Las salidas en falso del Presidente y sus ministros durante los primeros 100 días de mandato de Gustavo Petro

Puede deberse a la falta de experiencia de muchos de los miembros del gobierno o a un problema de prudencia o coordinación de comunicaciones, lo cierto es que la opinión pública ha sido testigo de una falta de consistencia en las declaraciones de Gustavo Petro y sus altos funcionarios.

En cien días de mandato de Petro se cayó una ministra por un conflicto de intereses, otro tuvo que tragarse sus palabras dos veces, una jefe de cartera fue acusada de pánico económico, tras lo cual un colega tuvo que salir en su rescate; las relaciones diplomáticas han mostrado reveses y a una vicepresidenta le incumplieron la palabra. Las contradicciones han sido tantas y tan frecuentes que hasta se tomó la decisión de elegir a un portavoz que no deje ver las costuras: el ministro del Interior, Alfonso Prada.

Esta es una recopilación de algunas de las salidas en falso más notables durante el inicio de esta administración.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones está bastante abajo en la jerarquía del organigrama presidencial: no es ni siquiera uno de los diez primeros con prioridad para recibir recursos. No obstante, la opinión pública estuvo muy pendiente del nombre de la persona que ocuparía esta cartera durante el mandato de Gustavo Petro.

No es para menos: el periodo de Iván Duque Márquez, su antecesor, duró 48 meses; pero solo bastaron 16 para que se gestara el peor escándalo que ha rodeado este ministerio, que tuvo menor notoriedad en otras administraciones. Durante esos 16 meses la ministra fue la barranquillera Karen Abudinen y en su gestión se firmó el contrato con la Unión Temporal Centros Poblados, para el cual se hizo un anticipo de 70 mil millones de pesos con el fin de mejorar la conectividad de niños y niñas en zonas periféricas. La no ejecución del contrato causó un escándalo nacional que terminó con su renuncia.

Gustavo Petro anunció el nombre de Mery Gutiérrez el mismo día de su posesión, el 7 de agosto, a través de su cuenta de Twitter. “Mery Gutiérrez será la ministra TIC. Es especialista en nuevas tecnologías de la información. Tendrá la tarea de llevar la infraestructura tecnológica a donde no ha llegado antes. Trabajaremos para que todos los niños y jóvenes gocen del derecho al acceso a internet”, escribió el mandatario.

No obstante, la hoja de vida de Gutiérrez tenía otros detalles que, o bien no le cupieron en ese trino, o no le habían sido informados cuando la recibió como cuota del Partido de la U. Por ser la máxima accionista de Programar TV, Gutiérrez tendría varios conflictos de intereses para asumir ese cargo.

El primero de ellos era la naturaleza de la empresa misma, una productora de televisión que debe seguir los lineamientos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), parte del Ministerio TIC. Como si fuera poco, Programar TV había interpuesto una demanda millonaria contra la antecesora de esa entidad —la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV)— tras haber quedado por fuera del proceso licitatorio del tercer canal.

La presión de la opinión pública contra este nombramiento puso al propio Petro a declarar esto: “Cuando haya conflicto de interés se debe declarar impedida la persona que no actúa en los casos donde exista el conflicto”.

Finalmente, el 23 de agosto ocurrió el primer reversazo del gobierno Petro: esta designación se cayó y, en lugar de Mery Gutiérrez, asumió la abogada Sandra Urrutia.

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, aparece en varias oportunidades en esta compilación de salidas en falso. A diferencia de lo que ocurrió con Gutiérrez, Petro ha defendido a ultranza su decisión de elegir a esta filósofa y docente universitaria como la jefa de la cartera energética del país. No obstante, algunos de sus comentarios han sido contradichos por Petro u otro de sus funcionarios.

En septiembre pasado, la ministra Vélez fue ponente en el marco del Congreso Nacional de Minería de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), adelantado en Cartagena. Desde allí, la funcionaría aseguró que es necesario exigir a los otros países del mundo que “comiencen a decrecer en sus modelos económicos, porque de ese decrecimiento depende también que nosotros logremos un equilibrio mayor y que los impactos del cambio climático nos afecten menos”.

Esas declaraciones causaron una gran polémica, al punto de que fue acusada de crear pánico económico. Gustavo Petro respaldó las declaraciones de su ministra y citó a los economistas Nicholas Georgescu-Roegen y Serge Latouche.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, empezó a asumir un rol particular: el de apagar incendios. Si bien aseguró que a los otros países se les debe pedir que hagan la transición energética “con cambios en patrones de producción y consumo”, mencionó que esta no causa decrecimiento.

