En medio de la investigación por la muerte violenta el pasado domingo 6 de noviembre de Juan Pablo González, capturado por ser el presunto abusador de la joven Hilary Castro en una estación de TransMilenio y que fue aparentemente golpeado hasta morir en la unidad de reacción inmediata (URI) de Puente Aranda, la Policía Metropolitana de Bogotá anunció este jueves 10 de noviembre que cinco uniformados fueron suspendidos provisionalmente de su cargo y abrió casos disciplinarios en su contra.
La decisión fue informada a través de un comunicado a la opinión pública, en el cual fueron omitidos los nombres de los cinco funcionarios involucrados en esta nueva investigación. No obstante, se sabe que todos ellos estaban presentes ese domingo en la URI donde estaba recluido González.
La misiva dice que la Policía está colaborando de manera articulada con la investigación penal que adelanta la Fiscalía General de la Nación, “con el objetivo de aportar todos los elementos requeridos para el total esclarecimiento de los hechos”.
“La Policía Nacional, como garante de los derechos humanos, seguirá siendo respetuosa del debido proceso, que incluye la presunción de inocencia, pero al mismo tiempo rechaza de forma categórica cualquier acción u omisión de quien se aparte de los preceptos consagrados en la Constitución Política y las leyes dela República”
González fue acusado de haber amenazado con un cuchillo a Castro —de 17 años— el pasado lunes 31 de octubre en la estación La Castellana, despojarla de sus pertenencias y obligarla a practicarle actos sexuales. Dado que las autoridades le impusieron obstáculos para recibir su denuncia, Castro contó su historia en redes sociales y esta se hizo viral, por lo cual se conocieron más víctimas de agresiones sexuales en la misma modalidad dentro del transporte público. La Policía capturó a Juan Pablo González el pasado sábado 5 de noviembre.
De acuerdo con un vocero de la institución, González ya había sido arrestado el 21 de octubre por realizar actos obscenos en la localidad de Usaquén, pero posteriormente fue dejado en libertad. En esta oportunidad le impusieron medida de aseguramiento, mientras seguía su proceso judicial por los delitos de acceso carnal violento, en concurso heterogéneo con hurto calificado y agravado a título de dolo en calidad de autor.
La dicha de la justicia ordinaria duró poco: el 6 de noviembre a las 4:40 de la tarde, Juan Pablo González fue encontrado muerto en su celda. Aunque inicialmente se hablaba de un supuesto suicidio, más tarde salió a la luz pública que el sujeto tenía varias contusiones en distintas partes del cuerpo, por lo que en realidad se trataría de un homicidio al interior del establecimiento.
En horas de la tarde del martes 8, el Instituto Nacional de Medicina Legal reveló los resultados de la necropsia del acusado. La entidad confirmó que el cuerpo de González presentó varios golpes y su cabello había sido arrancado. En conclusión, esta persona fue asesinada en poder de las autoridades, dentro de la unidad de reacción inmediata (URI) de Puente Aranda.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, lamentó la muerte de González bajo la custodia del Estado. “Esta persona estaba sindicada, ha debido llegar al juicio y, si se probaba que era culpable, ha debido llegar a pagar la pena. Lamentablemente eso no ocurrió”, dijo el funcionario en una entrevista para Noticias RCN.
Jennifer Hernández, abogada de Hilary Castro, también alzó su voz de rechazo. “Los terribles y reprochables actos que sufrió mi defendida, investigados y sancionados en sistema judicial idóneo y garante de los derechos, hubiese posibilitado más y mejores políticas públicas para la atención temprana de los casos de abuso sexual, mediante investigación psicológica y psiquiátrica de los perpetradores, y la seguridad efectiva para las potenciales víctimas”, mencionó la profesional del derecho.
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