Transcurridos 100 días del gobierno de Gustavo Petro parece indispensable un primer balance. Se debe tener en cuenta que se trata del primer gobierno progresista de la historia, como se ha repetido hasta la saciedad. De igual forma, varios partidos de la derecha se han estrenado en la oposición; si bien con Juan Manuel Santos habían desempeñado un papel similar, esta vez se trata de su contendor ideológico por excelencia, a quien jamás pensaron ver en el poder; por ende, tanto a Gobierno como a oposición les corresponde un balance.
Este primer tramo de la administración de Gustavo Petro y Francia Márquez muestra más aciertos que desaciertos. Parece lógico que luego de tres meses el gobierno tenga un porcentaje de aceptación que supere el 60%, algo que no es común en el último tiempo en América Latina, donde las ilusiones luego de las elecciones tienden a evaporarse muy pronto. Tampoco ha sido frecuente en Colombia, donde el rechazo a los gobiernos de turno ha sido común denominador. Juan Manuel Santos una vez relecto tenía en sus primeros meses un porcentaje de popularidad que apenas superaba el 45% e Iván Duque, en este mismo momento, hace cuatro años, se situaba solo un poco por encima del 40%.
¿Esto quiere decir que Petro ha hecho las cosas bien? Hasta cierto punto, sí, pero esta idea merece la incorporación de matices. Se deben tener en cuenta en estos primeros cien días los vaticinios catastróficos -e irresponsables en determinados casos- de los sectores más radicales de la derecha, que anunciaron una salida masiva de personas del país y un colapso de la economía. Margarita Restrepo, quien fuera representante a la Cámara por el Centro Democrático, no ha dejado de anunciar desde entonces que la gente está saliendo masivamente de Colombia y que el país se encuentra ad portas de un desastre. En junio, Nancy Patricia Gutiérrez, funcionaria de la administración anterior, le adjudicó la caída en el valor de las acciones de Ecopetrol y la devaluación del peso exclusivamente a Petro. Pocos en la derecha se preocupan por matizar la devaluación del peso de acuerdo con las circunstancias internacionales, incluido un sector amplio de la prensa que, una vez Petro en el poder, parece ocupar el espacio opositor sin sonrojarse por una participación política que tampoco hace manifiesta y hace pasar por trabajo periodístico.
En la otra orilla, sucede algo similar, el fanatismo oficialista tampoco admite crítica y algunos sectores de la militancia progresista no toleran que se disienta ni se controvierta. Es, en resumidas cuentas, la “polarización afectiva” donde no se confrontan sanamente posiciones irreconciliables, sino que se busca aniquilar al contradictor.
Los aciertos: reforma fiscal, paz total y política exterior
Entre los principales logros del oficialismo está la aprobación de la reforma tributaria, que significa un alivio en dos sentidos.
El primero es que es una señal de tranquilidad para inversionistas, mercados y agencias calificadoras de riesgo. Colombia confirma que es viable en términos de finanzas públicas y que dispondrá de los recursos para reducir el desproporcionado déficit que dejó el gobierno anterior. La administración actual apuesta a esta aprobación pueda ayudar a un mayor flujo de divisas, con lo cual podría haber una revaluación del peso que contrarreste los rumores que le endilgan la responsabilidad exclusiva de la devaluación a las posiciones que, torpemente, algunos miembros del Gobierno suelen expresar, sin reparo por las consecuencias sobre los mercados, o incluso en la coherencia del ejecutivo. De igual forma, en esta reforma se jugaba la posibilidad de contar con recursos para adelantar programas de inversión social y corregir los sistemas de salud, pensiones, educación y asistencia a adultos mayores.
La retoma del tema de la paz es otro de los aciertos sobresalientes. La testarudez con la que el gobierno anterior sepultó el tema, y lo dejó en manos de radicales que siempre se opusieron al proceso de paz, lo debilitó enormemente. Esta circunstancia hacía muy fácil para la izquierda corregir el rumbo y al tiempo, conseguir amplio apoyo interno e internacional. Haber conseguido en los primeros cien días poner sobre la mesa el proceso de paz confirma que el Gobierno está dispuesto a cumplir su promesa de campaña de convertir la paz en fin esencial del Estado, tal como reza la Constitución colombiana. La “Paz Total” es tal vez el primer intento desde que empezó la descentralización, de involucrar a autoridades subnacionales y actores sociales en el manejo de la paz. Dicho de otro modo, en Colombia jamás se descentralizó el discurso sobre paz y seguridad. La apuesta es ambiciosa y de doble filo, en caso de que las expectativas no se colmen.
En política exterior, Petro ha cumplido a cabalidad con dos objetivos que se esperan de un gobierno progresista: impulsar el medio ambiente como derrotero diplomático -primera vez en la historia que eso ocurre en Colombia-, y recuperar la vocación latinoamericana, sobre todo la andina, extraviada en los últimos cuatro años. Conseguir que Caracas esté contemplando volver al sistema interamericano de derechos humanos, a la Comunidad Andina y se haya mostrado favorable a que un grupo de estados, liderados por Bogotá, actúe como oficiante de un relanzamiento del diálogo oficialismo y oposición, demuestra una evolución significativa del protagonismo colombiano en la región.
Los errores más costosos
Sin duda alguna, la falta de claridad en la transición energética aparece como uno de los principales puntos en contra del Gobierno. Se entiende que en una administración donde participan diversos sectores con intereses plurales, los disensos sean parte natural de la discusión; sin embargo, el caso de la viceministra de energía, Belizza Ruíz, quien afirmó que no habría nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, lo cual fue corregido por el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, queda al desnudo un problema de liderazgo.
Extraña que una viceministra pueda darse el lujo de hacer un anuncio de semejante envergadura frente a medios sin que se haya consensuado con otros sectores del propio Gobierno y de la sociedad civil. La transición energética requiere de mayor pedagogía y claridad, de lo contrario, seguirán los rumores que conspiran para un cambio gradual y negociado en la matriz energética y sobre nuevas formas de generación de bienestar compatibles con el medio ambiente. No se trata de un problema de comunicación, sino de claridad sobre las prioridades y liderazgo.
Hacia el futuro, el Gobierno deja sobre la mesa reformas a la salud, las pensiones y la educación, además de la creación del Ministerio de la Igualdad. Una agenda social robusta que ha generado esperanza, lo cual representa un desafío mayor, porque no habrá indulgencia por parte de los sectores que apoyaron al Pacto Histórico para llegar a la presidencia.
La oposición, por su parte, ha mostrado no estar a la altura. Se han despreciado y despilfarrado las chances para controvertir al Gobierno. Diversos sectores del centro y la derecha siguen tratando de sacar provecho de un supuesto desastre en el que queda en evidencia que su principal tarea no es el control político, sino el deseo -que ni siquiera se preocupan en disimular- de que la economía y el orden publico colapsen. Triste paradoja que el principal objetivo de la derecha colombiana termine reducido al cumplimento del vaticinio de una Colombia que fracase calcadamente como Venezuela.
* Profesor de la Universidad del Rosario