El Concejo de Bogotá tendrá hoy la labor de votar sobre el ingreso de la ciudad a la denominada Región Metropolitana, un proyecto de asociatividad que busca la integración de la capital del país con el resto de municipios de Cundinamarca, no todos, pero, este pondría en consideración muchos aspectos que no solo tienen que ver con proyectos de infraestructura, sino que dejaría también en comunidad temas como los impuestos, delegaciones de operatividad de servicios y recursos públicos, entre muchos otros, que según el cabildo, atentarían contra el desarrollo de algunas poblaciones, así no quieran ser parte de la iniciativa, pues recordemos, la anexión se da de manera voluntaria.
Hace unos días, en el marco del diálogo regional vinculante que se desarrolló en el municipio de Zipaquirá, la Asamblea Departamental y el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, expusieron a la comunidad lo que se buscaría con la Región Metropolitana, pero, en varias ponencias el argumento era que se centralizaría, aún más, la política, limitando la autonomía territorial y jurídica de las poblaciones en cuestión.
Algo así es lo que se está debatiendo en el Concejo de Bogotá, que a pesar de la presencia de varios secretarios distritales de carteras como: hábitat, movilidad y hacienda, no terminaron de convencer a los cabildantes:
“Asociarnos es una oportunidad y una apuesta de la planeación conjunta de Bogotá y la región. En materia de hábitat vemos oportunidades porque esta ley nos permitirá prevenir ocupaciones ilegales en los bordes que no tenemos cómo controlar porque muchas de las ocupaciones entre Bogotá y La Calera, o Soacha y Ciudad Bolívar, no tienen quién las controle; está el cuidado del recurso hídrico y en la economía circular está el desafío de los residuos que tiene tanto Bogotá como la Región”, manifestó la secretaria de hábitat, Nadya Rangel.
Pero, estos temas son los que inquietan a los corporados, algunos como Carlos Carrillo, referenció que dicha integración haría que los municipios se repartieran, entre otros problemas, el déficit presupuestal de Transmilenio, esto mediante una ley que ya fue expedida, la 2199, que fue calificada como la alianza política ente la alcaldesa de la ciudad, Claudia López y el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García:
“En medio del debate que, creo yo, ha sido un debate intelectualmente muy deshonesto, por qué la administración básicamente se dedica a la administración y pues esto se dedican a decir que todo está mal: que el transporte está muy mal, que el ordenamiento territorial está muy mal, que el medio ambiente está amenazado, y entonces no sé cómo llegar a la conclusión que la región metropolitana es el bálsamo para todo esto (...) Claudia López y el gobernador Nicolás García y su sector político, no solamente hicieron una ley, la Ley 2199 qué es la que rige todo esto, incluso cambiaron la Constitución con el acto legislativo que modificó el 325. Esto ha sido un plan para consumar esa alianza política entre Claudia López y Nicolás García, entonces hoy existe un marco legal que se sale y qué es un esperpento; entre otras va a permitir que ese déficit de Transmilenio sea compartido por los municipios de la Sabana, eso lo dejó absolutamente claro la señora secretaría de movilidad”, manifestó Carrillo en Caracol Radio.
Aunque hoy el Concejo definirá si Bogotá entra o no a la región, se conoce que las responsabilidades de las secretarias, o entes de control serían repartidos, por lo que cada municipio tendría algo a cargo, para el caso de la capital, crearía una agencia de movilidad, para atender los cientos de miles de trayectos que se registran diariamente, buscando alternativas para temas como: corredores de entrada y salida, la seguridad vial y de infraestructura.
Es precisamente con esta figura que se crearía un Fondo de Estabilización Tarifaria Regional, declaró Carrillo en la plenaria:
“La secretaria se negó a aclarar si tienen la capacidad económica y de talento humano para asumirla (...) Así lo confirmó la Secretaría de Movilidad al señalar que la Agencia Regional de Movilidad podría crear un Fondo de Estabilización Tarifaria Regional (FETR), que incluiría no solo el Regiotram y el Metro, sino también Transmilenio”.
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