JEP niega amnistía por segunda vez a quien puso bomba en Caracol Radio

La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó la decisión de negar la amnistía que había solicitado la exintegrante de la guerrilla de las FARC-EP, Yolanda Martínez Motta, por su participación en el atentado terrorista ocurrido el 12 de agosto de 2010, frente a las instalaciones de la cadena radial Caracol Radio, en Bogotá.

Ese día, a las 5:30 de la mañana, un carro bomba con explosivos artesanales fue activado con control remoto y explotó sobre la carrera séptima con calle 67. El atentado dejó un saldo de nueve personas heridas y 530 más con daños y pérdidas materiales. Tiempo después se determinó que los responsables de instalar el explosivo eran integrantes del Frente 33 de las FARC.

El 3 de junio de 2011, fueron capturados William Rodríguez y Martínez Motta, alias Yolis. La Fiscalía General de la Nación les imputó los cargos de terrorismo, homicidio agravado en calidad de tentativa, y fabricación, tráfico y porte de explosivos. Por esos delitos fueron condenados a 350 meses —más de 29 años— de prisión e inhabilidad para ejercer derechos políticos de 20 años.

Luego del proceso de paz, cuando sus procesos pasaron a manos de la JEP, Yolanda Martínez fue amnistiada en primera instancia por el delito de fabricación, tráfico y porte de explosivos. Los otros delitos no fueron amnistiados porque hubo tentativa de homicidio a personas protegidas —periodistas— y se considera un crimen de guerra contrario al derecho internacional humanitario.

Sin embargo, el abogado de Martínez pidió que los otros delitos también fueran amnistiados, por lo que presentó una apelación el 28 de octubre de 2021. Finalmente, el pasado 20 de octubre, la Sección de Apelación no solo rechazó la amnistía pedida por el defensor, sino que también eliminó la amnistía que ya le habían concedido. El argumento para hacerlo fueron las afectaciones contra la población civil causada por el atentado.

“Si bien es cierto que el atentado fue perpetrado a tempranas horas de la mañana –lo que puede ser indicativo de que los responsables del hecho buscaron respetar el principio de precaución–, lo cierto es que estuvo dirigido de forma exclusiva e intencional contra bienes de carácter civil y que fueron ilícitos el medio y método escogidos para perpetrarlo (carro-bomba) dado el carácter indiscriminado que tuvo en este caso y la capacidad para causar terror entre la población civil” sentenció la jurisdicción.

La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó los días 16 y 17 de noviembre en Marsella, Risaralda, una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares sobre 27 cementerios de Quindío y Risaralda donde se presume la existencia de cuerpos de personas desaparecidas en el conflicto armado.

Durante las acciones adelantadas, la JEP tomó la decisión de extender por seis meses las medidas cautelares sobre los 27 cementerios que se encuentran en los departamentos del Eje Cafetero.

La medida adoptada se tomó luego de analizar los informes presentados por las entidades nacionales, recibir las solicitudes de las víctimas y concluir que aún no se logra la debida respuesta a las víctimas de desaparición forzada y no se ha cumplido con la centralidad de las víctimas.

El municipio de Marsella, donde se realizó la audiencia, tiene uno de los mayores registros de recepción de cuerpos no identificados en el Eje Cafetero. Según el Ministerio del Interior, allí habrían, al menos, 553 cuerpos de personas desaparecidas, de los cuales 406 se encontraban en dicho lugar para 2015.

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