Luz Marina Bernal, una de las madres de Soacha, cuestionó las decisiones de la JEP por los falsos positivos

Luz Marina Bernal, una de las líderes denunciantes de la ejecuciones presentadas como bajas en combate, conocidas como ‘falsos positivos’, rechazó que la Jurisdicción Especial para la Paz haya emitido Resolución de Conclusiones para el subcaso de Norte de Santander, donde fue asesinado y desaparecido su hijo en el 2008 por miembros del Ejército Nacional, por considerar que fue una decisión apresurada y que podría llevar a la impunidad.

“No no todas las víctimas estamos de acuerdo con esta decisión. Ni hemos participado, por lo que la Magistrada Catalina Díaz miente cuando lo afirma, queriendo silenciar con ello las voces que, como la mía, desde el primer momento manifestamos nuestro rechazo a que los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos por agentes del Estado, - como es el caso de la desaparición forzada y asesinato de mi hijo-, fuesen competencia de esta Jurisdicción”, manifestó Bernal a través de un comunicado.

“Sospechábamos entonces y ahora confirmamos que la JEP solo nos traería más impunidad, abriendo el camino para anular las pocas sentencias obtenidas en la Justicia Ordinaria tras tantos años de lucha”, señaló la madre de Fair Leonardo Porras Bernal, quien fue asesinado por miembros del Ejército en Ocaña, Norte de Santander, el 12 de enero de 2008.

“Muchas son las familias que aún esperan saber qué sucedió con sus familiares desde que desaparecieron. Familias que como consecuencia de estas decisiones apresuradas y autoritarias, puesto que la propia Resolución de Conclusiones niega la posibilidad de recurrirla en su último punto, van a tener más difícil, sino imposible, iniciar investigaciones judiciales y reclamar sus derechos”, señaló Bernal.

La madre de una de las víctimas de ejecuciones ilegítimas presentadas como bajas en combate y desaparición forzada, del subcaso de Norte de Santander del caso 003 de la JEP, rechazó la primera resolución de conclusiones de esa investigación por parte del Tribunal Especial.

Con este documento, la Sala de Reconocimiento de Verdad remitió al Tribunal para la Paz a 11 imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad, 10 de ellos miembros del Ejército Nacional, un brigadier general, cinco coroneles y otros cuatro oficiales y suboficiales, además de un civil que sirvió de reclutador.

Sin embargo, en el caso de Leonardo Porras Bernal, según la madre, el Mayor, el Teniente, el Cabo Segundo Segundo y otros tres soldados que participaron en su asesinato quedaron por fuera de la imputación, no han entregado verdad sobre el caso y tienen el beneficio de libertad otorgado por la JEP.

Bernal asegura que hay inconsistencias en las cifras de las víctimas para la región priorizada de Norte de Santander, por cuanto en el listado de víctimas del Tribunal hay 30 que no han sido incluidas, así como informes de Medicina Legal sobre otras 39 que no han sido verificadas para incluirlas en el caso.

“Se están aprovechando de nuestro deseo a construir un país en paz con el único fin de encubrir una política de impunidad para los agentes del Estado”, señaló Bernal, quien exige que pese al perdón que se ofreció tras la firma de los Acuerdos de Paz, los crímenes deben ser investigados exhaustivamente.

“El Comandante Juan Carlos Chaparro Chaparro, quien incompresiblemente hace parte actualmente, como así lo reconoce él mismo, de la reserva activa del Ejército tras 27 años de servicio (...) a pesar de que la JEP lo responsabiliza como coautor de 26 homicidios y 12 desapariciones, incluida la de mi hijo; a pesar de que siga justificando constantemente su actuar criminal. A pesar de todo ello, la JEP lo premia con beneficios que implicarán que jamás esté ni un solo día en prisión y que las víctimas tengamos casi que agradecerle que hable, aunque no diga nada que no sepamos”, expuso Bernal al respecto.

La víctima asegura que no hay verdad completa, detallada y exhaustiva como asegura la Resolución emitida por la JEP para el subcaso. Plantea inconsistencias en el manejo de las cifras reconocidas y las contrastadas por la Sala de Reconocimiento, así como hay inconsistencias entre los informes del CTI, para el caso puntual de su hijo, y lo que han dicho los comparecientes o han consignado los investigadores.

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