Investigación por corrupción en la Unidad Nacional de Protección: Procuraduría sancionó a un contratista

La Procuraduría General de la Nación inhabilitó de ocho años al contratista Edgar Mauricio Hernández González, de firmar algún acuerdo público con el Estado, luego de que se presentaran varias irregularidades mientras se desempeñaba como supervisor de algunos contratos en la Unidad Nacinal de Protección (UNP).

En 2013, el sujeto incurrió en una falta grave al autorizar el pago de varias facturas, las cuales no se especificaron las fechas en las que se prestó el servicio de suministro de esquemas de seguridad. Un total de cinco pagos por $10.000 millones, que no estarían justificados.

Además, la delegada Disciplinaria de Juzgamiento estableció que Hernández González no cumplió su deber en la supervisión de varios contratos, además no registró las irregularidad y “solo traslada la información (presuntamente de los anexos a las facturas) al informe, sin objeción alguna”.

Por esta razón, el contratista Edgar Mauricio tendrá que pagar una multa de 80 salarios mínimos mensuales vigentes para 2013, que corresponden a $47 millones. El dinero deberá ser cancelado a favor del Tesoro Nacional.

Vale mencionar que, en días anteriores Altus Alejandro Baquero Rueda es magistrado del Consejo Nacional Electoral, quien fuera designado en este cargo hace unos 3 meses, pero que según la Procuraduría General de la Nación, habría mentido en su hoja de vida, además que su designación puede constituir un conflicto de intereses. Esto se logra gracias a que, al momento de su posesión, el togado adquirió fuero, por lo que el ministerio público pudo arrancar con una investigación preliminar.

Según se puede ver en el perfil del Consejo Nacional Electoral, Altus Alejandro Baquero es un abogado de la Universidad del Rosario, especializado en derecho administrativo, gestión y responsabilidad fiscal; es magister y doctor en derecho, y cuenta con experiencia en diferentes entidades del sector público y privado, más de 15 años, que es uno de los requisitos para ocupar el cargo de magistrado:

“Se ha desempeñado durante más de 15 años en el sector público y privado, ocupando cargos del nivel directivo y asesor, ejerciendo las funciones de Registrador Nacional del Estado Civil (E), Secretario Privado, Gerente Administrativo y Gerente de Talento Humano de la misma entidad, Secretario General de la Defensoría del Pueblo, Director de Reparación a las Víctimas de la Unidad para las Víctimas y Jefe de Oficina Jurídica de ANTV. Fue Asesor de la Federación Nacional de Departamentos, del Congreso de la República, de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, del Departamento Nacional de Planeación, del Grupo de Energía de Bogotá, de la Contraloría de Bogotá, y de otras empresas privadas”.

La Unidad Nacional de Protección señaló a un contratista de hacer del riesgo un negocio, debido a que habrían inhabilitado remotamente unos vehículos arrendados por la entidad durante el periodo de renovación del contrato. El presidente Gustavo Petro también se sumó al rechazo a ese tipo de actuaciones.

De acuerdo con la UNP, varios vehículos blindados que hacen parte del contrato de la entidad con la sociedad NEORENTING S.A.S fueron apagados e inmovilizados sin explicación, por lo que habría terminado por poner en riesgo a personas protegidas. “Llamamos la atención al señor Alan Perlman Katz a no incurrir en esa práctica”, señaló la organización encargada.

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