La Dirección Especializada contra los delitos fiscales de la Fiscalía y un equipo de la Policía Fiscal y Aduanera fueron los encargados de efectuar la captura en contra de cuatro sujetos que integraban una organización criminal dedicada al contrabando. La red es señalada por las autoridades de mover cuantiosos cargamentos tanto de celulares de alta gama, como réplicas de los mismos.
La operación que permitió la desarticulación de la banda criminal, se desarrolló en Barranquilla (Atlántico). Desde allí funcionaba la organización que, entre los años 2010 y 2019, lograron ingresar al país los teléfonos móviles desde países como Vietnam, China, Finlandia, Holanda, República de Corea, Estados unidos, Panamá e India, según precisa la Fiscalía General de la Nación.
Las personas capturadas fueron identificadas como Álvaro Yazid, Miguel Ángel Vargas, Maritza Ruiz, y María Estela Granados, quienes fueron presentados ante un juez de control de garantías de la ciudad de Barranquilla para legalizar su captura. El ente investigador imputó los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, contrabando y lavado de activos.
Además de la detención de estas personas, la Fiscalía General de la Nación allanó un amplio número de lujosos apartamentos en la capital atlanticense, propiedades que hacen parte del acerbo probatorio en el proceso en contra de los sindicados.
Por cuenta de esta operación ilegal, los contrabandistas habrían percibido ingresos por más de 146 mil millones de pesos, aunque, se estima por parte de las autoridades que el fraude al Estado por no reportar legalmente los elementos ingresados puede acrecentar mucho más.
De igual forma, las autoridades lograron comprobar la consolidación de una empresa constituida ilegalmente en Barranquilla, misma ciudad en la que se comercializaban de manera ilícita los equipos tecnológicos. Asimismo, el ente investigador comprobó que la mercancía era ingresada al territorio nacional por medio de declaración de precios que estaban por debajo de los valores fijados comercialmente. Por lo que, presuntamente, adulteraban las facturas con el fin de pagar menos impuestos.
Además, dentro del material probatorio hallado, se logró establecer algunas anomalías que tenían las declaraciones de renta presentadas por este grupo de personas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), de esta manera era como los procesados habrían incrementado su patrimonio injustificadamente.
La Fiscalía General de la Nación resaltó que el actuar delictivo por parte de esta organización criminal generó una competencia desleal entre los demás comerciantes y una grave afectación a la industria nacional dedicada a esta actividad económica.
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