Corrupción en el ICA y la CAR de Cundinamarca: funcionarios negociaron árboles maderables de zonas de reserva

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de 12 presuntos integrantes de una red delictiva señala de deforestar algo más de 7.000 hectáreas de bosque nativo en varios municipios de Cundinamarca y Boyacá, obtener madera de especies protegidas y comercializarla.

Dos de los procesados son funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y uno más es contratista de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

“Estas personas, al parecer, usaban sus cargos e influencia, y a cambio de dádivas, facilitaban la expedición de permisos para aprovechar el recurso maderable en zonas de reserva forestal o gestionaban salvoconductos que le permitían a la organización mover grandes cantidades de madera y darles apariencia de legalidad”, relató la Fiscalía General de la Nación.

El grupo delincuencial, presuntamente, compraba o se apropiaba de manera irregular de bosques, talaba árboles indiscriminadamente y trasladaba la madera a distintos puntos de acopio, donde se coordinaba la venta y distribución.

En las labores investigativas, de acuerdo con la información brindada por la Fiscalía General de la Nación, se constató que la actividad ilícita afectó áreas protegidas en Tunja, Pesca y Combita (Boyacá); y en Zipaquirá y municipios de la sabana norte y occidente de Bogotá, en Cundinamarca.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a estas 12 personas, según el posible nivel de participación, los delitos de concierto para delinquir, aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables y cohecho por dar u ofrecer.

Ante la contundencia de los argumentos de la Fiscalía, nueve de doce de los procesados aceptaron los cargos. Entre las personas investigadas están Omar Pineda González e Isaías Cita Uribe, los presuntos articuladores principales de todo el andamiaje ilegal, encargados de la financiación y compra de los bosques, la preparación de la madera, el transporte del producto en tractocamiones y el contacto directo con los funcionarios que estarían al servicio de la red.

También están: el ingeniero del ICA David Enrique Rodríguez Cifuentes, quien sería el responsable de emitir conceptos técnicos forestales que le permitían a la estructura ilegal explotar determinadas zonas; la servidora del ICA Sandra Liliana Páez Triviño, adscrita a un área de control fitosanitario, pero que, según las investigaciones, habría intervenido y gestionado la adquisición de salvoconductos para soportar la madera movilizada y comercializada; y el contratista de la CAR Jorge Augusto Cortés Rincón.

Esta no es la primera vez que el ICA está involucrado en procesos judiciales, pues hace un año se dio un golpe y se ordenó extinción de dominio a red criminal dedicada al contrabando de ganado en la que están vinculados funcionarios del ICA. Los bienes estaban avaluados en más de $4.000 millones de pesos.

De acuerdo con información de la Fiscalía, se impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de bienes, entre muebles, inmuebles y semovientes, que pertenecerían a una red conocida como ‘Los Corraleros’, dedicada desde hace varios años al contrabando de ganado en Colombia.

“El material de prueba recaudado evidencia cómo los activos afectados serían de propiedad de una organización ilegal conocida como ‘Los Corraleros’”, afirmó la Directora Especializada de Extinción del Derecho de Domino, Liliana Patricia Donado Sierra. “Los bienes aparecen a nombre de María Luisa y otras personas presuntamente implicadas en contrabando de ganado. También estarían implicados funcionarios del ICA, quienes al parecer generaban el cupo ganadero para justificar las cantidades de animales que ingresaban al país”, añadió Donado.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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