Hidroituango sigue siendo el tema coyuntural más importante de la energía en Colombia, sus constantes retrasos en la puesta en marcha de la operación, los escándalos y el miedo que surge porque se presente cualquier emergencia, tiene en vilo al país, pues para el operador del mega proyecto, Empresas Públicas de Medellín, EPM, ya estaría todo listo para arrancar labores, asegurando que la obra es sólida, mientras que las autoridades de gestión del riesgo siguen hallando problemas, al punto de declarar que jamás se podría garantizar la estabilidad de la misma. Esto último es el argumento y razón por la cual no se ha puesto en marcha, y se acerca la fecha límite para no incurrir en sanciones. Congresistas y hasta el expresidente Álvaro Uribe piden una prórroga.
Se supone que el próximo lunes 21 de noviembre, la Gobernación de Antioquia y demás autoridades instalarán una mesa de veeduría con el fin de verificar el cumplimiento de las acciones y estrategias para disminuir el riesgo de las comunidades aguas abajo de la central hidroeléctrica. Aun así, en palabras del alcalde de Medellín, y presidente de la junta directiva de EPM, Daniel Quintero Calle, será imposible arrancar las turbinas antes del 30 de este mes:
“Mala noticia que para poder prender Hidroituango hay que primero evacuar. Esa evacuación no depende de EPM, es probable, es casi seguro que esa evacuación no concurra antes del 30 de noviembre, si esa evacuación no ocurre entonces entramos en una disputa legal para determinar si nos deberían o no cobrar la multa, nosotros creemos que sería injusto porque EPM está listo”.
Es por esto que comienza el apoyo desde las bancadas del Congreso, pues será inminente que no se cumpla el plazo que había puesto la Comisión Reguladora de Energía y Gas, CREG, y por consiguiente, llevaría sanciones económicas y jurídicas en contra del operador, EPM.
La bancada de congresistas antioqueños, un grupo de 23 senadores y representantes a la Cámara enviaron una carta al presidente Gustavo Petro, pidiendo que se amplíe este plazo, siendo esta la segunda solicitud de este estilo, pues hace unas semanas, el gobernador de este departamento, Aníbal Gaviria y la asamblea, hicieron lo mismo:
“Somos conocedores de que EPM está expuesta a una sanción económica en virtud a los compromisos adquiridos con la CREG, pero creemos que en las condiciones de incertidumbre en relación con los riesgos que pudiera generar en las comunidades de la zona de influencia el encendido de las dos primeras unidades de operación, ameritan un lapso prudencial de espera (...) hemos llegado al acuerdo mayoritario de acudir a usted para que con sus buenos oficios y su representación en la CREG se amplíe el plazo para la entrada en operación de la Central Hidroeléctrica de Ituango sin consecuencias económicas o jurídicas para EPM”, destaca la misiva dirigida al mandatario nacional.
Al pedido también se sumó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, sugiriendo una cumbre entre las partes, junto con el actual mandatario, Gustavo Petro, esto para evitar las multas billonarias que se acarrearía por la dilación:
“Propondría, muy respetuosamente, que el gobernador de Antioquia, con los congresistas antioqueños, si se quiere, el alcalde de Medellín, visiten al presidente de la República y le expongan la necesidad de que esas turbinas entren rápidamente”.
Recordemos que ayer, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, Javier Pava, sentenció que no habría forma de garantizar la estabilidad del proyecto, pues el incidente del 2018, cuando el río Cauca averió la casa de máquinas, podría decirse que la condenó para siempre:
“En mi concepto de especialista, ese proyecto nunca va a ser estable, nunca va a estar en la condición de estabilidad porque hay unas alteraciones muy graves al macizo rocoso, que es lo que más nos preocupa, en el mismo informe que se presentó. Todas las excavaciones y todas las circunstancias en la cual ese macizo se encuentra hoy realmente no sabemos cómo va a ser su comportamiento con unas vibraciones o unas ondas que van a generar”.
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