Reforma política: ‘mico’ haría que la Procuraduría no pueda sancionar a funcionarios elegidos por voto

El jueves 17 de noviembre se radicó la ponencia para el tercer debate sobre la reforma política que se adelanta en el Congreso de la República, texto que incluiría una propuesta que podría suscitar polémica, ya que plantea que la Procuraduría no pueda sancionar a los funcionarios elegidos por voto.

La ponencia, radicada en la Cámara de Representantes por Heráclito Landinez, del Pacto Histórico, busca modificar el artículo 40 de la Constitución para que, de ser aprobada la reforma, sea un juez de la República quien pueda cercenar o limitar los derechos políticos de los funcionarios elegidos popularmente:

De acuerdo con información de El Tiempo, la modificación del artículo se da para “armonizar la Constitución Política con el ordenamiento internacional en materia de Derechos Humanos y acatar las sentencias de la Corte Internacional en materia de derechos políticos”.

Es importante recordar que una de estas sentencias devolvió, en su momento, a Gustavo Petro a la Alcaldía de Bogotá, luego de haber sido destituido por el exprocurador Alejandro Ordóñez por los cambios en el modelo de recolección de basuras en la capital colombiana.

La ponencia también contempla la reducción en la edad para que los colombianos puedan ser elegidos como congresistas. También se incluye la obligatoriedad para el voto, así como la segunda vuelta para la elección de alcaldes de ciudades capitales.

Otra de las novedades que incluye la ponencia tiene que ver con la financiación de las campañas políticas, que, como se plantea en el documento, será principalmente estatal.

Vale mencionar que en la ponencia, de acuerdo con información de El Tiempo, no se incluyó la ampliación de periodo presidencial, ni el del Congreso, gobernaciones, asambleas, alcaldías y concejos.

La organización no gubernamental Transparencia por Colombia, en los últimos días, luego de participar en las audiencias públicas que acompañan el trámite del proyecto de ley de la reforma política, emitió una serie de preocupaciones e hicieron un “llamado a los congresistas a impulsar, discutir y adoptar proyectos que apunten a la incorporación de ajustes estructurales desde los que se atiendan las necesidades del país”.

Uno de los puntos que preocupa a la ONG tiene que ver con las posibles modificaciones al artículo 109 de la Constitución, sobre las listas cerradas y paritarias, pues si bien están de acuerdo con el cambio, advierte que “se debe tener en cuenta que, al hacer ajustes en los principios que sustentan el financiamiento de la política y la rendición de cuentas pública”,

Desde la ONG argumentan que con los cambios planteados en la reforma “se afecta no solo la forma de manejar el financiamiento de las listas cerradas sino de todas las demás formas de participación en contiendas electorales, como por ejemplo las de cargos uninominales, o las campañas de consultas internas”.

Sobre la financiación, desde Transparencia por Colombia les preocupa que la discusión se haya reducido simplemente a la proposición de que esta sea “preponderantemente público”, obviando elementos de fondo como:

Finalmente, también llama la atención sobre la importancia de articular la reforma política con el proyecto de Código Electoral, ya que “algunos de los temas que se están recogiendo en este proyecto de ley estatutaria de reforma política pueden ser contradictorios con lo que se estipula en el Código, por ejemplo con los cambios asociados al financiamiento de campañas y rendición de cuentas”.

A continuación se puede leer el informe sobre la intervención de Transparencia por Colombia durante las audiencias públicas de la reforma política:

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