Exintegrantes del Bloque Centauros de las AUC le piden a Gustavo Petro que sean incluidos en la Paz Total

La Paz Total del Gobierno nacional está de moda: gran parte de los grupos armados existentes en el país quieren acogerse a ella, incluyendo también a presos y extraditables. Recientemente se conoció que el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (Erpac) también quiere hacer parte de esta ambiciosa propuesta planteada por el presidente Gustavo Petro y que ahora es política de Estado.

Este grupo paramilitar ocupó los espacios cedidos por el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia luego de su desmovilización. De hecho, según información recopilada por InSight Crime, esta “ala militar” operaba en los Llanos Orientales, enfrentándose en reiteradas ocasiones con Víctor Carranza, el zar de las esmeraldas, y reductos de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC).

En 2011, el grupo ya debilitado para ese entonces, decidió someterse a la justicia aprovechando la Ley de Justicia y Paz. Muchos de ellos fueron dejados en libertad al poco tiempo, ya que sobre ellos no había órdenes de captura. Años después fueron capturados y recibieron penas superiores a los cuatro años de cárcel. Ahora, 10 años después, buscan someterse al mecanismo de Paz Total para contar su verdad sobre el conflicto armado y los crímenes cometidos.

Así lo dieron a conocer varios exintegrantes de esta estructura que aún cumplen sus condenas en centros reclusorios de Colombia y Venezuela en una misiva dirigida al presidente Petro, la vicepresidenta Francia Márquez, el senador Iván Cepeda y el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda.

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Dicha carta fue firmada por Harold Humberto Rojas, identificado como segundo comandante militar pese a que actualmente se encuentra preso en la cárcel La Picota de Bogotá. Pide que la estructura que aún circunda por algunos territorios del país sea tenida en cuenta dentro del plan de pacificación que propone el país. A cambio, ellos proponen la reparación de las víctimas psicológica y económicamente.

Asimismo, afirmaron sentirse “utilizados” por el proceso que se llevó a cabo durante el segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez, pues varios acuerdos fueron incumplidos por el Estado: no les dejaron reparar plenamente a las víctimas. Según ellos, han tenido intención de entregar cuerpos de personas asesinadas a sus familiares. También afirmaron que ese gobierno los usó para someterlos a la justicia con “fines partidistas” y no con una intención clara de alcanzar la paz en el país.

“Es el momento de hablar, de encontrar el punto de conciliación con nuestro pasado y de hablar con los familiares de las víctimas que siempre hemos reconocido judicialmente, pero que no han sido entregadas por falta de voluntad política o desidia”, precisan los firmantes de la carta que integraron el Erpac. También insistieron en que “siempre” han tenido intención de reparar a sus víctimas, pero manifestaron que “ese ha sido un tema que no le ha interesado a Gobiernos anteriores”.

En total, fueron 300 exintegrantes de esa estructura quienes elevaron la solicitud a Gustavo Petro para que les brinden las condiciones para realizar una audiencia pública para que pongan en conocimiento la ubicación de las fosas comunes que no han sido examinadas por la Fiscalía u otra entidad capaz de hacer este trabajo. Incluso, manifestaron su disposición de participar en el ‘grupo gestores de paz’ propuesto también por el jefe de Estado cuyos integrantes (más de 300 desmovilizados) deben contar la verdad sobre lo acontecido en el conflicto interno.

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