Altus Alejandro Baquero Rueda es magistrado del Consejo Nacional Electoral, quien fuera designado en este cargo hace unos 3 meses, pero que según la Procuraduría General de la Nación, habría mentido en su hoja de vida, además que su designación puede constituir un conflicto de intereses. Esto se logra gracias a que, al momento de su posesión, el togado adquirió fuero, por lo que el ministerio público pudo arrancar con una investigación preliminar.
Según se puede ver en el perfil del Consejo Nacional Electoral, Altus Alejandro Baquero es un abogado de la Universidad del Rosario, especializado en derecho administrativo, gestión y responsabilidad fiscal; es magister y doctor en derecho, y cuenta con experiencia en diferentes entidades del sector público y privado, más de 15 años, que es uno de los requisitos para ocupar el cargo de magistrado:
“Se ha desempeñado durante más de 15 años en el sector público y privado, ocupando cargos del nivel directivo y asesor, ejerciendo las funciones de Registrador Nacional del Estado Civil (E), Secretario Privado, Gerente Administrativo y Gerente de Talento Humano de la misma entidad, Secretario General de la Defensoría del Pueblo, Director de Reparación a las Víctimas de la Unidad para las Víctimas y Jefe de Oficina Jurídica de ANTV. Fue Asesor de la Federación Nacional de Departamentos, del Congreso de la República, de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, del Departamento Nacional de Planeación, del Grupo de Energía de Bogotá, de la Contraloría de Bogotá, y de otras empresas privadas”.
Poner esto último es muy importante de remarcar, pues la Procuraduría General de la Nación decidió comenzar la investigación disciplinaria por mentir en su hoja de vida, acreditando supuestamente experiencia no acreditada, impidiéndole permanecer en el cargo:
“La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al Magistrado del Consejo Nacional Electoral, Altus Alejandro Baquero Rueda, por presuntamente acreditar una experiencia profesional que no le permitirá acceder a su cargo actual. (...) El Ministerio Público investigará la información consignada por Baquero Rueda en su hoja de vida, específicamente lo relacionado con su experiencia laboral que se encuentra en el Sigep II, durante el periodo 2020 – 2022, para validar si cumplía con los 15 años de experiencia que exige el artículo 264 de la Constitución para el cargo de magistrado”.
En una charla registrada por El Espectador, el abogado asegura que pudo haber imprecisiones, pues para cada nombramiento los requisitos son distintos, además, sus datos están en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, y estos corresponden a lo que se le exigió en ese momento.
Adicionalmente, se dice que Baquero fue nombrado gracias a la intervención del defensor del pueblo, Carlos Camargo, y aunque en el medio anteriormente citado negó esto último, si aceptó que el Partido Liberal lo apoyó, no obstante, esto también estará en indagación por parte de la Procuraduría.
Así lo detalla el ministerio público:
“De igual manera, el Ente de control indagará si se materializó un presunto conflicto de intereses por la firma de un contrato entre la Defensoría y la firma con la que trabajaba antes de su nombramiento en esa entidad. La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con la finalidad de verificar la ocurrencia de los hechos y determinar si son constitutivos de falta disciplinaria”.
Hasta el momento no hay ningún pronunciamiento por parte de Altus Baquero, ni del Consejo Nacional Electoral, pero, si es de conocimiento que la Procuraduría adelanta otra investigación contra el magistrado Álvaro Hernán Prada, sindicado por favorecer testigos en el caso que se le realiza al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
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