El Grupo Sura presentó un comunicado donde supuestamente estarían desmintiendo una información, sobre la idea de la junta directiva qué pretendía vender su participación accionaria en el Grupo Nutresa, estoy medio de la oferta pública de adquisición presentada por la multinacional IHC Capital. Aunque la compañía asegura que es mentira, los abogados del Grupo Gilinski presentaron un escrito, dónde aseguran que la gerencia ha presentado en las opiniones incorrectas que incurren en una desautorización, ilegítima, de las decisiones adoptadas por la junta directiva, lo que estaría truncando las investigaciones y funciones de autoridades competentes en este negocio, tema que tiene referencia con la renuncia de cuatro de los miembros de los altos mandos y qué obligó a una asamblea el próximo martes 22 de noviembre.
Todo se habría filtrado supuestamente por una carta de la alta gerencia y el presidente de Sura, Gonzalo Pérez, que al parecer solamente tenían acceso 3 personas, y dejaba ver la supuesta intención de la venta de las acciones. Esto se dio a la par de la salida de cuatro de los miembros de la junta directiva, Luis Javier Zuluaga Palacio, Sebastián Orejuela Martínez, Santiago Cuartas Tamayo y Pablo Londoño Mejía, entre otras causas porque fueron inhabilitados por la superintendencia de sociedades para participar en el negocio, hay más de un supuesto interés indebido por parte de algunos de estos.
En relación con esto la compañía asegura que en la sesión desarrollada el 10 de noviembre, no se conversó sobre aceptaron o la oferta pública de adquisición presentada por IHC, además quiénes tuvieron algunos de estos funcionarios, y precisamente que Santiago Cuartas Tamayo estuvo dentro de dicho encuentro, aunque sí leyó personalmente su carta de renuncia:
“En la reunión del 10 de noviembre no hubo una sesión de la Junta Directiva de Grupo SURA en la que se decidiera aceptarla OPA formulada por IHC para adquirir acciones de Grupo Nutresa S.A (…) como consta en sus cartas de renuncia que son de conocimiento público, pues se publicaron en la página web de la Compañía a solicitud y con autorización previa de los directores que renunciaron (…) No es cierto que Santiago Cuartas Tamayo, antiguo miembro de la Junta Directiva, haya participado en la supuesta Junta. Solo ingresó para leer personalmente su carta de renuncia, que ya había enviado por correo electrónico antes del comienzo de la reunión”.
Pues precisamente sobre estos enunciados, es donde se basa la defensa de Gilinski, en un comunicado que se hizo público a través del medio de comunicación del cual también es accionista, Semana, asegurando que las renuncias de esos miembros de la junta no han sido efectivas ya que la asamblea general no la has aceptado, ni aprobado, decisión que se tomaría hasta el 22 de noviembre. Soportando este según ellos en una sentencia de la Corte Constitucional advirtiendo qué sus salidas podrían incurrir en un delito penal que incluso estaría siendo incurrido por la compañía.
“Según lo ha explicado la Superintendencia de Sociedades desde 1988 hasta hoy, las renuncias de miembros de junta solo producen efectos cuando la asamblea las acepta. Esto, además, es consistente con la sentencia C-621 de 2003 de la Corte Constitucional. Por lo demás, si las renuncias no estuviesen supeditadas a la aceptación de la asamblea—como equivocadamente lo sugieren los cuatro directores del GEA—se violaría automáticamente el artículo 44 de la Ley 964 de 2005, que exige a los emisores de valores contar con juntas directivas de mínimo cinco miembros. La interpretación que proponen, entonces, viola también la ley”, señala lo expuesto por los apoderados de Gilinski.
Obviamente el pleito es mucho más extenso porque precisamente los abogados, punto por punto, dicen desmentir y presentar precisiones sobre la que se comenta en voz de la compañía, entre esa sobre presencia de asesores financieros, los mismos miembros de la junta, incluso hasta la decisión del voto de algunos de estos.
No obstante, Infobae trato de comunicarse con la compañía, quiénes contestaron qué las acusaciones serían presentadas ante el equipo jurídico, y que la única postura oficial es la presentada en el comunicado, que a continuación se presentará.
Por parte del Grupo Gilinski señalan que la alta gerencia de Sura no está por encima de la ley me pueden tomar esas decisiones tan arbitrarias qué pueden estar chocando con líos jurídicos:
“Si Gonzalo Pérez, Ricardo Jaramillo o Juan Luis Múnera consideran que las decisiones adoptadas por la junta directiva el 10 de noviembre de 2022 tuvieron algún vicio, les corresponde cuestionarlas judicialmente y no por vías de hecho, como hasta ahora lo han pretendido hacer”, concluyen en su comunicado.
Este es el comunicado de Sura:
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