En los últimos minutos se conoció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrirá una investigación administrativa contra el exgobernador de Boyacá y exprecandidato presidencial Carlos Amaya.
En la decisión también se estableció que se le formulará pliego de cargos al político, como al Partido Dignidad por haber, presuntamente, violado los topes de campaña de la Consulta Presidencial de la Coalición Centro Esperanza del pasado 13 de marzo.
La resolución la dictó la magistrada Alba Lucía Velásquez. En el documento se alegaría que Carlos Amaya habría reportado como gastos de campaña $2.860.244.525, excediendo de esta forma el tope de gastos individual fijado en la Resolución 1678 de 2021, que establece la suma de $ 2.853.652.049.20. Eso significa, que el candidato habría gastado cerca de seis millones de pesos más que lo autorizado por la autoridad electoral.
En la Consulta Presidencial de la Coalición Centro Esperanza participaron estos cinco candidatos: Carlos Amaya, Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo, Sergio Fajado y Alejandro Gaviria.
Respecto a la sanción contra el Partido Dignidad, el CNE señaló que “si bien la suma de gastos hecha por los dos precandidatos avalados por esta organización (Jorge Enrique Robledo y Carlos Amaya), no superó los límites de forma colectiva, sí posee responsabilidad al no evitar que se sobrepasaran los topes individuales, por lo que acarrea responsabilidad”.
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“Esta corporación (considera) que existe mérito suficiente para abrir investigación y formular cargos a los partidos señalados previamente, por permitir presuntamente que se sobrepasen los topes o límites de ingresos y gastos de la campaña electoral, fijados para la consulta interpartidista”, dice el documento conocido para varios medios de comunicación
También se conoció que si el Consejo Nacional Electoral encuentra culpable a Carlos Amaya, este tendría que pagar una multa entre $14.963.603 y un máximo de $149.636.032 de pesos; así mismo, el Partido Dignidad podría ser sancionada con la suspensión del financiamiento estatal, la suspensión de su personería jurídica y hasta la prohibición de inscribir candidatos a las próximas elecciones.
Hasta el momento, ni el partido político, ni el exgobernador de Boyacá se han pronunciado sobre la investigación en su contra.
Estas acusaciones contra Carlos Amaya se suman a las que el pasado 4 de abril reveló la revista Cambio. El medio de comunicación publicó una columna que destapó un presunto caso de corrupción por el detrimento de más de 4.300 millones de pesos en la Gobernación de Boyacá, durante la gestión Carlos Amaya.
Según lo detallado en la publicación a la Fundación Obras y Servicios Sociales de Colombia SOS ubicada en Lorica, Córdoba, se le habría adjudicado un contrato por prestación de un “servicio educativo a población adulto mayor y personas en extraedad escolar” en Tunja, capital de Boyacá. Así mismo, precisó que se creó “un cartel de alumnos viejitos y fantasmas que ahora rondan los pasillos de la Contraloría”.
De esta manera, Cambio cuenta que durante la gestión de Amaya en la Gobernación de Boyacá, fue suscrito el contrato 1061 de 2016 por más de 6.000 millones de pesos.
“También se hicieron pagos por un total de más de 1.700 millones de pesos, por concepto de servicios supuestamente prestados por la Fundación SOS, pero de los cuales no existe soporte alguno de su ejecución. La Fundación SOS reportó estudiantes que en realidad no existían, pues los soportes de sus matrículas nunca han aparecido”, se lee en la columna del periodista Yohir Akerman.
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