Con la transición energética los países “no decrecen –dijo Ocampo–. Incluso hay inversión adicional. Y mejor que crezcan para contribuir a la economía mundial, pero eso sí, con sostenibilidad ambiental”.

Durante su campaña presidencial, Petro sugirió que la Procuraduría General de la Nación estaba siendo redundante. Entonces, según su plan de gobierno, el Ministerio Público se deconstruiría “respetando el sistema de pesos y contrapesos y el equilibrio de poderes, para lo cual deben eliminarse la duplicidad de funciones, las grandes, ineficientes y costosas nóminas nacionales y territoriales”.

Petro ha tenido muchos desencuentros con la Procuraduría, especialmente con el exprocurador Alejandro Ordóñez, cuando el hoy presidente era alcalde de Bogotá. Pese a que la idea parecería una revancha, fue bien recibida. Políticos de vieja data como Germán Vargas Lleras y académicos como Rodrigo Uprimny la destacaron en su momento.

“Coincidimos en analizar las bases de una profunda reforma de la justicia. Me sorprendió gratamente que por el momento el único acto legislativo en que tienen interés es el de acabar la Procuraduría”, escribió Vargas Lleras. “Era en la anterior Constitución la única entidad que podía hacerle contrapeso al presidente y podía investigar violaciones a los DDHH. Pero ya no es así”, anotó Uprimny.

La animosidad con respecto a la Procuraduría fue mermando en campaña, dado que la oposición comenzó a vender la idea de que el fin de este ente de control representaba una carta blanca para la rama Ejecutiva. Entonces, el entonces candidato aseguró que pasaría a ser una fiscalía anticorrupción y que sus trabajadores de planta no quedarían desamparados.

Finalmente, la intención terminó disuelta en la naranjada que Petro y la procuradora, Margarita Cabello, disfrutaron durante el desayuno que compartieron juntos el pasado 6 de septiembre. Luego de ese encuentro, cuando le preguntaron sobre la propuesta, Cabello pudo declarar con confianza: “eliminar la Procuraduría diciendo que se pasan las funciones disciplinarias a la Fiscalía o a la rama Judicial, es desconocer nuestra función preventiva”.

Causó sorpresa e indignación que no hubiera ningún representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en la sesión del 12 de agosto del consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la cual se firmó una declaración conjunta para rechazar las violaciones a los derechos humanos del régimen de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega.

Luego de que el informativo Noticias Caracol envió un derecho de petición a la Cancillería, esta respondió: “Las razones por las cuales se tomó la decisión relativa a la no participación de Colombia en la sesión del consejo permanente del 12 de agosto se relacionan con delicados aspectos de política exterior que tienen carácter confidencial”.

Días después, Daniel Coronell sugirió en su columna para Cambio que este silencio estaría relacionado con una negociación para liberar a 14 presos políticos y reivindicar los derechos de los pescadores raizales. Con esto en mente, se tomó la decisión de guardar silencio diplomático con respecto a la situación de Nicaragua. La decisión fue reprochada por la oposición porque comprometía la soberanía: para Iván Duque, era mejor pasar cien años en litigio que ceder un centímetro de mar.

No obstante, este silencio periférico duró poco. El pasado 14 de septiembre, Colombia terminó firmando la declaración junto con otros 45 países. Las declaraciones de Petro han ido escalando conforme pasan los días, lo cual podría ser un indicador de que estas negociaciones no marcharon como esperaba.

De hecho, durante su gira más reciente por Europa, Petro respondió a la prensa que “Con Ortega tenemos un litigio, nos está quitando el mar”.

Otro que ha tenido que retractarse de sus palabras ha sido el polémico ministro de Transporte, Guillermo Reyes —quien, a propósito, fue nombrado para ese cargo por Petro como cuota del Partido Conservador, pese a un escándalo por plagios sistemáticos en su obra académica y a no tener experiencia alguna en el sector—.

Reyes fue uno de los protagonistas en el evento de reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, que tuvo lugar el lunes 26 de septiembre en el Puente Internacional Simón Bolívar. No obstante, seis días antes, habló demasiado pronto y tuvo que recular.

“El 26 los dos presidentes, el presidente Nicolás Maduro y nuestro presidente Gustavo Petro, puedan, en un punto por determinar, seguramente será el puente Simón Bolívar, donde se haga este acto de apertura. (…) Lo que se ha dicho es que al acto de apertura estarán los dos presidentes de nuestros países”, dijo el ministro sobre el evento.

