En el marco del macro caso 05, que prioriza la situación de violencia en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, llamó a rendir versión al coronel Jorge Enrique Florián Díaz, que actualmente es agregado militar de la Embajada de Colombia en Rusia, por estar presuntamente relacionado con casos de ‘falsos positivos’.
Al menos cinco miembros de la fuerza pública han señalado al coronel Florián Díaz de ser el “cerebro de los falsos positivos” en el Gaula del Valle.
“Que, hasta el momento en el caso 05 se ha escuchado en versión voluntaria a cinco exmiembros del Gaula en el Valle, que rindieron versión voluntaria ante la JEP los días 6 de junio, 7 de junio, 8 de junio, 28 de junio, 6 de julio de 2022 y 14 de julio de 2022 en las cuales se ha señalado la realización de ejecuciones extrajudiciales en las operaciones relámpago en las cuales participó el señor Jorge Enrique Florián Díaz”, se puede leer en la decisión del tribunal conocida por la emisora Blu Radio.
El coronel, que ha manifestado su voluntad de comparecer ante la JEP, deberá rendir versión voluntaria sobre estos hechos mencionados con el fin de que aporte a la verdad, y de ser el caso, que reconozca su responsabilidad.
Jorge Enrique Florián era el jefe del Gaula Militar en el Valle del Cauca en 2005. También fue miembro de la Cuarta Brigada, el Comando de la Vigésima Séptima Brigada, así como el Batallón de Infantería número 10, coronel Atanasio Girardot.
“El 9 de agosto de 2022, se allegó comunicación al despacho mediante el cual se requería información sobre el expediente y en donde se manifestaba la intención del coronel Jorge Enrique Florián Díaz de comparecer voluntariamente a esta jurisdicción”, finaliza el auto del tribunal.
El macrocaso 05 de la JEP
Fue abierto el 16 de noviembre de 2018. Prioriza las violaciones a los derechos humanos en los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla y Puerto Tejada en el Cauca, y Palmira, Pradera, Florida, Candelaria y Jamundí, en el Sur del Valle del Cauca.
Los investigadores de la JEP encontraron en estos territorios hechos como desplazamiento forzado, secuestros, tortura, violencia sexual, muertes producto del conflicto armado, confinamiento, siembra de minas antipersonal, reclutamiento forzado, desaparición forzada, ataques a la población civil, amenazas y atentados al medio ambiente y al territorio, por parte de integrantes de las Farc y de miembros de la fuerza pública entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016.
El conflicto armado en esta zona dejó 7.582 muertos entre 2000 y 2013. Allí han convivido históricamente indígenas, afrodescendientes y campesinos, comunidades consideradas como “especialmente vulnerables” por el tribunal de paz, a los que se les ha violado de forma “masiva y sistemática” sus derechos fundamentales durante el periodo de tiempo investigado por la Jurisdicción.
En el macrocaso se han acreditado 129 sujetos colectivos que reúnen a 45 pueblos indígenas; 67 consejos comunitarios, y 8 organizaciones de víctimas, compuestas por más de 180 mil víctimas.
Algunos de los sujetos colectivos acreditados son el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y la Asociación de Consejos Comunitarios del norte del Cauca (ACONC), las Organizaciones Regional Indígenas Valle del Cauca (ORIVAC), Sisma Mujer y Caribe Afirmativo.
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