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En los últimos años, la Federación Colombiana de Fútbol se ha visto inmiscuida en diferentes escándalos económicos que han desatado la indignación en los aficionados del balompié nacional, que a día de hoy exigen una reforma desde la raíz a la institución reguladora de este deporte en el país.
El presidente de la federación, Ramón Jesurún, junto con el presidente de la Difútbol Álvaro González Alzate, el pasado 15 de noviembre recibieron una noticia que los volvió a poner en el lado oscuro de las polémicas. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio, la demanda presentada por los directivos de la federación con el objetivo de limpiar su buen nombre.
El caso en el que estos están involucrados es el del cartel de la reventa de boletas para partidos de la selección Colombia en las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. En este escándalo, tanto Jesurún como Alzate fueron hallados culpables de liderar el cartel.
No obstante, en las últimas horas, el exsuperintendente de Industria y Comercio, Pablo Robledo, mismo quien dio inicio a la investigación, en conversación con Caracol Radio afirmó que a pesar de que las sanciones económicas se hayan mantenido, en el aspecto penal los miembros de la federación involucrados en el escándalo están disfrutando de absoluta impunidad:
“Ha habido absoluta impunidad respecto a los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación. Entre ellos Ramón Jesurún, Luis Bedoya y Álvaro González, las investigaciones contra ellos, desde el punto de vista penal, están en el sueño de los justos. Allá no pasa nada”
Posteriormente, explicó que la investigación realizada por la Superintendencia fue tan exhaustiva que delimitaron todos los detalles para que las sanciones y penas más severas caigan ante los responsables; no obstante, ninguna acción en específico se ha aplicado:
“La investigación de la Superintendencia muestra cuál fue el papel de cada una de las personas que fueron sancionadas y las tiqueteras. Hay hechos que involucran directamente a los sancionados entre ellos Bedoya, González y Jesurún, pero no ha pasado nada”.
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Finalmente, afirmó que aparte de hacer parte del cartel de reventa de boletas, que terminó beneficiando a los altos ejecutivos del fútbol colombiano, también existe un rumor de una posible comisión por $3.000 millones de pesos por la adjudicación del contrato a las empresas Ticketshop y TicketYa, no obstante, esta situación no está bajo investigación y representa para Robledo un aspecto preocupante:
“Más allá del tema de la reventa, siempre ha existido, y es una información que se sabe por qué el anterior fiscal la mencionó, el rumor respecto a la posible existencia de una coima de 3.000 millones de pesos en los que varios miembros del Comité Ejecutivo (de la Federación) habían recibido cada uno mil millones por adjudicar el contrato de la boletería a Ticketshop, que detrás estaba la empresa barranquillera de Yamhure: Ticketya. De eso, la Fiscalía no ha vuelto a decir una sola palabra. El supuesto soborno es un tema adicional a la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio”
Cabe recordar que en medio del proceso de investigación del caso, la fiscal asignada Yajaira Cáceres tuvo que ser retirada del mismo debido a que aprovechó la cercanía con el mismo para pasar a su esposo y amigos como agentes del CTI y de esta forma obtener boletas a los partidos del combinado nacional.
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