Reforma tributaria: claves del proyecto de ley que se concilia este miércoles en el Senado de la República

Como disponen la Constitución y las leyes, el proyecto de ley de reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro está a punto de ser aprobado en su informe de conciliación a efectuarse el miércoles 1 de noviembre de 2022 en el Senado de la República y al día siguiente en la Cámara de Representantes.

Este proyecto de reforma fue extensamente discutido también con amplios sectores de la ciudadanía (regiones, academia, gremios, sociedad civil) y busca recaudar 20 billones de pesos para invertir en proyectos sociales.

Como parte de este diálogo amplio, el Ministerio de Hacienda presentó algunas observaciones al proyecto que se plantearon a la opinión pública recientemente (por ejemplo, en columnas de opinión y documentos de análisis).

Una de las observaciones es que las propuestas del proyecto de ley, específicamente la sobretasa de bonanza y la no deducibilidad de regalías, generarían tasas de tributación superiores al 70 % en los sectores de extracción de petróleo y carbón.

Al respecto, los cálculos de la Dirección General de Política Macroeconómica (DGPM) indican que la tasa de tributación del impuesto de renta del sector de petróleo pasaría de menos de 30 % a entre 34 % (en el caso de que los precios internacionales prescriban una sobretasa de 0 %) y 47 % (máxima sobretasa de 15 %). En el caso del carbón, la tasa de tributación pasaría de 36 % a entre 43 % (sobretasa de 0 %) y 56 % (sobretasa máxima de 10 %).

Ahora bien, es importante tener en cuenta que, dado que las inversiones en exploración y extracción de crudo toman entre cuatro y cinco años en generar incrementos en la producción, la tasa efectiva de tributación relevante a la hora de tomar estas decisiones de inversión no es consistente con los niveles actuales de precios, o con la sobretasa máxima de renta.

En la medida en la que en el mediano plazo se espera que los precios del crudo se encuentren en niveles cercanos a su media histórica, estas decisiones de inversión se hacen al considerar una tasa efectiva que oscilará entre 34 % y 38 %, al no incorporar la sobretasa de renta o lo hace con una tarifa de 5 %. Por este motivo, el Gobierno nacional considera que la mayor carga coyuntural al sector de petróleo no debe afectar las inversiones en exploración.

Una segunda observación es que el proyecto de ley no es progresivo porque algunas personas naturales con ingresos anuales muy altos enfrentarían un incremento porcentual de su impuesto a cargo menor al de personas con ingresos anuales algo menores.

En este punto, el Gobierno aclaró que el proyecto no modifica la máxima tarifa del impuesto de renta de personas naturales (39 %). Por esa razón, es cierto que algunas personas que actualmente enfrentan aquella tarifa máxima no tendrían un incremento tan alto en términos relativos de su impuesto a cargo, frente a contribuyentes con ingresos un poco menores.

Por estas razones, según este, el proyecto complementa el impuesto de renta con un impuesto permanente al patrimonio. Incluso, con los ajustes en el tratamiento de las ganancias ocasionales y los dividendos que se incorporaron en el trámite legislativo de este proyecto de ley es importante destacar que dos de cada tres pesos del recaudo adicional generado por la reforma provendrán de los individuos con ingresos mensuales superiores a 20 millones de pesos.

Otro punto polémico y que tiene observaciones es que el proyecto de ley, en las disposiciones sobre impuestos saludables, impone un alza generalizada del precio de buena parte de la canasta de consumo.

Sin embargo, los cálculos de la DGPM indican que como resultado de los impuestos saludables y ambientales, la inflación podría aumentar hasta 0,27 puntos porcentuales, efecto relativamente pequeño y es un efecto máximo en la medida en que se busca que los hogares cambien los hábitos de consumo y que las empresas cambien los mecanismos de producción de estos alimentos y bebidas, como resultado de la entrada en vigor de los impuestos, lo cual es algo deseable en sí mismo.

Estos impuestos entrarían en vigor en noviembre de 2023, cuando se espera que la inflación de la economía colombiana se haya reducido de manera sustancial y se contrarreste así el impacto de la reforma sobre la capacidad adquisitiva de los hogares en Colombia.

