Reportan el primer homicidio en noviembre de un líder social con el crimen de Edgar José Ayala en Cúcuta

No cesa el exterminio, la nueva víctima fue un el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Ciudad Rodeo, en el occidente de la capital nortesantandereana

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En muchos pueblos de Arauca, las pintadas de la guerrilla del ELN se intercalan en la fachada con las de las FARC, en una exhibición histórica de las insurgencias para dejar claro que aún están ahí, que nunca se han marchado. Fotografía de archivo. EFE/Ernesto Guzmán Jr.
En muchos pueblos de Arauca, las pintadas de la guerrilla del ELN se intercalan en la fachada con las de las FARC, en una exhibición histórica de las insurgencias para dejar claro que aún están ahí, que nunca se han marchado. Fotografía de archivo. EFE/Ernesto Guzmán Jr.

Tras dejar atrás un octubre sangriento para los líderes sociales, donde 15 de ellos fueron asesinados, en la primera semana de noviembre se reportó el que sería el primer crimen de una de estas personas que representan a sus comunidades o trabajan por la defensa de los derechos humanos en Colombia con el homicidio de Edgar Ayala Pinto, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Ciudad Rodeo, en el occidente de Cúcuta (Norte de Santander).

“Aproximadamente a las 6 de la tarde, fue objeto de un atentado. Posteriormente es traslado a la clínica Médical Duarte donde lamentablemente fallece. Estamos activando todas nuestras actividades de Policía judicial e inteligencia para dar con los móviles y la posterior captura de los sujetos que pudieron haber cometido este hecho”, informó el coronel Ivan Mauricio Pardo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

En el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informaron que hombres armados lo interceptaron cuando se encontraba junto con su hijo en el parqueadero del conjunto residencial en el que residía.

“Fue trasladado a la clínica Medical Duarte, pero falleció por la gravedad de las heridas, y su hijo resultó herido”, indicaron en esa ONG.

En Indepaz señalaron que con Ayala van 157 líderes sociales asesinados en lo corrido del año y que para la capital de Norte de Santander se habían emitido alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo ante las vulneraciones de los derechos humanos de la población.

Precisamente, en el medio regional TV Patios consultaron con Martha Maldonado, secretaría de Derechos Humanos de la Federación Comunal de esa ciudad, que con este crimen se pone en evidencia la complicada situación que padecen los líderes comunales en esa población ante las amenazas de las que son víctimas.

“Lamentamos y repudiamos estos hechos que vuelve a enlutar a la organización comunal en nuestro municipio y a nivel nacional estamos en una alerta roja porque cada día siguen asesinando compañeros o desplazándolos, y las amenazas no cesan. Igual no está sucediendo en Cúcuta tengo reporte de compañeros con algún riesgo de seguridad que es lo que nos han manifestado en estos días y una compañera que ha salido desplazada”, afirmó.

Este primer homicidio de un líder social en noviembre se registra justo cuando Human Rigth Watch (HRW) reportara que en los primeros 100 días del gobierno del presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, fueron asesinadas 35 de estas personas que representan a sus comunidades y trabajan por la defensa de los derechos humanos.

Previo a este nuevo crimen, al concluir octubre se llegó a la escabrosa cifra de 15 homicidios donde dos de las víctimas más recientes fueron los primos Jonás y Faustino Carabalí, quienes fueron ultimados el domingo 30 de octubre en la mañana en Ipiales (Nariño) por hombres armados, al parecer, pertenecientes al grupo Comandos de Frontera, una de las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc.

Mientras que en el Caribe colombiano se reportó el homicidio del líder social William Urueta, quien fue ultimado por hombres armados en el corregimiento de Macaján en Toluviejo (Sucre). El fallecido era un reconocido militante del Pacto Histórico en esa zona del país, quien se caracterizó por su trabajo como veedor público y donde se destacó por oponerse al endeudamiento del municipio, así como por denunciar hechos de corrupción.

Aunque hubo optimismo en septiembre, ya que la cifra de homicidios de estas personas llegó a ocho en ese mes, cuando se tiene un promedio de 13 crímenes mensuales, pareciera que se sigue sin avances en el país para salvaguardar la vida e integridad de estas personas.

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