Las mujeres en zonas de conflicto han sido, en muchos casos, la cara que deja la violencia a su paso. El narcotráfico en Colombia tocó todas las esferas y en la conquista de algunos territorios, especialmente las zonas donde se puede cultivar, producir y crear rutas de movilización de las sustancias ilícita, han tenido un impacto que no solo se ha visto en las violencias que desencadena, sino también en las vivencias, en la reconstrucción del tejido social, de lo cultural y lo político.
En las zonas de Cauca y Nariño, por ejemplo, dejó una gran huella en la vida de las mujeres de los territorios que tuvieron que ser víctimas de diferentes violencias basadas en género y tuvieron que volcarse a los trabajos sexuales como medio de sobrevivencia. Este fue uno de los temas que tocó el capítulo Colombia adentro del Informe Final la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad —CEV—.
Como la misma Comisión lo señaló “A partir de la llamada “narcocultura”, se incrementó la prostitución y la explotación sexual. La Mesa Departamental Municipal de Mujeres de Tumaco aseguró a la Comisión que “el comercio, sexual, prostitución, explotación sexual y trata de personas son actividades delictivas controladas por las redes mafiosas”.
Un caso que impactó de forma significativa la zona, fue el que le tocó vivir a Alicia Fernanda Caicedo Cortes, una mujer indígena de 17 años, quien siendo una adolescente tuvo que aguantar en su cuerpo toda la humillación y violación a sus derechos, hasta que la sorprendió la muerte por decisión de los Rastrojos. Aunque, cabe resaltar que este no fue el único caso ni tampoco el único grupo que perpetró este tipo de crímenes, pues si se mira en detalle cada actor del conflicto está relacionado con la violación de derechos de las mujeres y del LGTBIQ+ en contexto de violencia armada en el país, incluyendo, el Estado.
De acuerdo con lo documentado por la Comisión, este caso ocurrió un 30 de marzo de 2011 y marcó a toda la comunidad del corregimiento de Sidón, departamento de Nariño. Transcurría un día normal, cuando de repente llegaron miembros de los Rastrojos; y como de costumbre comenzaron a intimidar y humillar a los habitantes de la zona. Sin embargo, el hecho que más quebró a los miembros fue cuando, sin aparente motivo, los criminales decidieron coger a Alicia, que no puso ningún tipo de resistencia por el temor que generaban estos sujetos con sus armas y sus amenazas.
Nadie sabe con exactitud qué pasó o por qué decidieron maltratar a la joven indígena, pero los sujetos comenzaron a violarla y no contentos con esto, la sacaron desnuda de su casa y la hicieron comer excremento de mula delante de toda su comunidad, luego la hicieron caminar por todo el pueblo sin ropa y con los signos de violencia en su cuerpo, moretones, sangre, lágrimas y dolor era todo lo que se podía ver, hasta que finalmente la mataron.
El sufrimiento de Alicia y sus seres queridos no quedó ahí, pues hicieron que el cuerpo de la adolescente fuera enterrado en el cementerio local y nunca fuera registrada de forma legal que había sido asesinada, hasta el día de hoy, en los registros de Medicina Legal, su nombre no aparece. Este es un caso de miles que se dieron en el contexto de conflicto y sobre todo en zonas de narcotráfico, en el caso de Nariño y Sur del Cauca, hasta el día de hoy la población civil sigue siendo víctima de los rezagos que ha dejado la guerra en el país, además, son zonas donde el narcotráfico sigue perpetrando el campo.
Incluso, una de las conclusiones finales que da la Comisión después de su análisis de contexto en el tomo de Sur del Cauca y Nariño es que la modificación que trajo el narcotráfico a las poblaciones étnicas y minoritarias, es negativa.
“La transformación de los territorios y de las poblaciones por el narcotráfico y la profundización de la guerra afectó en especia a las comunidades indígenas Awá, a la población afrodescendiente de la zona del Pacífico y a la población campesina mestiza, que aún hoy ven amenazadas sus propias formas de subsistencia y sus prácticas culturales en general con el crecimiento de una economía cocalera cada vez más arraigada en la región”, se lee en las conclusiones.
Sin embargo, hace un enfoque fundamental en cuanto a la lucha, que va de la mano con lo que ha mencionado el actual gobierno, y es que la erradicación, como se ha hecho hasta ahora, ha fracasado, pues, agudiza el problema para las poblaciones que han tenido que vivir la contaminación del agua por glifosato, la pérdida de sus cultivos y otras consecuencias negativas en sus vidas. Hay que advertir que, en muchos casos, la falta de oportunidades volcó a las familias a sembrar coca y asimismo padecer la ausencia estatal que hasta hoy día prevalece.
“La lucha contra las drogas a partir de la erradicación forzada y la aspersión aérea con glifosato es un factor adicional que ha vulnerado las difíciles condiciones de vida de esta población, ya que ha contaminado el agua y los alimentos de pequeños cultivos”.
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