Fundación para la Libertad de Prensa rechazó la señalada censura a la prensa en la reforma a la política criminal

Aunque el ministro de Justicia, Néstor Osuna, “echó para atrás” un artículo que estaba contenido dentro de un borrador del proyecto de ley con el que se busca reformar la política criminal en Colombia, pero que pretendía controlar la información que se difundiera en medios de comunicación sobre ese tema, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó por completo dicha propuesta.

“#AlertaFLIP | El Ministro de Justicia, @osunanestor, anunció cambios en el artículo del borrador de un proyecto de ley, que obligaba a los medios a realizar campañas sobre la política criminal del Gobierno. Pero esto insuficiente y aún hay riesgos para la libertad de prensa (sic)”, expresaron en un hilo en su cuenta oficial de Twitter.

Se debe recordar que el artículo en referencia señalaba: “ESTRATEGIA DE CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA SOBRE LA POLÍTICA CRIMINAL EN PRENSA, RADIO Y TELEVISIÓN. A partir de la fecha de vigencia de la presente ley, la prensa escrita, las estaciones de radiodifusión sonora y los programadores de televisión que operen en el país deberán adelantar campañas destinadas a generar un cambio en la conciencia ciudadana sobre la humanización de la política criminal, la creación de oportunidades y la potencialidad de la justicia restaurativa. Los contenidos podrán ser elaborados directamente por el correspondiente medio de comunicación, pero para su difusión deberán ser sometidos a la aprobación del Consejo Superior de Política Criminal. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se cerciorará de la difusión de los contenidos mencionados a través de medios virtuales masivos. (sic)”.

Para la FLIP este artículo estaría obligando a los medios que realizaran campañas para el Gobierno, la cuales, además, debían estar sometidas a la aprobación de una entidad del Estado.

“El artículo original imponía la carga a los medios de comunicación para que estuvieran en la obligación de realizar campañas sobre la política criminal del Gobierno. Estas, además, debían ser aprobadas por el Consejo Superior de Política Criminal (sic)”, explicaron.

Y aunque posteriormente, y debido al rechazo que provocó el borrador de la propuesta, el ministro Osuna matizó la propuesta, seguiría existiendo un riesgo de censura.

“Anunció cambios para que la participación de los medios y del Consejo fuera facultativa y no obligatoria. Así, no estarían forzados a hablar de la política, pero si quisieran, el Consejo podría colaborar y emitir conceptos sobre sus contenidos. Esto sigue siendo un riesgo de censura previa porque se disfraza una revisión como una colaboración. Un órgano político no debe opinar sobre el contenido de los medios: esto puede llevar a que, por ejemplo, se limite la crítica al Gobierno y su política criminal (sic)”, indicaron.

Posteriormente hicieron hincapié en la nueva redacción que tendría el señalado inciso, de acuerdo a como lo citaron en un artículo del periódico El Tiempo.

“A partir de la fecha de vigencia de la presente ley, la prensa escrita, las estaciones de radiodifusión sonora y los programadores de televisión que operen en el país podrán adelantar campañas destinadas a generar un cambio en la conciencia ciudadana sobre la humanización de la política criminal, la creación de oportunidades y la potencialidad de la justicia restaurativa. Los contenidos podrán ser elaborados directamente por el correspondiente medio de comunicación. El Consejo Superior de Política criminal podrá conceptuar sobre contenidos de comunicación para el Gobierno nacional”, citaron en el diario bogotano de la nueva redacción.

Pero para la FLIP el cambio seguía siendo problemático en términos del respeto a la libertad de expresión y podría provocar que los medios no pudieran cuestionar al Gobierno.

“No se deja claro el alcance de los conceptos del Consejo. Hay una línea muy delgada entre la sensibilización sobre la política criminal; y obligar a los medios a publicar contenido específico sobre ella. Los medios no están en la obligación de ser “aliados” del Gobierno”, agregaron.

Concluyeron sus reparos contradiciendo a Osuna, que argumentó que el inciso era requerido por la Corte Constitucional, pero aseguraron que no era cierto citando las misma sentencia del alto tribunal.

“El Ministro se ha justificado afirmando que esto es necesario por orden de la @CConstitucional. Esto es falso: la Corte ordenó (sentencia T762/15) al @MinjusticiaCo generar programas de sensibilización sobre el derecho penal, pero no que se tuviera que hacer a través de medios (sic)”, añadieron.

Anexaron un pantallazo del mencionado texto donde se establece que: “ORDENAR al Gobierno Nacional, por intermedio del Ministro de Justicia y del Derecho que, dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta sentencia, estructure una política pública de concientización ciudadana, con vocación de permanencia, sobre los fines del derecho penal y de la pena privativa de la libertad, orientado al reconocimiento de alternativas sancionatorias (sic)”.

Finalmente, instaron al Ministerio de Justicia a revisar su propuesta con el apoyo de más estamentos que garanticen una debida participación.

“Hacemos un llamado al @MinjusticiaCo para que el borrador del proyecto de ley se revise y discuta de forma oficial y participativa, y para que medios de comunicación, academia y organizaciones de la sociedad civil puedan contribuir a este debate”, finalizaron en su publicación en Twitter.

SEGUIR LEYENDO: