Paramilitarismo, su influencia en las elecciones regionales y estrategias de control y dominio en la frontera nororiental

Los grupos guerrilleros ejercieron en principio órdenes insurgentes que combinaban la regulación social coercitiva y un control autoritario que se coordinaba con las regulaciones de las comunidades campesinas. “Había cabida para el debate, [pero] igualmente si no se cumplía su ley, había muerte”, le dijo un habitante de Arauca a los investigadores de la Comisión de la Verdad sobre el ELN.

Así mismo, un excombatiente de las Farc les narró: “La gente buscaba mucho a la guerrilla; es decir, los problemas que no eran capaces de solucionar ellos, pues buscaban a la guerrilla para que los solucionaran”.

De todas formas, los testimonios recogidos por los investigadores también demuestran que había un temor por la represión autoritaria sobre los pobladores y su tratamiento abusivo. Por ejemplo, las Farc reclutaban forzosamente a cientos de jóvenes amenazando de muerte a sus familias si decidían desertar, y también decretaron expulsiones y destierros a manera de castigo.

Sobre los paramilitares, para los investigadores de la Comisión no es claro cuándo empezaron a hacer presencia; sin embargo, se cree que incluso desde inicios de los 90 los comerciantes de la zona se organizaron para contrarrestar la autoridad insurgente.

Para Miguel Grijalba, el inicio del paramilitarismo en la región fue “planeado”: “nosotros creemos que lo planearon y lo planearon muy bien. No fue esa incursión de decir “voy a pasarme por Norte de Santander a ver qué encuentro”, si no fue todo un modelaje donde hubo participación de varios sectores para ese ingreso y no es algo que necesariamente lo diga la Comisión, sino que en las sentencias de Justicia y Paz está”.

También detalló cómo fue el ingreso de los paramilitares: “Se conecta con el Estado a través de la fuerza pública”. Sumado a eso, militares también le contaron a la Comisión de la Verdad la forma en la que se inmiscuyeron los paras en la zona: “se realizaban unas reuniones previas que permitían un análisis de dónde estaban ubicados los grupos armados, de cuáles eran sus fuentes de financiamiento, se lograron establecer incluso dónde estaban las unidades militares y se creó toda una estrategia de ingreso”.

El paramilitarismo en la región fue para la Comisión un entramado de intereses y alianzas entre sectores económicos, sociales y políticos que veían en las guerrillas y en las organizaciones de izquierda una amenaza para sus intereses. Sectores de la fuerza pública, poderes económicos, políticos y narcotraficantes se aliaron en contra de la insurgencia. La población civil fue objeto de su lucha armada también.

La presencia de los grupos armados en esta zona del país convirtió al conflicto en una lucha por el poder local y el dominio sobre las comunidades. El ELN, el EPL, las Farc-EP y los paramilitares del Bloque Catatumbo y del Bloque Vencedores de Arauca se apropiaban de los recursos públicos e influían en las elecciones regionales a través de alianzas y entramados.

Los altos niveles de corrupción en el sector público de la región, sumado al poder militar de estos grupos, obtenido mediante extorsiones a la industria petrolera y el control de negocios ilícitos a través de la frontera con Venezuela, permitían el dominio total de los grupos armados.

Esta situación llevó a algunos sectores políticos a apoyar abiertamente al paramilitarismo. Por su parte, la compleja relación de las comunidades con los grupos guerrilleros las hicieron objeto de estigmatización y criminalización, que las convirtieron en víctimas de la guerra sucia y de acciones militares por parte del Estado.

A lo largo de los años, la relación entre los grupos armados ha ido evolucionando, pasando de disputas a acuerdos, alianzas y divisiones territoriales.

Con la firma del Acuerdo Final de Paz de 2016 y su posterior implementación, en la región se empezó a gozar de un nuevo periodo de paz. Pero este duró muy poco, y la violencia se reactivó rápidamente debido a las nuevas disputas territoriales y el control de las economías ilegales, como lo son el narcotráfico y la explotación de hidrocarburos.

El ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las —ahora extintas— Farc, se disputan nuevamente estos territorios y la población civil es la que más sufre al estar en medio de la confrontación. Adicionalmente, la implementación de los Acuerdos no ha sido satisfactoria en materia de sustitución de cultivos ilícitos y reformas agrarias. Líderes y lideresas sociales han sido asesinados en medio de todo este conflicto después de la firma de lo pactado en La Habana.

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