Estigmatización, segregación y persecución de líderes sindicales de las petroleras en el Magdalena Medio

“La historia no se refugia en las notarías ni en los juzgados, ni siquiera en los periódicos. La historia es una voz llena de timbres y de acentos de gente anónima”, dijo alguna vez Alfredo Molano Bravo, uno de los cronistas que no solo tenía el país ‘metido en su cabeza’, sino también en sus pupilas y pies, pues fue de los pocos que recorrió las entrañas de esa Colombia olvidada por Dios y los mismos hombres. Esa misma que él retrató y trasladó a las capitales a través de baluartes como Los años del tropel, Del llano llano y A lomo de mula.

Su papel como comisionado en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad —CEV— no solo le dio un alto prestigio a la entidad naciente del Acuerdo Final de Paz, sino también fue una garantía que el capítulo Colombia adentro del Informe Final le hacía todos los honores a su nombre: once regiones del país fueron abordadas para conocer todas las dinámicas que ocurrieron en las zonas más recónditas, muchas de ellas desconocidas por citadinos. Una de ellas fue el Magdalena Medio, bautizada así por motivos del conflicto y casi un siglo después, busca que esta zona se mantenga y consolide como un epicentro económico y biodiverso de Colombia.

Esta región, como lo describe el tomo, ostenta ríos que no solo han visto el nacimiento de una cultura ribereña al no haber presencia estatal, sino también cuerpos de decenas de muertos que fueron apareciendo tras la llegada de la institucionalidad para beneficiar a empresas, sobre todo multinacionales, con el elemento que ha generado casi cien años de conflicto: la tierra.

Las ocupaciones de terrenos para la extracción petrolera comenzaron a comienzos del siglo XX, pero como el Estado por sí mismo no tenía la capacidad técnica ni financiera para consolidar una empresa nacional que se dedicara a esta actividad, fue impulsada una política de concesiones que generó la llegada masiva de multinacionales tanto en tierras estatales como en zonas privadas. Para 1945 buena parte del Magdalena Medio no era propiedad ni siquiera de Colombia, sino de compañías extranjeras.

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Pero si bien la extracción petrolera representó aproximadamente el 11,6 % del presupuesto nacional, las tensiones entre estas compañías y los colonos crecieron de manera desbordada, pues estos últimos consideraban esas tierras como públicas y no tenían por qué estar exclusivamente en poder de otros.

Por otra parte, el Estado colombiano defendió de manera acérrima la presencia de estas petroleras. En 1946, el entonces ministro de Minas y Petróleo, Carlos de Mendoza, dijo ante el Congreso de la República que los contratos de asociación entre particulares y el Estado permitieron la ocupación de 1.745.509 hectáreas en todo el país. Además, dichas concesiones acaparaban territorios ancestrales de los yariguíes que, antes de su exterminio en la lucha por estas tierras ya estaban siendo amenazados por otros conflictos con colonos que explotaban oro, madera y quina.

Mientras que los trabajadores extranjeros gozaban de comodidades y las utilidades de las multinacionales crecían, los obreros nacionales y sus familias vivían en condiciones deplorables. Fue así como nació la Unión Sindical Obrera —USO— en 1923. Un año después, el gobierno del entonces presidente Pedro Nel Ospina autorizó a la fuerza pública a reprimir las protestas, generando como resultado el despido de aproximadamente 100 empleados y cerca de 1500 tuvieron que abandonar la región por las persecuciones.

Sin embargo, los obreros que reclamaban injusticias laborales y los sindicalistas organizaron huelgas no solo para mejorar las condiciones de trabajo, sino terminar con el oligopolio establecido en el país y crear una compañía estatal. Pese a los reclamos, el presidente Mariano Ospina Pérez (1946-1950) abrió una nueva ronda de licitaciones internacionales.

Toda esta represión que continuó en los siguientes gobiernos, hizo que cientos de obreros hicieran parte de las guerrillas liberales en oposición al gobierno de Laureano Gómez, que respondió no solo por agentes del Estado sino por grupos privados de autodefensa. Fue así como nacieron grupos conservadores que persiguieron liberales y las principales guerrillas una década después.

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