El 23 de noviembre habrá nueva evaluación del plan de reparación colectiva de El Aro

Entre los días 22 de octubre y 12 de noviembre de 1997 tuvo lugar una incursión paramilitar en el corregimiento de El Aro. En ese lapso de tiempo varios hombres armados torturaron y asesinaron a un grupo de pobladores.

Durante las acciones, los 150 hombres de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), conocidos en la región como los ‘Mochacabezas’, obligaron, bajo amenaza de muerte, a algunos residentes del área a arrear el ganado robado durante varios días. Durante la incursión, los paramilitares sustrajeron entre 800 y 1.200 cabezas de ganado.

Finalmente, antes de retirarse de El Aro, los paramilitares destruyeron e incendiaron gran parte de las casas. Algunos autores de los delitos fueron investigados y sancionados, en ausencia, en el marco de un proceso penal. En la masacre fueron asesinadas 15 personas.

Después de 25 años de la incursión paramilitar, los habitantes de esta zona del país aún no reciben una reparación por parte del Estado. Este sábado, la Unidad para las Víctimas indicó que el 23 de noviembre es la nueva fecha para evaluar el avance de la reparación de la comunidad.

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Esto, según la entidad, se acordó al terminar la audiencia a la que fueron convocadas las entidades responsables del proceso. Esta tarea de articulación quedó a cargo de la Unidad para las Víctimas y deberán estar presentes la Empresa de Vivienda de Antioquia, el Ejército Nacional, la Gobernación de Antioquia, las Empresas Públicas de Medellín, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea, la Agencia de Renovación del Territorio y la Alcaldía Ituango.

Entre las peticiones de la comunidad está la terminación de la cancha deportiva, el mejoramiento de las condiciones y atención en salud, proyectos productivos para cada familia y herramientas para ellos y mejoramiento del acceso vial.

Claudia Vallejo, directora territorial en Antioquia explicó que la Unidad para las Víctimas acompaña a tres sujetos de reparación colectiva en Ituango: Santa Lucía, La Granja y El Aro.

Por su parte, para los campesinos de esta región del nudo del Paramillo, sus tradiciones, arraigo y cultura “están presentes en el diario vivir, y eso es lo que hoy le reclaman al Estado para lograr su reparación socioeconómica”, informó la unidad.

Estas víctimas del conflicto armado buscan recuperar confianza en sí mismos, como dentro de la comunidad, para así retomar prácticas comunitarias que se perdieron por causa de la violencia vivida luego de la masacre del año 1997, en el que fallecieron 15 personas.

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano a pagar una indemnización cercana a 3.400 millones de pesos a favor de 123 familiares de las víctimas. El organismo internacional consideró que la fuerza pública dejó desprotegida a la población durante todo el ataque paramilitar.

En la decisión de la CIDH también se le obligó al Estado a fijar una placa en un lugar público apropiado en cada uno de los corregimientos de La Granja y El Aro, con el propósito de que las nuevas generaciones conozcan acerca de los hechos que dieron lugar por el accionar paramilitar.

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