Este miércoles 16 de noviembre de 2022, en la Comisión V del Senado de la República, tuvo lugar un debate sobre la puesta en marcha del megaproyecto eléctrico Hidroituango. A esta cita acudieron representantes de los ministerios de Ambiente, Minas y Energía, así como el nuevo director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y el presidente de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), encargadas del proyecto. Según estos funcionarios, aunque ellos velan por la seguridad de las poblaciones, fue la EPM la que pidió una prórroga para hacer pruebas adicionales.
Una de las presentes fue la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, que aprovechó su citación para expresar que la decisión de construir un proyecto como Hidroituango jamás se tomaría en un gobierno como el de Gustavo Petro, porque la transición energética requiere soluciones de energía que sean “distintas, renovables, no convencionales, precisamente para evitar repetir otras encrucijadas como esta, que hoy nos presenta Hidroituango”.
“Si hubiera estado en nuestras manos, las decisiones sobre construir una un proyecto como éste, seguramente las decisiones habrían sido distintas. Seguramente las acciones preventivas habrían sido diferentes”, manifestó la polémica jefe de cartera. No obstante, como el proyecto ya está llegando a su fin, es de su interés mitigar cualquier impacto que Hidroituango pueda tener sobre la comunidad vecina.
En el propósito de mitigar el riesgo, Vélez ha estado presente en dos de cuatro puestos de mando unificados (PMU) y dos mesas de trabajo que se han citado para discutir la puesta en marcha de las turbinas, mientras que en otros dos PMU han asistido otros funcionarios del Ministerio de Minas. En estos encuentros, esta cartera ha pedido que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) pueda entrar a las instalaciones y recibir los documentos y estudios de riesgo.
“Sin embargo, a la fecha no hemos tenido todavía acceso a esa información y es importante decirlo, toda vez que la preocupación que tiene la ciudadanía pasa también por la necesidad de acceder de manera transparente a esa información”, subrayó la ministra. Además, mencionó que EPM es responsable de los riesgos ocasionados y debe tomar “todas las medidas que fuesen necesarias para gestionar ese riesgo, toda vez que entendemos y como dice aquí el senador, confiamos en que su criterio técnico le permite decidir protegiendo en primer lugar la vida”.
Con respecto al requerimiento de una prórroga, mencionó que la Creg lo recibió “el viernes de la semana pasada y estamos precisamente dándole trámite”. Además, que la decisión de la puesta en marcha es enteramente empresarial, según su propio criterio y ética.
Por parte del Ministerio de Ambiente hizo presencia la viceministra de Políticas y Normalización Ambiental, Sandra Vilardy. La funcionaria dijo que los PMU han sido expresamente solicitados por EPM y que, en la reunión del 21 de octubre, la empresa expresó que necesitaba hacer “unas pruebas y monitoreo adicionales durante la puesta en marcha de las unidades de generación, para reducir la incertidumbre y mitigar los riesgos”.
Vilardy también aprovechó para reprochar la decisión general de llevar a cabo un proyecto de esta envergadura en un lugar donde había tanta incertidumbre estructural, así como los riesgos que ahora hay que asumir por esa elección. “Cuando nos encargamos de diseñar obras faraónicas como Hidroituango ,en un lugar donde, por la geomorfología y la geología, genera tanta incertidumbre, haber tomado esa decisión no está bien”.
El nuevo director de la Creg, por su parte, dijo que se está examinando la solicitud de EPM, pero encontramos que no estaba completa, que faltaba información para que pudiéramos hacer una evaluación integral de la misma”. Por ello, pidieron a la empresa que se complete la información para dar su respuesta.
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