No obstante, horas después tuvo que aclarar que aún no era segura la presencia de ninguno de los dos mandatarios, especialmente de Maduro: “el tema del presidente Maduro, me aclaró el ministro de Transporte (de Venezuela) depende de los compromisos del presidente Maduro, pero él tiene la intención de estar allá, pero no puedo ratificar si estará o no”, dijo a la emisora Blu Radio.

Maduro tenía otros compromisos y en su lugar estuvo el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal. Petro, por su parte, confirmó su presencia en la mañana del mismo lunes 26, por lo cual el acto protocolario se retrasó tres horas mientras el mandatario llegaba hasta Cúcuta.

El mismo ministro Reyes tuvo que salir a disculparse antes de hacer enojar a un gremio con más de diez millones de integrantes en Colombia: los motociclistas. Reyes había sugerido en un trino que las motos con alto cilindraje tendrían que pagar para pasar por los peajes del país.

“Las motos son un instrumento de transporte y trabajo de muchos colombianos. Promoveremos estrategias en beneficio de su seguridad vial y ratificamos el compromiso del presidente Gustavo Petro de no cobrar peaje a las motocicletas con cilindrajes inferiores a 500 cc.”, escribió en un trino que después borró.

Luego de la ola de críticas que generó ese mensaje, dado que muchas personas usan la moto para hacer desplazamientos intermunicipales rápidos y a bajo costo, tuvo que retractarse por el mismo medio.

“El Gobierno Nacional se opondrá a la iniciativa de cobrar peajes a las motos. Incentivaremos el uso de las motos eléctricas en el país. #ElGobiernoDelCambio”, publicó el ministro.

Una de las propuestas más controversiales de Gustavo Petro en campaña fue la reforma a las pensiones, dado que él considera que los fondos privados no son una garantía para que las personas de la tercera edad alcancen ese beneficio y eliminarlos le parecía más apropiado.

Más de un mes después de haberse posesionado, el 12 de septiembre, Petro aseguró que una parte de las cotizaciones de los fondos privados pasarían a manos de Colpensiones, con el fin de reunir fondos para que los adultos mayores sin pensión pudieran recibir un giro por medio millón de pesos dentro del programa Colombia Mayor.

“Un bono que en vez de $80.000, pase a ser de $500.000 y haga que el adulto mayor sin pensión pueda superar la línea de pobreza”, puntualizó el presidente en su intervención desde la casa de Nariño.

Este anuncio fue interpretado por la oposición como una intención de expropiar los ahorros del régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS). Por eso, Petro explicó cómo implementaría esa idea a través de Twitter.

“Esto no es cierto. Las mesadas de adultos mayores hoy sin pensión se pagan del presupuesto nacional, que adquirirá una capacidad de hasta 18 billones anuales para este objetivo porque los cotizantes de fondos privados entrarán a Colpensiones hasta un porcentaje de su aporte”, trinó el presidente Gustavo Petro.

Otra de las posturas polémicas de Petro con respecto a las pensiones tenía que ver con imponer impuestos a aquellas que superaban los diez millones de pesos. De hecho, fue una de sus promesas de campaña.

En el proyecto original de reforma tributaria que se presentó al Congreso de la República, a partir de esa cifra empezarían a “aplicar las tarifas para lo que ahora será el nuevo impuesto a la renta (la tabla), las cuales arrancan en 0 % para las primeras 1090 UVT”, según explicó el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, a la revista Semana.

Este impuesto era bien visto por los votantes de Petro y por el propio ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. No obstante, la iniciativa encontró mucha resistencia por parte de los partidos tradicionales que hacen parte de la bancada de gobierno. Incluso, estas comenzaron a presionar con votar en contra de toda la reforma si ese fragmento no se retiraba.

Finalmente, el 25 de octubre, Petro se reunió con los ponentes de la reforma y anunció que esta propuesta sería retirada del articulado. La noticia fue percibida como un retroceso por parte de algunos miembros de la bancada de gobierno y congresistas independientes.

El Ministerio de la Igualdad fue una promesa de campaña para los votantes y para Francia Márquez, que aceptó ser su fórmula vicepresidencial con algunas condiciones, incluida la creación de esa cartera y su nombramiento en ella como ministra.

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Mauricio Lizcano, se refirió el 8 de agosto a ese ministerio.

“El Ministerio de la Igualdad es un compromiso de campaña y el presidente lo dijo ayer en su curso de posesión, pero lo que se empieza a buscar no es crear más burocracia sino transformar algunas de las entidades que existen hoy en el Gobierno, en este caso el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y otras”.

