contra la hoy magistrada.

El documento presentado por el medio anteriormente destacado reseña:

Esto quiere decir que 3 años antes de su designación, y que como se había visto en pruebas y solicitudes de aplicación, durante el proceso para su admisión, ya estaba con una condición médica significativa. Ahora bien, no fue sino 2 años después de ingresar al tribunal que se le dictaminó su incapacidad total, pero, desde el dictamen, ya han pasado 4 años.

Como cualquier trabajador formal del país, su condición la hizo merecedora de una pensión por invalidez, que por resolución del gobierno nacional, desde el 1 de septiembre del año 2020, se ordenó que se le pagar 5.769.324 pesos mensuales, que con los incrementos anuales, se traducen en $ 6.280.793,61.

Así lo presenta el documento expuesto:

Lo que resulta paradójico, es que con más del 10 % de invalidez, la gran mayoría de trabajadores ya no serían aptos para desempeñar labores, además, que en palabras del viceministro de relaciones laborales, Edwin Palma, a ese noticiero, es médicamente muy difícil ser diagnosticada con una incapacidad del 100 %, ya que tendría que ser una condición clínica muy severa.

La pensión que recibe Lombana sale de los recursos del Ministerio de Defensa, y no sería sino hasta finales del 2023 que nuevamente sería revisada, según la normativa actual, por lo que hasta el próximo año la magistrada seguirá en la Corte Suprema, y también recibiría su sueldo de 34 millones de pesos mensuales, por su oficio, más los 6 millones por su incapacidad laboral.

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