Ante la Comisión Séptima del Senado que sesionó en La Guajira, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López, intervino en el debate de control político al seguimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que en 2017 declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira por la crisis de desnutrición de la niñez wayuu.
En su intervención, la jefe de la cartera agropecuaria enfatizó que uno de los objetivos del ministerio es lograr que La Guajira se convierta en un departamento clave para consolidar a Colombia como potencia mundial de alimentos, vincular a la población rural y wayuu en alguna cadena productiva.
“Es al Ministerio de Agricultura al que le corresponde que en vez de mirar de forma asistencial a estas poblaciones, lo que tenemos que hacer es incorporarlas a la vida productiva del país. Esa es la forma de mejorar su calidad de vida realmente y de manera sostenible”, resaltó López.
Desde Riohacha, Cecilia López añadió que revisando las cifras agropecuarias del departamento “se nota una caída en toda la producción del sector rural y ese comportamiento no puede atribuirse a la pandemia del covid-19, sino a otros factores”, puntualizó la funcionaria.
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En otro punto aclaró que los planes de acción para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, es abrir la posibilidad para que los nuevos sectores productivos puedan acceder a distintos beneficios para su desarrollo rural integral y que impacten de manera positiva en lo relacionado con la seguridad alimentaria.
“Así pueden tener acceso a lo que no han tenido: crédito, tierra adecuada, asistencia técnica o capacitación. Esa es nuestra responsabilidad y ahí tenemos nuestro reto. Espero que se inicie así un proceso con la población wayuu”, concluyó la ministra.
Hay que recordar que la Corte Constitucional en la sentencia T-302 de 2017 emitió 210 órdenes para que 25 instituciones trabajen por la protección de los derechos del pueblo wayuu al agua, la alimentación y la salud, entre otros.
De acuerdo con una investigación realizada por DeJusticia sobre la implementación de la sentencia, el centro de estudios pudo evidenciar que de entrada, el estado de cosas inconstitucional sigue presente.
En cuanto a la mortalidad infantil por causas asociadas a la desnutrición en La Guajira (34 casos por cada mil niños) hoy es siete veces mayor al promedio nacional (4,6 por cada mil niños), según la veeduría ciudadana de la sentencia. En la sentencia, la Corte estableció que el ECI se declarará superado cuando el promedio del departamento alcance el promedio nacional.
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DeJusticia también puntualizó que no existen datos accesibles sobre la calidad del agua en la zona rural de La Guajira. Sin embargo, un informe de Felipe Núñez, experto en agua invitado por la Corte a la zona, determinó que ante la cantidad insuficiente de agua potable, algunas comunidades se ven forzadas a consumir agua que puede poner en riesgo su salud.
Respecto a la seguridad y soberanía alimentaria Gloria Pinzón, experta en alimentación invitada a la última inspección judicial de la Corte, señaló que “durante el recorrido por las comunidades no se evidenciaron proyectos productivos en desarrollo, ni las personas entrevistadas hicieron referencia a esto, por lo que es posible afirmar que no se encuentran en desarrollo programas de seguridad alimentaria”.
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