Uno de los puntos más polémicos del Gobierno de Gustavo Petro en los primeros 100 días de mandato, sin dudas, es el proyecto de reforma tributaria, debatido y conciliado en el Congreso de la República.
Entre otros detalles, la polémica empezó antes de que Petro llegara al poder, pues en campaña anunció que dicho proyecto era necesario y tendría una meta de recaudo de 50 billones de pesos y que los 4.000 más ricos de Colombia serían quienes hicieran ese aporte por medio de impuestos. Incluso, se tocó la cifra de los 75 billones de pesos.
“Los 50 billones de pesos que se necesitan, no se recogerán de golpe, sino que será paulatino. Esperamos que se vayan generando gradualmente, pongo un ejemplo, podemos empezar con 25 o 30, y gradualmente se va aumentando”, manifestó el actual ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en julio pasado, cuando aún era designado.
No obstante, ninguna de las dos cosas se cumplió. Cuando se presentó el 8 de agosto en el Congreso de la República con mensaje de urgencia, justo un día después de la posesión de Petro como presidente, la meta de recaudo era de 25 billones de pesos, pero tras las discusiones en los debates la cifra bajó a 20 billones de pesos, que serían para inversión social, y todos los colombianos aportarán.
Así las cosas, la iniciativa siguió su curso y fue debatida en los primeros días de octubre en las comisiones económicas de Senado y Cámara, previo a los debates en las plenarias.
Al conocer el texto en pleno y detallarlo, varios gremios hicieron fuertes críticas. Por ejemplo, la Andi, la Acp y la Cámara Colombo Americana sostuvieron que golpearía la inversión, por el hecho de aumentar el impuesto de renta para las empresas de 30 % a 35 % y por establecer la no deducibilidad de impuestos por medio de regalías.
Ante las críticas, el 9 de octubre pasado Ocampo afirmó a El Tiempo que no entendía por qué las petroleras e industria del carbón no se quieren meter la mano al “dril”, si están en medio de un “auge” en cuanto a ventas, más cuando ese dinero que se les pide a ellos es para ayudar a la población menos favorecida del país.
Por su parte, Fenalco advirtió que con el impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados se impactaría al alza la inflación, porque todo estaría más caro apenas empezara a cobrarse dicho gravamen. Además, que cerca de 250.000 tiendas de barrio podrían desaparecer en el país si se llegara a aprobar el impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados que contempla la reforma tributaria.
Pese a esto, el Gobierno le bajó los decibeles a la preocupación. El ministro de Hacinda explicó que dicho impuesto impactaría a la inflación solo 0,27 puntos en 2023, lo que será mínimo sobre el grueso de la población.
Antes del debate, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, cuestionó al Ejecutivo por las regalías y los impuestos de renta.
Mac Master le pidió a los legisladores que presten suma importancia a varios puntos relacionados con las regalías y así definir si esos impuestos “se tratan del pago por un bien de la nación” o, por el contrario, “si el pago por el uso o usufructo de un bien de la nación era un gasto”.
Además, en respuesta a la polémica por los impuestos a los hidrocarburos y al anuncio de que no habrá más exploración de los mismos en el país, el presidente de la Andi aseguró que sin duda, todos los productos del subsuelo están protegidos por la Constitución, que dice, que son propiedad de la nación y esa no debería ser una pregunta que no debería dejar de trasnochar a los colombianos ni un segundo.
Asimismo, aseguró que en cuanto al tema de las regalías, hay varios temas que los congresistas deberían analizar para no afectar esos montos.
En esa línea, el empresario sugirió que quien explota los hidrocarburos toma una parte de lo que recibe como ingresos y simplemente lo lleva como una transferencia al Estado. Con ello, planteó cómo, a su juicio, se podría solucionar el asunto.
El senador Miguel Uribe aseveró que con este artículo el dólar seguirá subiendo.
“Se sigue persiguiendo al sector minero-energético. Colombia, después de Zambia, será el segundo país del mundo que no permite la deducibilidad de regalías y el único de la Ocde. Nos va a ir muy mal a los colombianos con Petro”, alertó el senador a principios de noviembre pasado.
