Contraloría estaría alistando embargo en contra de empleados y exempleados de Emcali

Desde la Contraloría General de la República se estaría alistando un embargo en contra de varios empleados, incluso a nivel directivo, de Empresas Municipales de Cali (Emcali), por su presunta vinculación en las irregularidades en la contratación de la ciudad.

Según anunció el organismo de control, en las próximas horas un fiscal oficializará las anomalías que se hallaron, como sobrecostos (televisores a 45 millones de pesos o sillas a 20 millones), consignadas en un contrato que finalmente no se ejecutó, pero que causó alerta en las autoridades; una supuesta nómina paralela de más de 2,8 billones de pesos, y convenios interadministrativos. Por todo esto, el caso pasará a la Unidad Anticorrupción.

De tal manera que en las próximas semanas, empleados y exempleados con supuestas vinculaciones a todas estas irregularidades serían notificados de embargos a sus cuentas bancarias, con lo cual la Fiscalía General de la Nación esperaría recuperar parte del dinero que pudiera haberse perdido.

Así mismo, la Contraloría anunció que todo lo referente a Emcali y sus vínculos contractuales con la Alcaldía de Cali será asumido como tema de interés nacional, con lo que se permitirá que entidades de control y vigilancia del Estado trabajen conjuntamente para resolver el asunto.

Cabe recordar que el pasado 24 de octubre, el organismo asumió la vigilancia y control fiscal de los recursos involucrados en contratos con la Alcaldía, con vigencia de 2019 a 2022, sobre los que se había recibido varias denuncias en una audiencia pública en la Cámara de Comercio de Cali.

De igual forma, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra el exgerente de Emcali, Juan Diego Flórez González, y otros 12 funcionarios, por presuntas irregularidades en la planeación, en el manejo presupuestal, en el contrato y en la definición de los valores, que podría haber conllevado a sobrecostos en el contrato firmado por un valor de 215 mil 879 millones de pesos.

“Todo lo anterior es lo que permite al despacho afirmar que los documentos técnicos elaborados en la etapa de planeación, bajo los cuales se intenta implementar por Emcali el suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de una Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) al parecer son deficientes en los análisis técnicos y económicos, no son claros respecto al objeto de lo que se pretende y eso se refleja en la definición del valor del contrato (sobrecostos / sobreprecios)”, precisó la Procuraduría.

En las indagaciones, el Ministerio Público identificó distorsiones no explicadas en la comparación de cotizaciones, diferencias relevantes entre los valores promedio de los ítems y los de la oferta presentada. “Puede concluirse que hay cifras atípicas que probablemente afectaron los promedios de los precios unitarios y valor total en varios ítems cotizados, lo que al parecer conllevó a que se presentaran distorsiones extremas en los valores incluidos”, aseguró la Procuraduría del análisis.

Por ejemplo, la cotización de los televisores de 55 pulgadas por un poco más de 42 millones de pesos tendría un valor superior al promedio del mercado en un 247 % y los video wall que costaron 763 millones, un 285 % más que el promedio de la oferta comercial.

“En los costos para la instalación del sistema comunicaciones por unidad, los costos fluctúan entre 396 mil 700 pesos y cinco mil 133 millones 84 mil 594 pesos, lo que muestra en este ítem que el mayor valor cotizado equivale a 12.962 veces el menor valor”, señaló la Procuraduría.

Por estas razones, de hallarse responsabilidad de los funcionarios, estos habrían vulnerado los principios constitucionales de moralidad, economía e imparcialidad que rigen la función administrativa y el deber de selección objetiva.

Los vinculados a la investigación son el secretario general, Carlos Olmedo Arias Rey; el gerente de la Unidad Estratégica de Energía, Marino del Río Uribe; el gerente del Área de Abastecimiento, Jorge Hernelio Saldarriaga Romero, y el subgerente de Distribución de la Unidad Estratégica de Energía, Adolfo León Aponte García.

También la subgerente técnica de la Unidad Estratégica de Energía, Mercedes Patricia Muñoz Lora; la jefe de la Unidad de Gestión Administrativa, Carmen Elena Camacho Lozano; la jefe de la Unidad de Abastecimiento, Sandra Milena Llanos, y la jefe de la Unidad de Control de Energía de la Unidad Estratégica de Energía, Ana María Benjumea Gil.

Finalmente, la coordinadora de la Unidad Jurídica, Diana Lucero Mejía Ramírez; la jefe de la Unidad Jurídica, Diana Paola Urrego Trujillo; la coordinadora de la Unidad de Abastecimiento, Silvia Patricia Galindo Salas, y la directora de Presupuesto, María Cristina Acosta Anzola.

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