JEP citó a exdirectivos del Fondo Ganadero de Córdoba a versión por caso de despojo de tierras

Actualmente, son cinco los ejecutivos investigados por la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP— por delitos relacionados con el despojo de tierras a campesinos y colaboración con las Autodefensas Unidas de Colombia cuando hicieron parte de la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba. Concretamente, son indagados por un caso de desplazamiento forzado abierto por esta entidad junto con ‘paras’ en Tulapas, sector ubicado en Urabá.

Esos mismos investigados fueron citados por la Sala de Reconocimiento del tribunal especial a una nueva audiencia colectiva el próximo martes 6 de diciembre de 2022. De acuerdo con la magistrada Nadiezhda Henríquez, aquella diligencia comprendida como un ‘ejercicio dialógico’, “contribuye a una comprensión más amplia y eficiente sobre patrones macrocriminales y dinámicas que rodearon los hechos perpetrados en la región de Tulapas”.

De acuerdo con el expediente que reposa en esta sección de la JEP, los comparecientes (Benito Osorio Villadiego, Benito Molina Valverde, Jaime García Exbrayat y Carmelo Esquivia Guzmán) estarían implicados en el despojo de 121 predios a más de 150 familias en ese departamento en conjunto con paramilitares y el extinto Instituto Colombiano para la Reforma Agraria —Incora—.

De hecho, Osorio Villadiego fue nombrado gerente del Fondo en 1997, presuntamente por orden de Vicente Castaño a través de Jesús María López, conocido también como el Mono López, exgobernador de Córdoba y con importante influencia sobre la junta directiva.

Ese mismo año inició la compra de tierras que fue despojada a campesinos. De acuerdo con información entregada por el Grupo de Análisis de Información de la JEP, la primera transacción del Fondo fue sobre la finca llamada El Engaño o La 52.

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Esa compra se efectuó entre la entidad y la casa Castaño, representada por Sor Teresa Gómez Álvarez. Ahora, con respecto al caso Tulapas, el despojo se realizó a comienzos de los 2000 para, finalmente, legalizar 10 mil hectáreas en esa zona y blanquear activos a la vista del Fondo, la gobernación del departamento y la Asociación de Urabá y Córdoba —Asocomún—.

Bajo ese escenario, el caso fue designado a la Sala de Definición; sin embargo, para que no haya un conflicto de competencias, la de Reconocimiento (que fue la que hizo la citación), puede participar en la audiencia si así lo considera. Asimismo, esta se llevará a cabo desde las 9 de la mañana de manera virtual y contará con la participación de víctimas de despojo en Tulapas.

Respecto de Osorio Villadiego, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas le concedió la libertad transitoria, condicionada y anticipada a en enero de este año. Sin embargo, el exgobernador tiene una condena de más de 19 años de prisión por los delitos de lavado de activos, testaferrato, traslado o desplazamiento forzado de población civil, concierto para delinquir y ocupación y destrucción de bienes protegidos.

Además, para su ingreso a la JEP, su defensa entregó documentación que incluye actas del Fondo Ganadero de Córdoba, una carta firmada por Sor Teresa Gómez y las pruebas de varios bienes entregados para reparación en la justicia ordinaria. Todo esto fue tomado en cuenta como aporte a la verdad sobre lo ocurrido en esta región del Caribe Colombiano.

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