Hace algunas semanas, el Ministerio de Minas y Energía firmó el “Pacto por la Justicia Tarifaria” con las empresas de energía del país, esto con el fin de que se reduzca el valor del consumo para los colombianos, especialmente en zonas como el Caribe donde el valor del recibo era impagable para muchos de sus habitantes, pasado un tiempo, el presidente, Gustavo Petro, se refirió al tema y aseguró que en la reducción de los precios, también, se encuentra una medida antinflación; además, en medio de la emergencia por lluvias una de los puntos positivos es que los embalses están llenos.
En este sentido, el mandatario cuestionó el precio y aseguró que no se entiende como sabiendo que en el país la energía se crea de forma hidráulica, los precios no puedan bajar:
“Hay un porcentaje de la tarifa de energía eléctrica en Colombia demasiado alta basado en la especulación. No se entiende como teniendo todos los embalses llenos y repletos estemos pagando 400 pesos el kilovatio-hora como si no tuviéramos agua generando energía”, afirmó el presidente.
Tras su crítica, pidió a las empresas que actúen: “El diferencial es especulación y hay que actuar, porque la electricidad es un insumo general de la producción y produce un efecto inflacionario en todos los productos de la canasta familiar”, agregó el mandatario.
Recordemos que hace un mes la viceministra de energía, Belizza Janet Ruiz Mendoza, explicó qué se está pensando en cambiar los indicadores económicos para reducir el impacto que puedan tener los cambios en las tarifas:
“En el corto plazo, se está considerando la posibilidad de elegir un indicador económico más favorable que reduzca el impacto negativo en la tarifa. Para el mediano plazo, estamos construyendo un indicador específico para el sector eléctrico que nos permita lograr la justicia tarifaria en el país”, anotó la viceministra.
Adicionalmente, el gobierno explicó que se buscará un nuevo esquema tarifario y de regulación, que les permitirá a dichas compañías a bajar los costos, sin tener una gran implicación, al menos desde sus intereses económicos.
“Es responsabilidad de este Gobierno velar por una justicia tarifaria, en la que los usuarios pueden acceder a la energía a costos razonables. Además, los usuarios tienen derecho a un servicio de calidad, en el cual las empresas hagan las respectivas inversiones con las cuales se comprometieron y así podamos mejorar la calidad de vida de todos los colombianos”, resaltó la ministra Irene Vélez Torres.
Con el paso de los días, varias empresas han dicho que comenzarán con la reducción de las tarifas, caso de las Empresas Públicas de Medellín, Aire - Energía, entre otras, que se han sumado al pacto, lo que llevó a que la Asociación nacional de Empresas de Servicios Públicos, Andesco, unir a todos sus afiliados a dichas disposiciones.
Según explicaron, en total son 32 los afiliados, que unánimemente decidieron bajar las taridas, que empezarán a notarse esos cambios a partir del próximo mes de noviembre, que busca el alivio de los usuarios, y en parte de la economía nacional.
“Si bien esta situación no ha sido generada por el sector, este ha hecho esfuerzos significativos para coadyuvar a la solución. La mayoría de los comercializadores han financiado estos incrementos y, desde Andesco, en conjunto con sus empresas afiliadas, que representan todas las actividades de la cadena de prestación, se ha trabajado de manera propositiva desde hace varios meses en soluciones para mitigar los impactos hacia los usuarios. Además, la Asociación lideró las primeras propuestas de corto y mediano plazo que presentó el sector al Gobierno y participó en las diferentes mesas de trabajo”, destacan desde Andesco.
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