El pico más alto de masacres en Colombia en 2022 se registró durante los primeros 100 días del mandato del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. Además, las cifras oficiales mostrarían un subregistro de homicidios colectivos, con respecto a los datos que ha recabado la sociedad civil. Estas son algunas de las conclusiones a las que llegó la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en su informe de gestión sobre este arranque de periodo presidencial.
Según el reporte de Pares, entre el 7 de agosto —fecha de la posesión de Petro— y el 27 de octubre ocurrieron 32 masacres, mientras que el Ministerio de Defensa apenas llevaba 25 en su cuenta. En agosto ocurrió el pico de masacres de este periodo: 16 casos. La cifra se redujo a la mitad en septiembre y bajó a siete en octubre.
Los departamentos con más casos fueron Cauca y Valle del Cauca, con cinco masacres respectivamente, seguido por Atlántico (cuatro casos), Bolívar y Bogotá (tres casos respectivamente). En total, hubo masacres en 14 de los 32 departamentos del territorio nacional y las zonas más vulnerables fueron las de costa y frontera.
Además, el número de casos y víctimas de masacres y desplazamientos forzados también va en aumento. En el caso de los confinamientos forzados, el número disminuyó a nivel nacional pero está concentrado —y en aumento— en tres departamentos, principalmente en regiones habitadas por poblaciones indígenas y afrocolombianas.
Para Pares, la situación de violencia en estos 100 días no habría cambiado mucho en los territorios. En general, señaló el informe, “ninguna de las experiencias previas de sometimiento a la justicia, ni tampoco los procesos de paz anteriores en Colombia, han logrado evitar que nuevas violencias organizadas se conformen. Esto fue claro en grupos que se conformaron después de procesos de desmovilización o sometimiento, como el Clan del Golfo o AGC”.
Con todo, la organización destacó los esfuerzos que se han adelantado para el restablecimiento del orden, como la modificación a la Ley 418 de 1997 —conocida como Ley de Paz Total—, la implementación de los acuerdos con la extinta guerrilla de las FARC y los acercamientos con grupos armados de orden político, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
“Son una ventana de oportunidad para promover y generar un gran diálogo nacional, no solo alrededor de este proceso con el ELN, sino ampliamente alrededor de la paz a lo largo del país. Esto requiere una participación de diversos sectores sociales”, señaló Pares sobre los diálogos con este grupo subversivo.
Desorganización en el Ejecutivo, peor no en el Legislativo
El informe de la fundación también señaló que el gabinete ministerial de Gustavo Petro es diverso en ideología, reconocimiento político, origen y cercanía con el presidente Petro. Sin embargo, subrayó que tienen problemas para hacerse entender ante la sociedad —incluso, manifestarse sin contradecirse— y para materializar sus propuestas.
Sin embargo, destacó la disciplina de la bancada de Gobierno en el Congreso, que está aprobando en gran medida las reformas propuestas por el gobierno Petro, versus una oposición sin liderazgo ni norte claro, con apenas dos proyectos de acto legislativo radicados de poco o nulo impacto para los colombianos del común.
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