El exterminio de la Unión Patriótica, la persecución estatal y el reclutamiento de ‘paras’ y guerrillas en Bogotá y sus alrededores

“A cuánto riesgo estuvimos expuestos por estar en el centro de un conflicto que no era nuestro, pero que no podíamos hacer nada para evitarlo”, le dijo María Belarmina Mora a la Comisión de la Verdad. Ella fue la única sobreviviente de la masacre perpetrada a la familia Palacios en agosto de 1991 en Fusagasugá. De hecho, ese fue uno de los dos acontecimientos más violentos en ese municipio a comienzos de los años 90 y que se sumó a los cientos de crímenes contra integrantes de la Unión Patriótica —UP— y el Partido Comunista Colombiano.

Sobre las 2:45 a.m. del 19 de ese mes, varios hombres que vistieron prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares rompieron con la tranquilidad de la vivienda familiar y asesinaron a don Antonio Palacios, de 65 años e integrante de la UP, y a sus hijos Yaneth, su esposo Rodrigo; Blanca y Camilo. De acuerdo con las investigaciones, los sujetos que portaban fusiles rodearon la casa para evitar que sus víctimas pudieran escapar. Nunca antes había ocurrido una masacre de tal magnitud en el pueblo, según relató El Tiempo en ese año.

En total llegaron a esa casa del barrio Comuneros cerca de 30 hombres en dos camionetas blancas, todos con prendas oficiales. En la casa fueron hallados siete cuerpos baleados: los cinco de la familia Palacios y dos más que fueron llevados vivos hasta ese lugar para matarlos también. Después de aquella masacre, las Fuerzas Militares afirmaron que habían muerto en medio de combates con las Farc, pero las indagaciones de la Dijin presentaron otro dictamen:

“En ningún momento se presentó intercambio de disparos y que los obitados lo fueron encontrándose tendidos en el piso e inmóviles y que los disparos los recibieron a distancia máxima de un metro y todos con explosión craneoencefálica”, concluyó la entidad tras las pesquisas. Meses después, y de acuerdo con un testimonio entregado a la Comisión, se determinó que altos oficiales de la decimotercera brigada del Ejército (con sede actual en Bogotá) tuvieron responsabilidad en esa masacre.

“Nuestro pecado era ser de la Unión Patriótica, pero usted y todos sabemos que eso no es ningún delito”, dijo María Belarmina en un informe de fondo de la CIDH. Ese hecho marcó una seguidilla de ataques contra integrantes de la Unión Patriótica y simpatizantes del PCC. Según cifras de la Corporación Reiniciar adjuntas en el informe de violencia contra miembros de la colectividad de izquierda, entre 1990 y 1991 pasaron de 7 casos a 18 de atentados en Bogotá y Cundinamarca, y de 26 a 56 en el conjunto de la región Centro (Boyacá, Tolima y Huila). También fue evidenciada la responsabilidad de agentes del Estado.

Otros testimonios compilados por la entidad nacida del Acuerdo de Paz firmado en 2016, datan que sumado a la represión estatal (en Bogotá, por ejemplo, el Batallón de Alta Montaña de Sumapaz reprimió a militantes de la UP en la capital del país), guerrillas y grupos paramilitares cometían diversas violaciones a los derechos humanos, incluyendo el reclutamiento forzado. Según Reiniciar, entre los años siguientes a la masacre de Fusagasugá, (1991 y 2002), en la región Centro se presentaron 517 hechos de violencia contra militantes de la UP.

En Tolima, la persecución y exterminio fue contra la Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores del Norte del Tolima, cuyos miembros protestaron de manera intensa en los años 90 debido a la crisis del sector cafetero generada por la apertura económica impuesta en el gobierno de César Gaviria y la firma del Pacto Internacional del Café en 1989. Se llevaron a cabo foros agrarios y paros que duraban semanas enteras, en donde exigían la condonación de deudas y la entrega de subsidios para frenar la plaga de broca y la inversión en el campo a través de proyectos productivos.

La fuerza pública, de acuerdo con la Comisión, estigmatizó esta y otras movilizaciones sociales afirmando que detrás estaba la guerrilla. Se llegaron a acuerdos con los gobiernos de Gaviria y Samper y pese a que no se cumplieron en su totalidad, sí hubo beneficios como la condonación de algunas deudas y convenios realizados con Bancafé, el Comité de Cafeteros y la Caja Agraria.

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