También hay observaciones sobre el impuesto al patrimonio contenido en el proyecto de ley, pues se dice que castiga a aquellas personas con alta inversión y ahorro al imponer tributación sobre rentas que ya tributaron en el pasado.

En este caso, el Gobierno señaló que el impuesto al patrimonio no impondría tributación sobre “renta” alguna.

Según el Gobierno, este impuesto reconoce el impacto de las bajas tarifas efectivas de tributación del impuesto de renta de personas naturales en la conformación de los patrimonios más altos de los contribuyentes más privilegiados, como resultado de rentas exentas y deducciones regresivas, que disminuyen la base gravable y el impuesto a cargo. Así las cosas, la imposición de un impuesto al patrimonio podría tener el efecto de aumentar la tenencia de activos productivos, pues desincentivaría la adquisición de patrimonios infructuosos de alto valor.

Algo que criticaron los gremios es que las propuestas del proyecto de ley generarían tasas de tributación entre el 60 % y el 107 % en el sector corporativo.

Los cálculos de la DGPM indican que la tasa de tributación del impuesto de renta de las empresas en Colombia es 25,5 %. Esta cifra está por debajo de la tarifa nominal del impuesto de renta (35 %) como resultado de beneficios tributarios a los que acceden en mayor medida las grandes empresas (y que el proyecto de ley busca acotar).

Como resultado del proyecto, esta tasa de tributación aumentaría a 29,4 %, como lo muestran las estimaciones del Ministerio de Hacienda que se hicieron públicas.

Además, otra observación es que la tasa mínima de tributación contenida en el proyecto de ley (15 %), al sumarse a la tarifa general de personas jurídicas (35 %), elevará la tasa de tributación del sector corporativo a 50 %.

El Ministerio sostuvo que en ningún caso el establecimiento de una tasa de tributación mínima implica una doble contabilidad del impuesto a cargo. Así que, si, como resultado de su actividad una firma registra una tasa de tributación superior al 15 %, la tasa de tributación mínima no afecta el impuesto a cargo.

De igual forma, se dijo que la tarifa del impuesto de timbre de 3 % contenida en el proyecto de ley aplicará sobre escrituras públicas de enajenación de inmuebles de más de 760 millones de pesos.

Según el Gobierno, esto es impreciso, ya que la tarifa marginal de timbre de 3 % solamente aplicaría a escrituras públicas de enajenación de inmuebles de más de 2.120 millones pesos.

En su momento se criticó que la eliminación del descuento del 50 % del impuesto de industria y comercio (ICA) pagado contemplada en el proyecto de ley va en contravía de la reducción de la carga tributaria excesiva de las empresas con bajo margen.

Sobre esto, el Gobierno adujo que el descuento del 50 % del ICA representa un beneficio tributario con el que se da un tratamiento preferencial a este tributo dentro del cálculo del impuesto de renta a cargo.

Entonces, prácticamente todos los otros impuestos, tasas y contribuciones que pagan las empresas se consideran deducibles del impuesto de renta. En este sentido, el proyecto propone reversar este tratamiento preferencial.

También se hizo otra observación relacionada con el contrabando. Se manifestó que el proyecto de ley no incluye planes contra el contrabando o la evasión del Ministerio de Hacienda ni disposiciones referentes a excepciones al IVA.

De acuerdo con el Ministerio, esto es falso, pues el proyecto de ley incluye un título completo (Título VI) con disposiciones para fortalecer los mecanismos de lucha contra la evasión y la elusión tributaria y la capacidad institucional de la Dian para enfrentarlos.

Finalmente, otra observación es que el proyecto de ley no tuvo en consideración la coyuntura económica actual o futura.

No obstante, el Ministerio enfatizó en que en el diseño del proyecto de reforma concurrieron, entre otros factores, la atención a la coyuntura económica, las necesidades de mayores gastos sociales y de una estructura tributaria más equitativa, el principio de la sostenibilidad fiscal y la atención a la situación de las cuentas fiscales.

De hecho, de acuerdo con la teoría macroeconómica, el Ministerio agregó que si los aumentos de impuestos se gastan, el efecto sobre la actividad productiva es positivo, especialmente si el gasto hecho tiene efectos redistributivos.

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