Eso dio a entender que el DPS —cuya misión es ofrecer garantías de prosperidad a colombianos vulnerables— sería la base fundadora del ministerio que Francia lideraría. Entonces, a un mes de que no se nombrara a los encargados de esa entidad y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se asumió que Francia asumiría la dirección del DPS.

Por eso fue un escándalo que fuera nombrada la abogada Cielo Rusinque como la directora de esa entidad — también por su profusa defensa a personas acusadas por violencias sexuales y de género, como el docente de la Universidad Nacional de Colombia, Fabián Sanabria—.

En este punto ocurrió el reversazo: Petro negó públicamente que el DPS llegara a fusionarse con el Ministerio de la Igualdad. “No quise que el DPS fuera el Ministerio de la Igualdad porque eso es como decir que el neoliberalismo tenía razón y que entonces a punta de limosnas para los pobres se construye la igualdad. Las fuerzas progresistas nunca hemos querido eso”.

Con todo, el proyecto para crear el Ministerio de la Igualdad ya fue radicado en el Congreso de la República y aún está a la espera de ser debatido.

Una de las promesas de campaña de Gustavo Petro fue continuar la transición energética en una forma menos sutil y más políticamente decidida. Esta postura explica la decisión de no elegir como ministro de Minas y Energía a un economista o abogado con experiencia en hidrocarburos, sino a Irene Vélez, cuya experiencia profesional está relacionada con las consecuencias de la extracción en los territorios de comunidades étnicas.

Con más conocimientos en dinámicas del conflicto y deterioro ambiental que en economía, Irene Vélez sostuvo al inicio del mandato que la explotación de hidrocarburos en el territorio debe terminar cuanto antes.

El asunto no solo causó revuelo porque la industria petrolera es la principal fuente de ingreso de dólares al país y una generosa fuente de empleo. Vélez causó aún más revuelo al señalar cómo esperaba suplir la demanda energética y a quién le compraría el recurso.

Por ejemplo, pese a los recientes hallazgos de gas natural en el territorio nacional, Vélez dijo que “se podría hacer la conexión de transporte de gas con Venezuela”. Estas declaraciones fueron interpretadas como un intento de ceder la soberanía energética a un tercero; específicamente, al régimen venezolano, con quien la oposición al gobierno Petro preferiría que no se cierren tratos comerciales.

La decisión que se tomó en un principio, entonces, fue la de no firmar nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas, pero honrar los acuerdos ya firmados. “Daremos todas las garantías para que se cumplan los contratos de exploración y explotación de petróleo y gas. Nunca hemos dicho nada distinto. Confirmación de ello es que desde que llegamos al Gobierno, ha aumentado la producción de petróleo y gas”, expresó Vélez.

Ante esas declaraciones, Ocampo ha asumido el rol de policía bueno para controlar la volatilidad de los mercados. “Hay declaraciones de algunos colegas, sobre todo en el tema de petróleo, que han sido objeto de mucha preocupación porque es el principal producto de exportación de Colombia”, declaró en octubre pasado.

Después, el director de Crédito Público, José Roberto Acosta, dejó entrever que el gobierno Petro sí está considerando firmar nuevos contratos, dependiendo del marco fiscal a mediano plazo.

Una movida que causó un impacto en la bolsa de valores fue la designación de un presidente para la junta directiva de Ecopetrol el pasado 27 de octubre, y su posterior destitución 24 horas después.

En la reunión de la junta de ese día se había elegido a Carlos Gustavo Cano Sanz. No obstante, el viernes 28 de octubre, Cano publicó una carta en la que aseguró que el presidente Petro no estaba conforme con la decisión y pidió que se reversara.

“Sobre el particular, lamento informarles que al hacerse pública esta decisión de la Junta, el presidente Petro levantó su voz de protesta y desaprobación, y, a través de varios de sus inmediatos colaboradores, les ordenó a los miembros de Junta afectos a él, y también a quienes no lo son, adelantar en la sesión de esta mañana mi destitución como presidente de la junta tras 24 horas de mi designación como tal”, decía la carta.

En lugar de Cano fue designado el economista Saúl Kattan Cohen, que ocupaba un puesto en el comité de negocios de Ecopetrol, es un nuevo miembro de la junta directiva y tiene cercanía al presidente Petro.

El ministro Ocampo defendió la elección de Kattan en el Congreso de Colombia y en las redes sociales: “apoyo la elección de @KattanSaul como Presidente de la Junta Directiva de @Ecopetrol. Su profesionalismo garantiza que la petrolera avance hacia una transición responsable que permita el crecimiento económico de la compañía y la estabilidad fiscal del país”, escribió el jefe de cartera.

