Una victoria y un remanente en medio de los amenazas que ha recibido en las últimas semanas recibió la senadora Aida Quilcué: la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) anunció que aceptó que 33 militares que habrían asesinado a su esposo, José Edwin Legarda, en 2008.
Fue en una decisión que conoció la emisora W Radio en la que la Sala de Definición de la JEP determinó que los uniformados del Ejército se someterán a esa justicia luego de ser presuntamente implicados en el asesinato de Legarda, a quien primero hicieron pasar como un falso positivo.
Los hechos ocurrieron en el municipio de Totoró, Cauca, cuando la víctima se movilizaba en una camioneta y, de acuerdo a las versiones oficiales, los militares le dispararon indiscriminadamente. Desde entonces, se han analizado múltiples hipótesis y esta reciente decisión se dio porque la Procuraduría General de la Nación evaluó el proceso y evidenció inconsistencias en el mismo.
Por ello, mediante ponencia del magistrado Pedro Elías Díaz, se evidenció que la muerte del esposo de la actual congresista sí fue una ejecución extrajudicial cometida por militares y por eso era competencia de la JEP investigar lo sucedido.
“Se tiene que el homicidio en contra del señor José Edwin Legarda Vásquez se encuadra en los supuestos de las ejecuciones extrajudiciales, toda vez que se presentó como una operación militar en apariencia legítima y sobre los cuales, la Jurisdicción Ordinaria condenó a algunos de estos comparecientes al encontrarlos penalmente responsables por los hechos referenciados”, reza la decisión del tribunal de paz.
Luego de la decisión, el togado fijó 15 días para que los presuntamente implicados expliquen sus versiones sobre este hecho, que se dio en el marco del conflicto armado que tanto azotó a Colombia. Si en este tiempo no comparecen ante la JEP, los militares podrían perder los beneficios que otorga la JEP por las contribuciones a la verdad, según documentó la emisora citada.
Es más, el magistrado Díaz le pidió a los uniformados que modifiquen el plan de colaboración con la JEP porque para la senadora Quilcué, así como para los familiares de la víctima, la medida y demás aportes que han hecho los implicados no los repara.
Hay que recordar que la congresista por la Circunscripción Especial Indígena - MAIS ha sido amenazada en múltiples oportunidades. El asesinato de su esposo ha sido muestra de la persecución política que enfrenta desde hace años en el país.
Quilcué ha sido consejera mayor de la CRIC y de la Organización Nacional Indígena de Colombia. De hecho, en enero de este año, cuando competía por la curul que hoy tiene en el Senado, aseguró que en más de 100 oportunidades había sido víctima de conminaciones contra su vida.
La más reciente ocurrió a finales de octubre de este año cuando se movilizaba por su natal Cauca en su camioneta. “Acabo de sufrir un atentado, disparan a la camioneta en la que me movilizo cerca de Guadualejo - puerto valencia, Tierradentro Cauca”, denunció en su cuenta de Twitter.
De acuerdo con lo dicho por la congresista fueron al rededor de 6 impactos de bala los que recibió la camioneta de su esquema de seguridad. Quilcué, además, es líder indígena nasa y es originaria del resguardo Piçkwe Tha Fiw, en el municipio de Páez, Tierradentro.
Una vez se conoció sobre el atentado que recibió en las horas de la tarde del sábado 29 de octubre, varias personalidades de la política nacional se refirieron al hecho. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, escribió: “Rechazo el aleve atentado contra la Senadora Aida Quilcué, expreso mi solidaridad y me alivia saber que salió ilesa. Tenemos que construir rápido la paz total”, sostuvo el funcionario.
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