La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial declaró en octubre del presente año insubsistente a la juez Francy Helena Castaño y la sacó del despacho186 de esa jurisdicción en Bogotá.
Múltiples investigaciones en la Fiscalía hacían insostenible su cargo en el marco “la política de tolerancia cero con la corrupción por acciones y omisiones contrarias a los principios de la función pública, particularmente los de transparencia, moralidad, eficacia y eficiencia”.
De acuerdo con información de Caracol Radio, dentro de los documentos y reportes de la Procuraduría y la Secretaría de despacho 186, en las que evidenciarían serían irregularidades cometidas por Castaño, quien en la actualidad es investigada por presuntamente desplegar una estrategia que le habría permitido beneficios económicos.
Además, según fuentes oficiales a la juez Francy le estaban siguiendo el rastro desde hace cerca de un año y medio, en cabeza de Fabio Espitia, quien prendió las primeras alarmas con respecto a las posibles irregularidades de la funcionaria, que tuvo por años su oficina en una casa de inteligencia de la Policía en una estación de Teusaquillo, en Bogotá.
Entre las falencias se encuentra la posible pérdida de expedientes sobre homicidios que habrían cometido integrantes de la Fuerza Pública e investigaciones contra oficiales de alto rango de la Policía, como también las presuntas mañas en el reparto de procesos que no correspondía investigar.
Una de las fuentes señaló que, “la juez tenía acceso a información sensible; ella escuchaba de los operativos que iban a realizar los de inteligencia y supo sacar provecho de la situación”, quien añadió que “se ofrecía a llevar casos” importantes.
De igual manera, las fuentes confidenciales, la juez era considerada una persona de confianza por ser hija de un coronel en retiro de la Policía Metropolitana de Bogotá y de la Dirección de Inteligencia.
“Se habría aprovechado del desconocimiento de la ley de los generales, que no tuvieron en cuenta que, aunque esa justicia tiene jurisdicción nacional, se cuenta con una regulación de sedes y nomenclaturas que le da una competencia territorial. En el caso de Castaño, jurisdicción solo en Bogotá y Cundinamarca”, indicó uno de los investigadores.
La abogada, afirman personas que conocen el proceso, les habría dicho a los oficiales que ella podía llevar los casos que adelantaban porque la Justicia Penal Militar y Policial tiene jurisdicción nacional. Es por esto, la juez Francy Helena Castaño pedía a los oficiales dinero y viáticos, muchos provenientes de los llamados gastos reservados, para desplazarse a determinados lugares y desarrollar las inspecciones judiciales sobre el terreno o reconstruir los hechos.
También pedía la asignación de carros y un conductor para poder movilizarse y agilizar las actuaciones judiclaes. Dentro de la investigación se indicó que no hay evidencias de que la exfuncionaria vendiera la información de los procesos, sino que lograba que le entregaran recursos y beneficios para realizar diligencias que no cumplía.
Los casos que enredan a la exfuncionaria y por los que hoy la investigan son cuatro, aunque podría haber más. En los procesos que se están investigando figuran los casos con sumario número 304, sumario 309, investigación preliminar 1358 y la investigación preliminar 1387.
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