Región Caribe: cuna de la parapolítica y de la carrera de las AUC al Congreso a través del Pacto de Ralito

“Refundar la patria”, fue una de las premisas con las que fue sellado el Pacto de Ralito en Córdoba en 2001. Fue una temible y poderosa alianza entre líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia y varios dirigentes políticos de la región Caribe. De acuerdo con datos consignados en el Informe Final de la Comisión de la Verdad, las élites políticas de Córdoba, Bolívar, Magdalena, Atlántico, Sucre, Cesar y la Guajira estuvieron adheridas al paramilitarismo entre finales de los años 90 y principios de los 2000.

En noviembre de 2001 se firmó el Pacto de Pivijay, el cual habría sido organizado por Rodrigo Tovar Pupo —Jorge 40― para asegurar la reelección de Jorge Castro, Gustavo Orozco, José Gamarra Sierra y Dieb Maloof, quien fue condenado en 2007, justamente, por estar salpicado en la parapolítica. El médico neurocirujano de profesión también fue investigado —según El Tiempo— porque supuestamente utilizó su posición como congresista para beneficiar al Bloque Norte de las AUC, cuyo jefe político fue José Gelvez, alias El canoso.

Maloof buscaba ser reelegido en el Senado junto con José Gamarra, su fórmula a la Cámara de Representantes. Ambos obtuvieron más del 80 % de los votos en los municipios cuyos alcaldes firmaron ese convenio. El “clientelismo tradicional y clientelismo armado se combinaron para garantizar los votos necesarios para elegir a los candidatos al Congreso de Jorge 40”, señala la Comisión en el volumen de la Región Caribe incluido en el tomo ‘Colombia adentro’.

El de Pivijay no fue el único pacto que afianzó la parapolítica: un año antes, en septiembre de 2000 se llevó a cabo el Pacto de Chivolo en el municipio que lleva el mismo nombre. De acuerdo con datos de la Comisión, ese acuerdo tuvo como corolario el nacimiento del movimiento ‘Provincia Unida por una Mejor Opción de Vida’, liderado por Jorge 40. Y en 2001 se firmó el que que fue el detonante para la expansión definitiva de las alianzas entre las AUC y clanes políticos del Caribe: el Pacto de Ralito.

El acuerdo fue firmado en Santa Fe de Ralito, Córdoba, el 23 de julio del año ya mencionado entre la cúpula de las AUC que lideraba en el Caribe colombiano; los gobernadores Jesús María López (de Córdoba), Salvador Arana (de Sucre), y los congresistas Miguel de la Espriella, José Gnecco, Reginaldo Montes, William Montes, José María Imbeth, Juan Manuel López, Alfonso Campo y Jairo Merlano. Esto como respuesta al proceso de paz del Caguán con las Farc; de ahí la premisa de “refundar la patria” resaltada por los paras. La construcción del Estado territorial no solo era la prioridad de cabecillas como Ernesto Báez y Salvatore Mancuso, sino también el político.

“Mancuso se inventó el Pacto de Ralito. Él decía que de haber una desmovilización él tenía que tener gente en el Congreso. Que, si a él lo iban a juzgar, él decía que todos esos políticos hacían parte de las autodefensas porque habían firmado pactos con él y que por eso lo politizaba y lo blindaba”, le dijo a la Comisión el antropólogo Hernán Gómez Hernández. Asmismo, Arana le relató a esta entidad que a esa reunión asistieron más de 500 personas entre ganaderos, empresarios y políticos. Desde allí se hizo un análisis del proceso con las Farc adelantado por el gobierno de Andrés Pastrana.

El mensaje de fondo era claro: el objetivo de las Autodefensas era combinar sus formas de lucha para convertirse en un movimiento político-militar. Arana le dijo a la Comisión también que “refundar la patria” no era la prioridad, sino enviar un mensaje a la clase política de la región para que se aliaran con los paramilitares. Entre 2003 y 2005, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se llevó a cabo un acuerdo de paz con las AUC, generando una serie de normas para garantizar el desarme, la desmovilización y reintegración de los integrantes de este grupo.

Sin embargo, esas normas no funcionaron como se esperaba; o sí, pero en beneficio de la parapolítica: en 2005, Salvatore Mancuso afirmó que al menos el 35 % del Congreso de la época tenía algún vínculo con las Autodefensas.

“Cuando nosotros decimos que tenemos afectos con el 35 % del Congreso, lo que estamos diciendo es que estos fueron elegidos en zonas de influencia de autodefensas. Hay que recordar que fuimos la autoridad en esa zona cuando no había instituciones, éramos nosotros los que suplantábamos el poder en esa región”, le dijo Mancuso a El País, testimonio recogido también por la Comisión. Vale decir que las alianzas entre políticos y paramilitares generaron crisis en hospitales y universidades públicas a través de persecuciones contra sindicalistas e integrantes de movimientos estudiantiles.

SEGUIR LEYENDO EL ESPECIAL DEL INFORME FINAL: