La guerra esmeraldera y los vínculos de Víctor Carranza con paramilitares para defender sus minas

“No fue inesperado que grupos paramilitares asociados a narcotraficantes y esmeralderos entraran a la región para disputar el creciente poder que las FARC ejercían sobre el negocio de la coca”. De esta manera la Comisión de la Verdad empieza a explicar la forma en que agentes paraestatales se tomaron el control de buena parte de la Orinoquía para hacerle frente a las guerrillas que, además de disputarse el poder, extorsionaban a ganaderos y buscaban acaparar las rentas del narcotráfico.

Eso fue por los años 80. En esa década se crearon varias autodefensas en Meta, Guaviare, Caquetá y Vichada como respuesta a la llegada intempestiva de narcotraficantes y esmeralderos. Estructuras como Muerte a Secuestradores (MAS) y Muerte a Bazuqueros fueron algunas de las que estuvieron aliadas con las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) y el cartel de Medellín. En ese sentido, la Comisión también apunta que las economías ilegales de la región permitieron el fortalecimiento no solo de esos grupos, sino también de un modelo político, social y económico.

A eso se sumó que el paramilitarismo permeó el poder político a través de las relaciones entabladas con dirigentes locales, gamonales y hasta con agentes de la fuerza pública. Este fenómeno ya estaba asentado desde antes: en los años 70, grupos armados locales se aliaron con los cuerpos de seguridad de los hatos ganaderos relacionados con Gonzalo Rodríguez Gacha y el esmeraldero Víctor Carranza, que de acuerdo con registros de la Comisión tuvieron nexos con las ACMM encabezadas por Henry Pérez, para mantener seguras las rutas del narcotráfico y laboratorios de procesamiento de cocaína.

Pérez, enemigo natural de las Farc, también llevó una intensa lucha con Pablo Escobar. Para ellos no cumplió el dicho El enemigo de mi enemigo es mi amigo, pues a pesar de que ambos tenían como principal objetivo debilitar las guerrillas, luego de la muerte de Rodríguez Gacha las autodefensas aceleraron un proceso de desvinculación con el narcotráfico que se venía adelantando de antes. De acuerdo con una nota de prensa de El Tiempo publicada en 1991, esto libró una guerra con Escobar que terminó con el abatimiento del capo en Medellín.

Pero antes de esa desnarcotización hubo ganaderos que construyeron laboratorios en sus fincas, así como pistas para exportar la droga. En entrevistas hechas por la Comisión, pobladores sikuani, que habitan el Orinoco, afirmaron que las grandes rentas que dejaba la producción y venta de estupefacientes fueron legalizadas —o lavadas— a través de la ganadería y compra de tierras, despojando a indígenas y campesinos de sus terrenos para adquirirlos a las buenas o las malas. En algunos casos los desplazamientos se realizaron con complicidad de agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Rural.

“En el año 82 llegaron los Felicianos, Óscar, dizque comprando las tierras, [...] pero antes generaron temor: ‘El que no me venda, yo le compro a la viuda’. Entonces, casi hacían fila para decirle: ‘Cómpreme o camine le entrego’”, le dijo un campesino a la Comisión. Otra mujer entrevistada confirmó que en varias ocasiones, los terratenientes estaban respaldados por el DAS para la compra y despojo de tierra y ganado.

Estos procesos se dieron con facilidad para los despojadores. “La verdad porque el DAS trabajaba con ellos. Es que tenemos un oficio dentro del proceso que el mismo DAS dice que no se pudo d’entrar a la finca porque había grupos paramilitares allá. ¿Cómo se le va a ocurrir al comandante del DAS dar un oficio de esos, firmando con sello del DAS y todo?”. En cambio, a muchos indígenas los acusaron de ladrones, entre ellos a los sáliba. Les dijeron que tenían que desocupar sus propios terrenos porque supuestamente se los habían robado. A esas diligencias eran enviados “los policías, los arrudales, esos que se vestían de azul”, refiriéndose a los agentes del DAS Rural.

El zar de las esmeraldas empezó a comprar tierras en los 70 y en la década siguiente se expandió por el Casanare. Al mismo tiempo creció el pie de fuerza de Los Carranceros, un cuerpo privado de seguridad tan grande que llegó a un punto de desconocerse cuántos integrantes tenía. Por su parte, Rodríguez Gacha junto con Leónidas Vargas, un reconocido narco caqueteño, formaron los primeros grupos paramilitares presentes en el piedemonte de ese departamento.

Según la Comisión, esas alianzas y el crecimiento de las rentas ilegales sembraron un sentimiento antiguerrillero, generando como primer corolario una fuerte reacción ante los secuestros, extorsiones y ataques a haciendas perpetradas por el ELN y las Farc. Ante esta, un ganadero que tuvo nexos con el narco relató cómo fueron las presiones de la guerrilla y la respuesta paramilitar liderada por El Mexicano, como también se le conocía a Rodríguez Gacha.

“A raíz del conflicto allá me robaron; la guerrilla, antes de entregarme la finca, cuando me la decomisaron, se llevaron todo el ganado que tenía. Más o menos como ochocientos y pico de animales. […] Llegó Gacha y llevó en avión a un batallón de paramilitares, de matones por allá, y eso se puteó ese llano. Ellos iban era a combatir únicamente a la guerrilla […] A mí me tocó recibir gente allá, ¿sí? Darles de comer y tenerlos”, contó el entrevistado, cuya identidad fue protegida por la Comisión.

Las guerrillas también atacaron minas propiedad de Carranza; de ahí la respuesta del esmeraldero a través de grupos paramilitares guiados por Gacha. Esta dinámica se extendió desde finales de los 70 hasta mediados de los 90.

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