La lucha sindical que derivó en la creación de Ecopetrol y la posterior persecución que sufrieron obreros y campesinos

Barrancabermeja ha sido cuna petrolera desde que las actividades de extracción comenzaron en la primera mitad del siglo XX. En los años 40 las luchas obreras estaban en auge y con la Unión Sindical Obrera —USO— reconocida en todo el país, las movilizaciones por la tierra se convirtieron en una constante tras la entrega de títulos a multinacionales extranjeras que, en muchas ocasiones, brindaban pocas o nulas garantías laborales a cientos de trabajadores colombianos.

Esto trajo una fuerte represión por parte de gobiernos como el de Mariano Ospina Pérez —1946-1950— y Laureano Gómez —1950-1951—, generando como respuesta la organización de guerrillas liberales en defensa de la coacción violenta estatal y por grupos privados de autodefensa. Sin embargo, esto no amilanó al movimiento sindical y lideraron grandes movilizaciones como la llamada ‘Huelga patriótica’ en enero de 1948.

De acuerdo con información recogida por el Informe Final de la Comisión de la Verdad, más de 10.000 personas se tomaron las calles del municipio que hace parte del Magdalena Medio, región clave en el desarrollo no solo de la industria petrolera, sino de la perpetuación de la violencia por la tenencia de la tierra y la salida del país de petroleras de otros países. Esta marcha generó solo un resultado positivo, pero quizás el más importante en la primera mitad y comienzos de la segunda del siglo XX: la creación de una petrolera estatal.

El ala gaitanista ejerció fuertes presiones —desde el ámbito político, claro está—, para que la nacionalización del petróleo fuera una realidad. El ministro de Minas del gobierno del ultraconservador Laureano Gómez defendió el proyecto ante el consejo de ministros. Así, el 25 de agosto de 1951 se fundó la Empresa Colombiana de Petróleos, hoy conocida como Ecopetrol tras un fuerte revés en la Concesión de Mares al Estado colombiano.

Esta licencia fue otorgada (como su nombre indica) a Roberto de Mares mediante la Ley 6 de 1905 para la explotación petrolera en Barrancabermeja (región del Magdalena Medio). Dicho acuerdo, logrado en el gobierno del presidente Rafael Reyes, le permitió al beneficiado explotar los yacimientos de la zona conocida como Las Infantas por cerca de 30 años. El fin de este acuerdo supuso una buena noticia para la nacionalización del petroleo, pues después de eso empezaron las pujas estatales y obreras que desembocaron en la creación de Ecopetrol.

Con la Concesión de Mares en vigencia, empresas como la Tropical Oil Company comenzaron a instalarse en Barrancabermeja, Puerto Wilches y Sabana de Torres, en Santander. Además, la Ley 37 de 1931 permitió la llegada de la Compañía Colombiana de Petróleo El Cóndor (la misma Shell) en Cantagallo y Yondó (Campo Casabe, una de las zonas petrolíferas más importantes del país), Antioquia.

Para 1945 buena parte del Magdalena Medio, podría decirse, no era de Colombia: era como si se hubiera creado un Estado petrolero dentro de un país. Como un Vaticano, pero repleto de compañías extranjeras extrayendo petróleo colombiano, invadiendo zonas privadas y entrando en fuertes luchas con los colonos que vivían en cercanías al Río Magdalena.

En los años 60, los conflictos de tierras que quedaron inconclusos de décadas anteriores crecieron. Capataces de la Texas Petroleum Company (conocida hoy como Texaco) persiguieron a los colonos asentados en zonas cercanas a los territorios ocupados y les hacían firmar documentos como arrendatarios. También los carnetizaron. Quienes no tenían ese carnet eran perseguidos y detenidos por el Ejército. Muchos de los que se quedaron armaron los primeros grupos de autodefensa campesina. De acuerdo con los registros del Informe Final, algunos se asentaron en Yacopí (Cundinamarca) en zonas de dominio de la Tropical Oil Company, la Shell, Texaco y la Socoy Vaccum (actual Mobil).

Las afinidades políticas unieron a los movimientos populares y grupos sindicales. Dicha ‘alianza’ generó un mayor fortalecimiento en la gestión y desarrollo de mítines, comunicados, huelgas, comités cívicos y paros de producción para exigir al Estado y a Ecopetrol luz eléctrica, agua potable, condiciones decentes de salud y educación, y el mejoramiento de caminos de acceso. Los grupos de autodefensa campesina eran reconocidos en el país, así como su principal causa: frenar el despojo causado por las petroleras.

“Algunos integrantes de esos grupos de autodefensas campesinas posteriormente se unieron a las FARC, sumando experiencia y acumulados de lucha y organización”, explica el tomo territorial del Informe Final. Para 1973, la Shell le entregó al Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) 1766 hectáreas de la hacienda El Tigre para ser ofrecidas a campesinos. Fue así como Campo Casabe se colonizó sobre todo con población afrodescendiente que llegaban de muchas partes: de Chocó, de Boyacá, Valle del Cauca, etc.

Tres años antes, el gobierno de Carlos Lleras había desarrollado un proyecto de reforma agraria que recogió experiencias del plan ejecutado por Alberto Lleras Camargo (1958-1962) quien creó las Juntas de Acción Comunal a través de la Ley 19 de 1958. En ese orden, las JAC desarrollaron un papel fundamental en el desarrollo asociativo de los campesinos en el Magdalena Medio pese a la fuerte presencia de grupos paramilitares y de guerrillas varias décadas después.

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