En medio de todo, la Red de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco) alertó el 6 de octubre que la reforma tributaria ponía un impuesto a las donaciones de alimentos y de bebidas, el cual impactaría a un millón de beneficiarios. Esto, por supuesto se puso en consideración del Gobierno y de los ponentes de la reforma, se concertó y terminó modificado para no afectar a dicha población.
Los días sin IVA
El proyecto ha tenido ciertas modificaciones, pero uno de los reversazos más sonados del Gobierno en cuanto a la reforma fue el de los días sin IVA, las jornadas en las que se podían comprar productos sin incluir el impuesto del 19 %. Estos, en primer lugar habían sido descartados por el Gobierno de Petro por considerar que beneficiaban a la industria internacional.
Sin embargo, el 3 de octubre se informó que sí se harían, pero para productos nacionales y estaría incluido en la reforma tributaria. Pese a esto, el 4 de octubre el Ministerio de Hacienda anunció que se llegó a un acuerdo para no incluirlos en el proyecto de ley.
Pese a la decisión de Gustavo Petro, Fenalco reveló el 13 de octubre una encuesta que arrojó como resultado principal que el 84 % de los colombianos quiere que se mantengan los días sin IVA.
Tira y jala de los partidos políticos
De cara al segundo debate, el 2 y 3 de noviembre pasados, hubo más polémicas. Una de ellas, con respecto a los partidos políticos, principalmente Partido Liberal. Estos tuvieron un tira y jala sobre el papel que jugarían. Por un lado, Cambio Radical y el Centro Democrático manifestaron desde primer momento que votarían en contra de esta por considerar que espanta la inversión, golpea el bolsillo de los colombianos y genera más pobreza.
Incluso, Centro Democrático, antes del primer debate, presentó una ponencia negativa contra el proyecto de ley. En esta argumentaron, entre otras cosas, un aumento considerable en el precio de los alimentos, pero dicha ponencia fue negada por el Congreso de la República.
Pacto Histórico, Partido Conservador, Comunes y Alianza Verde apoyaron siempre la iniciativa económica, diferente al Partido Liberal, que en principio informó que apoyaba a la reforma, pero semanas antes de debatirla, por medio del expresidente César Gaviria, uno de los líderes del mismo, manifestó descontento y en varias reuniones discutieron varios puntos de esta.
Luego, un día antes del segundo debate, los liberales decidieron que votarían a favor, pero con la condición de retirar el artículo sobre la no deducibilidad de las regalías. No obstante, este resultó aprobado, pues es de los más importantes para el recaudo de la misma.
“Esto no tiene un artículo para defender, ni uno. No hay ni un artículo que uno diga: ‘esto hay que pelearlo’, nada. No hacen sino daño, daño y daño”, aseveró el exmandatario en una de las reuniones sostenidas.
Pese a esto, la reforma se aprobó en segundo debate el 3 de noviembre y tras esto el ministro se mostró muy complacido por la labor hecha, e incluso llegó agradecerle a todos los corporados por el visto bueno, y aunque no logró aprobarse en su totalidad, era la primera gran batalla del actual gobierno, que en palabras del mismo funcionario, será una herramienta clave para conseguir el desarrollo de los programas sociales, la igualdad y la justicia.
No obstante, el pasado 6 de noviembre se conoció que, según The Wall Street Journal, varias petroleras estadounidenses demandarían al gobierno de Petro por la reforma tributaria, debido “al incumplimiento de contrato y una violación del tratado de libre comercio entre los dos países”.
Conciliación
En el Congreso de la República aún se espera la conciliación del articulado. Se esperaba que la semana pasada se diera, pero hay impuestos que aún no tienen la venia de Senado y Cámara y hay detalles por corregir en el texto aprobado.
Así las cosas, se espera que haya conciliación la próxima semana y no se dilate más la aprobación del proyecto al cual el ministro Ocampo le dedicó más de 400 horas de discusión con los sectores público y privado.
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