¿Por qué la Procuraduría investigará a los senadores Iván Cepeda y Julián Gallo?

La Corte Suprema de Justicia determinó este jueves 10 de noviembre que la Procuraduría General de la Nación será la encargada de investigar a los senadores Julián Gallo e Iván Cepeda. La Sala de Casación Penal resolvió el conflicto de competencias entre la Comisión de Ética del Congreso y el Ministerio Público para indagar sobre la denuncia que pesa en contra de los legisladores por supuesto peculado y concierto para delinquir.

Gallo y Cepeda fueron acusados de vincular a jóvenes desempleados como reinsertados de la extinta guerrilla de la Farc, para que recibieran un salario mínimo con los recursos del programa de Reinserción para la Paz. La queja llegó en primera instancia al Legislativo, pero en el Congreso consideraron que las acciones no estarían relacionadas con sus funciones desde el parlamento, por lo que la Corte Suprema tuvo que determinar a quién le correspondía indagarlos.

La Sala de Casación Penal explicó en el fallo que “la competencia de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista del Senado no es absoluta, sino restringida a aquello que guarde relación con la función congresional”. Por esa razón, señaló que el argumento de la procuradora auxiliar de Asuntos Disciplinarios, que aseguró que “el juez natural de los senadores” es dicha comisión, no tendría cabida en la situación.

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Lo cierto es que la denuncia que involucra a los parlamentarios fue presentada en septiembre de 2020 por Andrea Lucía Rodríguez. Al parecer, el 25 % del dinero habría llegado al Congreso para el sostenimiento del partido Comunes —antes llamado Farc— y el otro 25 % lo recibiría el congresista Iván Cepeda.

De acuerdo con ese documento, citado por el diario El Espectador, los congresistas se apropiaron de los recursos del programa para “pagar testigos electorales y hacerlos pasar como milicianos del frente Antonio Nariño —de las extintas Farc— acá en la capital”. En realidad, los reinsertados serían “simples jóvenes desempleados de los sectores marginados o vulnerables de varias localidades de Bogotá.

Teniendo en cuenta los recursos que están comprometidos, la Corte resaltó que la Procuraduría será la encargada de indagar sobre los actos irregulares que pudieron cometer Cepeda y Gallo.

Debido a una denuncia por presuntas irregularidades, la Procuraduría General de la Nación abrió este jueves 10 de noviembre una investigación disciplinaria en contra de Mabel Moscote Moscote, gerente de Telecaribe. Los hechos que investigará el Ministerio Público están relacionados con la Convocatoria 004, prevista para adelantar un proceso licitatorio, en el que para adjudicar los proyectos, funcionarios del canal regional estarían pidiendo dinero a los productores.

La denuncia fue interpuesta a través de un medio de comunicación, en la cual se reveló que “próximamente se destapará escándalo de corrupción en el Canal Público de Televisión de la costa Atlántica (…) para adjudicar los proyectos, funcionarios de Telecaribe están pidiendo entre el 25 y 40 % a los productores que se prestan para el juego sucio”.

De tal manera que la Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico tratará de establecer si Moscote Moscote cumplió con su función como gerente de actuación administrativa bajo la premisa de interés general. Esto teniendo en cuenta que cuando “los servidores públicos intervienen en un proceso de contratación deben hacerlo con estricto cumplimiento a las normas que lo regulan”.

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