Región Pacífico: entre el despojo, la explotación forestal y la aparición de guerrillas

Antes de la primera mitad del siglo XX, la región del Pacífico era una de las más prósperas del país en biodiversidad y también en materia de convivencia. La configuración del Estado centralista permitió que las comunidades que habitaron esa zona periférica del país utilizaran sus bosques como áreas de uso común donde todos podían trabajar. Los cultivos eran manejados por los propios indígenas o campesinos y no había que pedirle permiso a alguien para cazar algún animal para comer. Sin embargo, la dinámica cambió cuando Alberto Lleras llegó al poder.

Durante su campaña a la presidencia, el liberal que ejerció el mandato entre 1958 y 1962 afirmaba que el desarrollo de Tumaco —Nariño— dependía como fuera de la explotación forestal, según con testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad y consignados en el tomo ‘Colombia adentro’. Sumado a eso, ya en 1959 y con Lleras Camargo de presidente, el Congreso de la República delimitó siete reservas forestales a partir de la promulgación de la Ley 2da de ese mismo año.

Las zonas de reserva fueron Pacífico, Central, del Río Magdalena, de la Sierra Nevada de Santa Marta, de la Serranía de los Motilones, del Cocuy y de la Amazonía, las cuales estuvieron replegadas en los departamentos Chocó, Nariño, Cauca, Valle del Cauca y parte de Córdoba y Antioquia. Sin embargo, dos años después llegó el problema real de esa delimitación de las reservas que, de entrada, desconocía las territorialidades ancestrales de los pueblos étnicos según la Comisión.

Con la aprobación de la Ley 135 de 1961 fueron ampliadas las fronteras agrícolas en el país y el Pacífico no fue la excepción. En ese orden, más de tres millones de hectáreas de superficie declarada en primera instancia como reserva fue sustraída para el ingreso de empresas nacionales y extranjeras para la siembra de palma y las actividades ganadera y maderera. Aunque el gobierno central (asentado en Bogotá) creía que esos terrenos eran baldíos, la realidad fue que allí negros e indígenas estaban viviendo desde hacía décadas.

Años más tarde, los pobladores de Nariño y Chocó vieron cómo fue insertado el cultivo de palma en cumplimiento del plan de expansión agrícola. Varios negros que vivieron por generaciones allí tuvieron que migrar más hacia el sur por presiones de empresas palmeras para que desocuparan sus terrenos.

De acuerdo con un testimonio entregado a la Comisión, “a muchos les hacían firmar papeles en blanco y luego les daban unos pesos por sus tierras. Otros las entregaron a cambio de un hacha, un machete o una lima. Les decían que jamás iban a ser dueños, que los requisitos eran tan altos que lo mejor que podían hacer era entregar esas tierras e irse a buscar futuro más al sur”.

A la problemática del despojo auspiciada por el Estado para el repliegue de los cultivos de palma y la ganadería expansiva, se sumó la aparición de las guerrillas en el Pacífico. En un primer momento, comprendido entre los años 70 y comienzos de los 80, las Farc ejecutaron sus primeras acciones en Chocó. En esa medida, llegaron al mismo departamento el ELN, el Ejército Popular de Liberación —EPL— y el M-19.

El segundo momento estuvo comprendido entre los 80 y principios de los 90 con la expansión de las Farc y el ELN hacia el sur de la región, el triángulo de Telembí (Nariño) y Tumaco. Además, fortalecieron su presencia con el fin de crear corredores estratégicos, pues la confrontación armada con el Estado había intensificado. Vale indicar que durante los 60 y 70, ya se habían adentrado guerrillas en el Pacífico norte a raíz de las dificultades para el acceso a títulos de tierra y la violencia generada por la expansión agrícola.

Para ese entonces, la actividad agrícola del Urabá estaba centrada en tres ejes: la ganadería extensiva, la extracción de recursos forestales y la agricultura familiar. Sin embargo, el modelo de producción fue alterado cuando en 1959 llegó Frutera Sevilla, filial de la United Fruit Company a esa zona: entre 1960 y 1970 fueron sembradas 15.900 hectáreas de banano. El 78 % de esas plantaciones era propiedad de grandes empresarios, de acuerdo con datos de la Comisión.

La presencia en los años 60 y 70 del Partido Comunista en Urabá permitió la creación de sindicatos en defensa de los derechos de los trabajadores. Esto generó una respuesta coercitiva por las mismas empresas y el Estado que las protegía no sólo en el Pacífico sino en zonas vecinas como el Magdalena Medio.

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