Este martes 8 de noviembre fueron citados a la plenaria del Senado el ministro de Justicia, Néstor Osuna; el director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Andrés Ernesto Díaz, y el director del Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, a un debate de control político sobre la crítica situación que se vive en las cárceles del país y el sistema penitenciario.
Uno de los temas mencionados con mayor profundidad fue el hacinamiento de buena parte de los centros penitenciarios y las Unidades de Reacción Inmediata. De hecho, un caso que alertó a la Rama Judicial fue el crimen contra Juan Pablo González, que habría abusado sexualmente de la menor Hilary Castro en una estación de TransMilenio. De acuerdo con la necropsia, fue asesinado por otros detenidos que se encontraban en esa celda, y de acuerdo con el director de la Policía Metropolitana, había alrededor de 80.
Asimismo, estaciones de Policía, bodegas improvisadas y las mismas URI registran un hacinamiento de hasta un 170 %. El ministro de Justicia respondió ante esto que actualmente hay 97.300 personas privadas de la libertad en centros reclusorios custodiados por el Inpec; 22.319 se encuentran en estaciones de Policía y 71.185 tienen la medida de casa por cárcel. A su vez, 1561 personas están en Unidades de Reacción Inmediata y 2900 han sido recluidas en cárceles de entidades territoriales para un total de 195.265 detenidos.
Ante este panorama, el ministro Osuna dijo que ese y otros datos son los propios de “una situación en grave crisis que lleva 30 años mal contados. Si la solución a este problema fuera fácil, por supuesto que los gobiernos anteriores la habrían encontrado sean de cualquier color político. Es decir, la solución no es fácil, es compleja”. También dijo que en la sociedad hay un sentimiento de venganza contra las personas privadas de la libertad como respuesta a un fracaso del sistema.
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”¿Qué hacer frente a eso? Hemos pensado, desde el Ministerio de Justicia hacer una reforma al sistema penal del país, una reforma a la política criminal” dijo el funcionario. De paso, afirmó que “lo más oportuno” es que dicha iniciativa sea presentada en marzo del próximo año cuando los congresistas vuelvan del receso de navidad y fin de año.
Osuna también dio a conocer que los borradores del documento ya están armados, “y yo mismo le he entregado a varios parlamentarios y en algunos foros esos borradores porque me interesa que se comience a discutir” las diferencias que hay en ese proyecto para ser modificadas con tiempo a fin de que en el tercer mes del próximo año no hayan “sorpresas” en su discusión ante el legislativo.
Concretamente, el proyecto de ley tendrá tres enfoques, de acuerdo con el ministro: el primero tiene que ver con ‘el uso racional de la cárcel’ y la posibilidad de una reducción de penas para reducir el hacinamiento y cumplir con las etapas de reinserción y resocialización. La segunda, precisamente, es el enfoque de la resocialización en los presos. Al respecto, dijo que esto “choca frontalmente con el populismo punitivo que es el que nos tiene en esta situación y esa idea de subir las penas cada vez que ocurre algo que tiene insatisfecho a un sector de la sociedad”.
El tercer punto, según el jefe de la cartera de Justicia y el Derecho, es el cumplimiento de la reparación y la justicia restaurativa. En ese punto de su intervención, citó a Johana Bahamón y las ‘segundas oportunidades’, afirmando que “hay personas que ni siquiera han tenido la primera”.
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