Cárcel a tres policías que estaban extorsionando a ciudadanos en Soacha

La corrupción continúa permeando a todas las instituciones. La Policía no es ajena a esta situación que flagela los recursos públicos y que además desvirtúa la imagen y contribuye a la pérdida de credibilidad de la ciudadanía a los entes estatales.

Como resultado de una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Cundinamarca, en articulación con el Gaula de la Policía Nacional, permitió identificar y judicializar a tres policías que, presuntamente, serían responsables de exigir dinero a personas que estarían implicadas en delitos, con el objetivo de no capturarlos.

Los sujetos modelaban todo un entramado para hacer caer a las personas en su trampa y de esta manera lograban recaudar dinero de manera ilegal.

Se trata de los patrulleros Jesús Yoleanis Parra Carrillo, Iván Dario Mejía Díaz y Campo Segundo Escobar Jiménez, adscritos a la estación de Policía de Soacha (Cundinamarca).

Al parecer, los uniformados habrían aprovechado sus cargos para instalar falsos puestos de control donde se cree, capturaban a personas que estarían involucradas en delitos y los retenían hasta que accedían a pagar sumas que oscilaban entre los 5 y 12 millones de pesos.

“La investigación da cuenta que los tres funcionarios aprovechaban las horas de la noche para realizar las actividades ilícitas. De la misma manera, se logró determinar que los uniformados contaban con la ayuda de personas que adicionalmente apoyaban falsas versiones que inculpaban a las personas que eran retenidas y de esa manera daban mayor credibilidad a la supuesta judicialización”, relató la Fiscalía General de la Nación. Los hombres montaban todo un escenario para hacer creíbles las acusaciones y presionar para que las víctimas efectivamente accedieran a entregar el dinero.

Uno de los casos más recientes que conocieron las autoridades se registró el pasado 11 de mayo del año en curso cuando fueron retenidas tres personas, aparentemente, responsables de porte de sustancias alucinógenas. En la investigación, de este último caso, se estableció que los presuntos implicados habrían recibido cinco millones de pesos por parte de las víctimas. Dicho pago, habría impedido el reporte de las capturas ante las autoridades competentes.

Los hombres identificaban a víctimas que efectivamente tenían algún reporte o estaban sindicados con algún delito, les hacían creer que efectivamente los iban a procesar y de esta manera, mediante el chantaje y la extorsión, conseguían que les entregaran las cuantiosas sumas de dinero.

Por estos hechos, una fiscal seccional imputó a los funcionarios los delitos de concusión, cohecho propio, concierto para delinquir y secuestro extorsivo. Un juez con función de control de garantías impuso a los investigados, medidas de aseguramiento en establecimientos carcelarios.

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