Frontera nororiental: disputas territoriales, bonanza petrolera, persecución guerrillera e incursiones paramilitares

Esta zona está conformada por los departamentos de Norte de Santander y Arauca, incluyendo entre ellos dos, a los municipios de Cubará y Güicán de la Sierra, que pertenecen al departamento de Boyacá y hacen parte del Parque Natural Nacional del Cocuy.

La explotación petrolera siempre ha sido fuente de conflicto en esta zona del país, y concretamente en Norte de Santander. Si bien la Comisión de la Verdad centró su investigación a partir de los años 60, la contextualización inició en los primeros años del siglo XX, cuando empezaron las primeras exploraciones en el territorio.

En 1905, el gobierno de Rafael Reyes le otorgó al general Virgilio Barco, veterano de la Guerra de los Mil Días, la llamada Concesión Barco, que le permitía explorar y explotar yacimientos petroleros en las zonas que actualmente ocupan Tibú, El Tarra y Cúcuta. Luego de 13 años, el general vendió su concesión a la Carib Syndicate, y esta la transfirió a la Empresa Colombiana de Petróleos.

Con la llegada de nuevos proyectos de desarrollo, que buscaban integrar el territorio con lógicas económicas, sin tener en cuenta las diferencias culturales con la población indígena y campesina que habitaba la región, se generaron conflictos.

“Consideramos que desde la Concesión Barco comienza una transformación en el territorio y en las dinámicas sociales, territoriales, incluso relacionales entre los indígenas que habitan el territorio y las comunidades campesinas que comienzan a llegar por la bonanza petrolera”, le dijo a Infobae Colombia Miguel Grijalba, investigador de la Comisión de la Verdad.

La concesión fue revocada en 1926, pero se retomó en 1931, año en que entró en vigencia la Ley 80, que permitía la explotación de yacimientos en Norte de Santander. Esto le permitió al gobierno de Enrique Olaya Herrera firmar un contrato de explotación por 50 años con Colombian Petroleum Company (Colpet) y South American Gulf Oil Company, dos compañías de Estados Unidos.

Una de las comunidades que más sufrió con la llegada de proyectos petroleros fue el pueblo Barí, que habitaba ese territorio desde tiempos ancestrales, pero fue señalado como un riesgo para la industria. Por ese motivo fueron invadidos, violentados y desterrados con la autorización del Estado

El pueblo Barí fue perseguido durante gran parte del siglo pasado. Según detalla la Comisión de la Verdad, los picos de desplazamiento se dieron con la incursión paramilitar. En su mayoría, huyeron hacia Venezuela atravesando el río Catatumbo; de hecho, es una comunidad binacional, pero en Colombia se rompió su estructura porque los caciques perdieron su liderazgo.

“Una de las primeras cosas que hay que destacar es que a pesar de vivir de la pérdida del territorio y de la extensión territorial, existe una comunidad que aún se mantiene (...) sin embargo, es una comunidad que sigue excluida de muchos procesos”, explicó Grijalba.

Durante estos años el territorio se siguió transformando para responder a los requerimientos de la nueva industria petrolera. Apareció el corregimiento de Orú, en el municipio de El Tarra, y los corregimientos de Puerto Reyes, Petrolea y Río de Oro, en Tibú.

Fue así como se empezó a poblar el territorio: centenares de personas provenientes de Boyacá, Arauca, Santander y Antioquia llegaron atraídas por la riqueza petrolera.

Con la llegada de trabajadores y sus familias, así como el desarrollo de asentamientos en torno a la infraestructura de la industria, llegó la construcción de escuelas, hospitales, vías, que facilitaron la vida de la comunidad. De tal manera que las empresas petroleras reemplazaron al Estado.

Todo esto produjo profundas inequidades y exclusiones en la población, en zonas como el Sarare y el Catatumbo, que empezó a encontrar en la coca el sustento para sobrevivir.

“Tenemos como tres teorías desde dónde llega la coca: unos dicen que vienen de Arauca, otros que la traían de los llanos orientales, otros que venía de Antioquia, aunque finalmente no hay claridades frente a cómo emerge el cultivo en Norte de Santander, lo que sí es cierto, es que comienza a alentarse”, explicó el investigador.

Los conflictos derivados de la implementación de proyectos de desarrollo, como los de la industria petrolera, sumados a los conflictos por la tenencia de tierras que se venían dando desde principios del siglo XX, justificaron la llegada de las guerrillas.

En los años del Frente Nacional, la integración política del territorio con el centro del país dependía de las redes clientelares de los partidos tradicionales, que comenzaron a ser desafiadas por movimientos sociales de campesinos, sindicalistas, indígenas, entre otros. Por la doctrina de seguridad nacional que imperaba por ese entonces, estos grupos empezaron a recibir un tratamiento militar, cerrándose todos los espacios de diálogos.

Grandes movilizaciones sociales como el gran Paro Cívico del Sarare en 1972 o el gran Paro Nacional apoyado por el Catatumbo y Arauca en 1977, que recibieron un tratamiento de orden público y represión por parte del Estado, favorecieron la incursión de las guerrillas.

“El primero que llega al territorio es el ELN, que comienza a hacer sus apariciones en el departamento mediante algunas tomas guerrilleras. En el caso de Norte de Santander comienzan a ingresar a mediados y finales de los años 70″, detalló el investigador.

“Luego entra el EPL a Norte de Santander. Nace de liderazgo social, del liderazgo político, de movimientos juveniles, de la fuerza viva que tiene esta frontera no oriental y se establece en el Catatumbo”, añadió.

“Tardíamente entran las FARC en estos territorios con intenciones políticas, seguramente, o intenciones sociales, también seguramente; pero sobre todo, a mi modo de ver, y lo planteamos en el informe, con una intención militar muy fuerte, era una guerrilla que necesitaba expandirse.”, explicó.

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