Avianca será investigada por recolección ilegal de datos personales

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) halló de forma preliminar que la aerolínea podía ingresar, sin autorización expresa, a aplicaciones de sus usuarios como su cámara o GPS

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Imagen de archivo de una de las zonas de check-in de Avianca. Foto: EFE/Antonio Lacerda/Archivo

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció en las últimas horas que abrió una investigación contra la aerolínea Avianca por, al parecer, recolectar datos de sus usuarios a través de mecanismos considerados como ilegales.

La agencia gubernamental determinó de manera preliminar que, a través de la aplicación de Avianca, la compañía aérea habría estado recolectando datos personales de sus pasajeros sin autorización expresa, previa e informada, de los usuarios del aplicativo y sin informar previamente con que fin recolectará dicha información.

“La Superintendencia de Industria y Comercio determinó preliminarmente que la aplicación Android “AVIANCA utiliza tecnologías para perfilar a los ciudadanos, incluyendo la geolocalización en tiempo real”, informó la agencia gubernamental.

A renglón seguido, la Superintendencia de Comercio indicó que, de manera preliminar, también pudo establecer que por medio de su aplicativo, Avianca activaba de forma inadvertida permisos para acceder a los contactos de sus usuarios, GPS, cámara y lectura y escritura de la memoria externa del dispositivo.

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Los mecanismos anteriormente mencionados, de acuerdo con la entidad, son considerados como peligrosos, pues vulneran los deberes de los responsables y los derechos de los titulares, según lo establecido en la Ley 1581 de 2012.

Es así como la Superintendencia anunció la apertura de una investigación contra la compañía aérea, teniendo “como fundamento el informe técnico forense adelantado de oficio por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el aplicativo de Avianca en su versión 7.0.15 para el sistema operativo Android de Google”.

De comprobarse que Avianca recolectó información de sus usuarios de manera ilegal, la compañía aérea se vería expuesta a recibir sanciones de hasta 2.000 S.M.L.V. o a la suspensión inmediata del tratamiento de datos personales.

Según la agencia gubernamental, la aerolínea igualmente se expone al “cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el tratamiento de datos sensibles”.

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Cabe recordar que esta no es la primera investigación que la Superintendencia de Industria y Comercio abre en contra de Avianca en los últimos meses. El pasado 18 de julio, la entidad informó que había abierto una indagación contra la compañía aérea y Prices Res S.A.S. (Tiquetes Baratos) por el presunto incumplimiento de las condiciones que la agencia gubernamental les interpuso para la operatividad de su integración empresarial.

De acuerdo con la Superintendencia, entre el 18 de noviembre de 2018 y hasta marzo de 2021, las dos empresas habían ofertado una serie de bonos promocionales con los que, por la compra de tiquetes aéreos a través de la página web de Avianca, otorgaban descuentos en la compra de paquetes o servicios ofrecidos en Avianca Tours, marca que “explotaban conjuntamente estas empresas” en desarrollo de su integración empresarial.

“Con esta conducta presuntamente se habría configurado el incumplimiento al segundo condicionamiento de la Resolución No. 60515 del 22 de agosto de 2018, que previó que la oferta de tiquetes aéreos nacionales o internacionales de AVIANCA debía realizarse a los competidores potenciales y actuales de la sociedad integrada, en este caso materializada a través de la explotación conjunta de la marca AVIANCA TOURS, sin la aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes que pusieran a los competidores en situación desventajosa”, señaló la entidad.

Ante esas prácticas que presuntamente habrían otorgado una ventaja injustificada a Avianca y Tiquetes Baratos respecto a las otras empresas del mercado, la Superintendencia advirtió en ese entonces que las compañías podrían verse expuestas a una multa de 100.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes por infracción al régimen de libre competencia.

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