Extinción de dominio a José Facundo Castillo, exgobernador de Arauca, por presuntos vínculos con el ELN

La Fiscalía General de la Nación anunció medidas cautelares de extinción de dominio a los bienes del exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por las múltiples irregularidades con la contratación cuando fue mandatario departamental.

De acuerdo con lo informado por el ente investigador, las medidas cautelares afectan inmuebles rurales y urbanos, vehículos y una sociedad, que preliminarmente superan los siete mil millones de pesos.

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, de la Fiscalía General de la Nación, impuso las medidas cautelares a once inmuebles urbanos y dos rurales.

Además, la medida de extinción de dominio contra el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo, también afecta diez vehículos ubicados en Fortul (Arauca), Yopal (Casanare), Villavicencio (Meta) y Bogotá.

Según los cálculos preliminares que hizo el ente investigador, los activos afectados con las medidas cautelares tendrían un valor de 7.624 millones de pesos.

El ente acusador explicó que esta determinación, que se ejecuta con apoyo del Ejército Nacional, busca afectar el patrimonio del exmandatario, quien es investigado y permanece privado de la libertad en centro carcelario como presunto responsable de múltiples irregularidades de contratación durante los dos periodos en los que se desempeñó como gobernador, es decir entre 2012 y 2015; así como en el periodo 2020 – 2021.

Según la investigación, Castillo Cisneros le habría entregado parte de la contratación del departamento a integrantes del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN, a cambio de recibir apoyo político en varios municipios.

Por estos hechos, fue imputado por los delitos de financiación del terrorismo; y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; peculado por apropiación en favor de terceros agravado; y concierto para delinquir agravado.

Las propiedades ocupadas con fines de extinción de dominio quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Es de recordar que este exgobernador también estuvo en el ojo del huracán por las irregularidades con la contratación de los kits humanitarios que se adquirieron durante los primeros meses de la pandemia. Estos tenían como objetivo principal brindar apoyo a la población vulnerable.

Todo comenzó, según la investigación realizada por las autoridades, cuando tomó la decisión de firmar un decreto el día viernes 3 de abril de 2020, época en la que el covid-19 se empezaba a expandir por el territorio colombiano con mayor fuerza.

Dicho decreto habilitó el permiso para el proceso de contratación a licitantes que pudieran cubrir la necesidad de brindar kits de ayuda humanitaria a la población del departamento, por lo que, durante ese fin de semana, se abrió la invitación pública para que se presentaran los oferentes, aunque solo hubo una propuesta sobre la mesa.

El domingo 5 de abril sobre las 5:00 p. m. al parecer se cerró la posibilidad de que más empresas pudieran presentar sus propuestas. Según se estableció, la única empresa que se presentó fue Multiservicios MAEL SAS ZOMAC, la cual pertenecería a una persona muy cercana al gobernador José Castillo.

Esto a la Fiscalía General de la Nación le despertó sospecha, por lo que entró a realizar la respectiva investigación que conlleva a que el pasado 12 de mayo se emitiera la imputación, haciéndolo responsable de esa contratación presuntamente irregular.

“Los hechos investigados están relacionados con el trámite y celebración del contrato 198 de 2020, en el que se adjudicó a la firma Multiservicios MAEL SAS ZOMAC la logística y entrega de kits de ayuda humanitaria para la población afectada por la emergencia sanitaria del covid-19 en el departamento, por un valor superior a 4.463 millones de pesos”, dice el boletín de la Fiscalía.

Adicional a eso, el CTI identificó que habría un sobrecosto en algunos productos alimenticios que pertenecían a los kits humanitarios superior a los 200 millones de pesos, los cuales superan los precios normales a nivel comercial, pero “finalmente, ante las alertas de los organismos de control, los costos fueron ajustados y se evitó un detrimento patrimonial”, comunicaron.

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