Esta semana inicia el trámite de la reforma política del Gobierno de Gustavo Petro para la primera vuelta en la Cámara de Representantes. El texto ha despertado varias polémicas en sus primeros debates y se han destacado algunos objetivos loables en el propósito de transformar el sistema de representación.
La discusión inició en la Cámara con una audiencia pública en la que se espera conocer la ponencia que se discutirá en la Comisión Primera. En esta intervinieron expertos y otros sectores sociales relacionados con el texto, quienes criticaron y aportaron a la formulación de la reforma política.
“Es una reforma sencilla, que no pretende abarcar la totalidad de los temas constitucionales sobre la materia”, señaló el ministro Prada. Anunció que esperan que el debate se desarrolle entre esta y la otra semana, por lo que centrarán los esfuerzos para sacar la iniciativa a su segunda vuelta por el Congreso.
Este es el tercer debate de los ocho que requiere el proyecto para ser aprobado en le Congreso, debido a que es un Acto Legislativo que modifica la Constitución. Sin embargo ya se advierten varios artículos que están en medio de la polémica que ha rodeado la formulación de la norma.
Por ejemplo, la propuesta de extensión de los periodos de los periodos de elección popular de 4 a 5 años que elevó la discusión durante el fin de semana. Fue Heráclito Landinez, coordinador ponente, quien anunció que estaba incluido en la reforma y se despertó la polémica.
En la audiencia pública, el ministro del Interior Alfonso Prada, señaló que “ese no es un tema que haya propuesto el Gobierno”. “El gobierno no es quien para vetar un solo tema que los congresistas quieran proponer en el debate, y el debate que van a proponer es plenamente legítimo. Cada figura la estudiaremos en el marco del debate, no necesariamente avalándola o no, pero sí creemos que el Congreso es el escenario democrático para debatir todas las iniciativas que se presenten que pretendan mejorar la actividad de los partidos políticos, la democracia y el sistema electoral”, señaló.
La extensión de los periodos, según explicó Landinez, es una proposición presentada por la bancada del partido Conservador. Busca regir como una extensión de los periodos de gobierno de alcaldes, gobernadores, congresistas, concejales y diputados a partir de 2026, por lo que no cobijaría a los que ocupan esos cargos en la actualidad.
Luis Eduardo Díaz, senador conservador, señaló que llevaron la proposición en reunión con ponentes y el gobierno, para que los próximos cargos elegidos tuvieran periodos de 5 años. “Esto lo han tomado como si quisiéramos nosotros prorrogar por un año más el mandato del presidente Gustavo Petro o prorrogar el mandato de los alcaldes actuales, cosa que es inconstitucional porque el constituyente primario, que es el pueblo, dio un aval y votó por 4 años”, sostuvo.
Otras polémicas de la iniciativa
Uno de los hechos que más ha despertado oposición, en especial por parte del Centro Democrático en el debate del Senado, es el ‘transfuguismo político’. Esto debido a que el proyecto plantea autorizar el cambio de partido sin incurrir en doble militancia o inhabilidades solo por una vez en el 2026 en un parágrafo transitorio del artículo 1. Además, reduce el periodo de inhabilidad para cambiar de partido y presentarse a elecciones por otro a 6 meses.
Para la oposición, esta situación busca fortalecer al Pacto Histórico como la primera fuerza política del país, de cara a las próximas elecciones nacionales. Cuestionan que, en lugar de fortalecer los partidos, los debilita y los sometería a una reorganización de cara a las próximas contiendas electorales, tras un periodo en el que triunfaron las coaliciones por encima de los colectividades.
Otro punto que no ha caído del todo bien es que establece el voto obligatorio, como fue una de las iniciativas de Ariel Ávila en el Senado, pero lo tumbó la plenaria. Sin embargo, se reviviría en la Cámara como una nueva propuesta, para combatir la abstención, aunque para algunos no sería efectivo.
Transparencia Por Colombia señaló que no se establecen mecanismos de rendición de cuentas de los partidos políticos, para el reporte de los recursos públicos y de distintas fuentes de financiación. Se cuestiona que las excepciones para que los Congresistas pasen a ser funcionarios del Gobierno, pueden generar intromisión indebida entre ambos poderes, conflictos de interés para el control político y en definitiva una puerta giratoria que desequilibra los poderes.
Entre los puntos destacados de la propuesta, se ha reconocido como un avance democrático la financiación preponderantemente estatal de los partidos y las campañas políticas, con gasto razonable. Además, se destacan los mecanismos para la paridad en la participación de mujeres en las campañas electorales, pues se establecen listas cerradas y paritarias con alternancia de género, así como otros incentivos para los partidos, que han sido destacados también por el Consejo Nacional Electoral.
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