El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional ha sido una de las fuerzas policiales más polémicas desde su creación debido a la gran cantidad de denuncias sobre abuso de la fuerza, lesiones y hasta asesinatos en medio de las manifestaciones sociales. Por eso, una de las propuestas que impulsó a Petro a la presidencia fue la de desmontar este comando.

No obstante, en la práctica no se han tomado medidas orientadas a desmantelar esa fuerza. La primera muestra de que no hay interés en hacerlo a corto plazo se dio, naturalmente, al nombrar un comandante para esta fuerza disponible: el coronel José Luis Ramírez Hinestroza.

Además, el director de la Policía Nacional, mayor general Henry Sanabria Cely, ha dado declaraciones que irían más orientadas a reformarlo que a abolirlo.

En entrevista para Blu Radio, el general Sanabria señaló que el Esmad pasaría a ser “una Unidad de Diálogo y Acompañamiento a la Manifestación. Estamos trabajando en eso, con el propósito de darle un giro a lo que era el Esmad. (…) El compromiso sigue, no solamente con el senador Bolívar (Gustavo) , sino con toda la bancada que está acompañando este propósito de mejora de las unidades que controlan los motines y disturbios”.

Además, luego de que comenzara el fenómeno masivo de ocupación de terrenos, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dio señales de que el gobierno no está del todo convencido de dar el paso de desmantelar el Esmad.

Uno de los últimos escándalos de este comienzo de mandato estaba relacionado con la reforma a la política criminal impulsada por el gobierno Petro. La periodista Darcy Quinn reveló el texto de un borrador que, en su opinión, atentaría contra la libertad de prensa. Dicho artículo forzaría a los medios de comunicación de todos los formatos a presentar contenido relacionado con la humanización de la política criminal.

El borrador decía: “A partir de la fecha de vigencia de la presente ley, la prensa escrita, las estaciones de radiodifusión sonora y los programadores de televisión que operen en el país deberán adelantar campañas destinadas a generar un cambio en la conciencia ciudadana sobre la humanización de la política criminal, la creación de oportunidades y la potencialidad de la justicia restaurativa”.

El mismo artículo decía que los mismos medios de comunicación estaban en capacidad de construir estos contenidos, “pero para su difusión deberán ser sometidos a la aprobación del Consejo Superior de Política Criminal”. Además, su difusión efectiva estaría vigilada por el Ministerio TIC.

Cuando el ministro de Justicia, Néstor Osuna, fue consultado sobre este artículo, aseguró que el gobierno de Virgilio Barco impuso uno parecido sobre contenidos relacionados con estupefacientes y aún está vigente.

“Dice que los medios escritos, televisión, radio, de comunicación, tienen la obligación de hacer campañas para evitar el narcotráfico y prevenir el consumo y la drogadicción y que los contenidos, o los pueden tomar, de los medios que haga el Gobierno o los puede hacer el propio medio de comunicación, pero que en ese caso requiere la aprobación del Consejo Nacional de Estupefacientes”, explicó Osuna a la emisora Blu Radio.

De todas maneras, el ministro explicó que se trata apenas de un borrador que ya está desactualizado y cuya versión mejorada se presentará en marzo —cambiando el verbo deberán por podrán en el artículo mencionado para evitar problemas—.

Se acerca la temporada de fin de año y con ella las compras navideñas. La administración de Iván Duque estableció tres días en los que ciertas compras estarían exentas del pago de impuesto de valor agregado (IVA), pero el gobierno Petro presentó reparos desde el principio a los famosos días sin IVA.

De hecho, en su reforma tributaria se planteó la posibilidad de suprimirlos por completo, dado que estimulaban la compra de productos importados por encima de los nacionales. Además, como no se trata de un descuento sino de una exención de impuestos, estas jornadas afectan las arcas de la nación.

Esta decisión fue reprochada principalmente por el sector de comerciantes, dado que las personas se animaron a comprar más durante la crisis previa a la reactivación económica. Entonces, sus ventas aumentaban durante esas jornadas y ya tenían el inventario preparado para el último día sin IVA de 2022, programado para el 2 de diciembre.

No obstante, en el documento de la reforma no fueron prohibidas estas jornadas del todo. Se planteó, en cambio, que los comerciantes las lleven a cabo de forma opcional a partir de 2023 —aunque no se ha ofrecido más detalles de cómo funcionaría esa figura— y la jornada del 2 de diciembre se hará de todos modos.

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