Una de las banderas del Gobierno de Petro es eliminar por completo el uso del glifosato. Por eso, planea la manera de tumbar el decreto 380 de 2021, firmado por el gobierno de Iván Duque, con el cual retomaba la aspersión aérea con el mencionado químico para erradicar cultivos ilícitos.
En esa norma se establecían las áreas en las cuales no se podía aplicar el herbicida, como zonas del Sistema Parques Nacionales Naturales, Parques Naturales Regionales, los Parques Naturales Regionales, los centros poblados, y ecosistemas estratégicos como páramos, humedales categoría Ramsar y manglares.
Según ese decreto, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Instituto Nacional de Salud (INS) realizarían un seguimiento continuo a los efectos del uso del glifosato sobre el medio ambiente y la salud con el fin de entregar informes al Consejo Nacional de Estupefacientes para que este evalúe los resultados y tome decisiones en torno a los mismos.
Pero el decreto que plantea el Gobierno de Gustavo Petro busca tumbar el anterior, valiéndose de solamente un artículo. El motivo es el siguiente:
“Que la posición actual del Gobierno nacional frente a la aspersión aérea ha cambiado y se decidió no hacer uso del herbicida glifosato en método de aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos, razón por la cual, los asuntos regulados por el Decreto 380 de 2021 pierden su objeto, y, por tanto, debe procederse a su derogatoria”.
Los cambios de política en el uso del glifosato en Colombia
El gobierno de Iván Duque hizo varios esfuerzos para conservar la aspersión aérea con glifosato. Incluso, a pocas semanas para la posesión de Petro, en junio de 2022, compró 263.000 litros del herbicida, por un valor de 12.500 millones, a pesar de que durante su campaña, el entonces presidente electo había dicho que no lo usaría.
La política de drogas de Petro busca estar enfocada en la erradicación manual, según lo ha manifestado el mismo presidente y su ministra de Ambiente, Susana Muhamad.
El uso de este herbicida había sido detenido por el gobierno de Juan Manuel Santos en 2015. Sin embargo, Duque los intentó retomar durante su gobierno. El obstáculo que tenía era la sentencia T-236 de 2017 de la Corte Constitucional, que exigía una consulta previa a las comunidades afectadas antes de efectuar las fumigaciones.
Por eso, en abril de 2021 expidió el decreto que hoy busca tumbar la administración de Petro, que fue aprobado por la Anla, en el que establecía un plan de manejo ambiental que permitiera el uso del glifosato.
Para cumplir con el requisito de participación ciudadana, la Anla adelantó una reunión virtual, pero no tuvo en cuenta que muchos de los ciudadanos no contaban con las herramientas tecnológicas para acceder, por lo cual varias organizaciones de derechos humanos interpusieron una tutela y la Corte Constitucional falló a su favor.
Otro intento de Duque para retomar la aspersión con glifosato fue en 2020, cuando el Ministerio del Interior expidió una resolución argumentando que no era necesario adelantar consultas previas en las áreas de intervención porque no eran habitadas por comunidades étnicas. No obstante, varias comunidades afrodescendientes y de indígenas de Nariño presentaron otra tutela y el Tribunal Superior de Pasto falló a su favor, suspendiendo las aspersiones en enero de 2021.
De igual manera, la Corte Constitucional tumbó en enero de este año la determinación del Ministerio del Interior de Duque al recibir varias tutelas de organizaciones campesinas buscando defender su derecho a la participación.
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