Por presuntos pagos al Cartel de la Toga, Procuraduría formuló cargos al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons

El sujeto buscaba que ejercieran sus influencias con los funcionarios que en la Fiscalía tramitaban procesos penales en su contra

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Por presuntos pagos del Cartel de la Toga, Procuraduría formuló cargos a Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba. Foto: Colprensa
Por presuntos pagos del Cartel de la Toga, Procuraduría formuló cargos a Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba. Foto: Colprensa

Al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons no le cabe un proceso más. Desde su extradición de los Estados Unidos a Colombia, las ollas se siguen destapando. Lyons fue extraditado de Estados Unidos a Colombia para cumplir su condena por concierto para delinquir agravado, relacionado con dos actos de corrupción que en su momento fueron y siguen siendo centro del debate público en el país: el cartel de la toga y el cartel de la hemofilia.

El exgobernador de Córdoba tiene varios procesos en Colombia, disciplinarios, fiscales y el penal, por irregularidades en contratos y manejo de recursos durante su permanencia en el cargo entre 2012 y 2015. Lyons, que estuvo en el país norteamericano desde 2016, ayudó, desde allá, a entregar al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien le iba a ayudar a dilatar su proceso en la Fiscalía si le pagaba 500 millones de pesos. Pero todo se trataba de una trampa con la DEA para atrapar al exfuncionario que paga cárcel en Colombia.

Conforme con la Fiscalía, las irregularidades de Lyons durante su periodo en la gobernación le costaron al erario de Córdoba $ 87.000 millones. Otros implicados fueron el también exgobernador de Córdoba, Edwin Besaile, y el exsenador Musa Besaile.

La Procuraduría General de la Nación formuló, en las últimas horas, un pliego de cargos contra el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus (2012-2015), por posibles irregularidades derivadas de la entrega de dinero para el favorecimiento en actuaciones judiciales y conductas relacionadas con actos de corrupción en la administración de justicia, en lo que se denominó el cartel de la toga.

Algunos “clientes” del Cartel de la Toga, fueron, según las investigaciones, Álvaro Ashton, Musa Besaile, Juan Carlos Abadía, Alejandro Lyons y Julio Manzur. Con estos principales sindicados fue que se destapó en un principio este Cartel.

De acuerdo con la investigación, el exmandatario regional habría entregado al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Camilo Tarquino, $ 30 millones, para que los togados José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte ejercieran sus influencias con los funcionarios que en la Fiscalía tramitaban procesos penales en su contra, explicó la Procuraduría General de la Nación.

Señaló el Ministerio Público que, al entregar los dineros al exmagistrado, el exgobernador pudo incurrir en cohecho, razón por la cual la falta fue calificada provisionalmente como gravísima, a título de dolo.

En un segundo cargo, se investiga a Lyons Muskus “por la presunta entrega al entonces senador Mussa Besayle Fayad de $ 600 millones, cuyo destino, al parecer, fue el pago de un soborno a través del exfiscal Luis Gustavo Moreno, para impedir que la CSJ le expidiera una orden de captura en un proceso por parapolítica que esa corporación adelantaba en su contra”, indicó la Procuraduría General de la Nación.

A juicio del ente disciplinario y como lo dio a conocer: “el investigado sabía que estos dineros se entregarían en el marco de una actividad ilícita y, a pesar de ello, no denunció ante la autoridad competente tales hechos, permitiendo que estos se prolongaran en el tiempo, hasta por lo menos el 2017″, dijo la Procuraduría por medio de un comunicado a la opinión pública.

Esta segunda conducta objeto de investigación fue calificada en esta etapa procesal provisionalmente como falta gravísima a título de dolo.

En el año 2021 la Procuraduría General de la Nación también formuló pliego de cargos contra el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, y tres exsecretarios de Desarrollo de la Salud por haber pagado más de $7.700 millones a tres Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) de manera irregular, ya que la Gobernación no tenía contratos con estas.

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